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El 17 de abril de 2008, Raúl Hernández, junto con otros cuatro miembros de la OPIM (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa) Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago-, fue detenido y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero del 2008 en el pueblo de El Camalote, estado de Guerrero. Todos ellos fueron considerados por Amnistía Internacional como presos de conciencia a causa de actividad en la defensa de los derechos de los indígenas.
Un año después de su arresto, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago recobraron la libertad por orden judicial. Sin embargo, Raúl Hernández continúa detenido. El juez federal le negó el amparo debido al testimonio de dos testigos que habían certificado su presencia cuando se disparó a la víctima.
Después de haber examinado atentamente el caso, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que las pruebas en contra de Raúl Hernández han sido fabricadas mientras que otras pruebas en su favor han sido desestimadas. Se considera que Raúl Hernández es inocente y que su detención y enjuiciamiento tienen una motivación política debido a sus actividades legítimas dentro de OPIM.
La participación Raúl Hernández y los otros cuatro hombres dentro de OPIM ha sido fundamental en la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de miembros del ejército y otras autoridades mexicanas. Amnistía Internacional ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones de derechos indígenas en Guerrero, tal como la OPIM, durantes varios años. La organización considera que la detención de los cinco defensores de derechos humanos ha sido en represalia por sus actividades legítimas de promoción de los derechos de su comunidad y denuncia de los abusos de un cacique local y de las autoridades locales.
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