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jueves, 27 de junio de 2013

''Tenemos que estar más unidos a nivel local, nacional e internacional"

Deo Carrizo
Deolinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) de Argentina, ronda los 30 años. Su corta edad contrasta con su extensa lucha por el acceso a la tierra para los campesinos, contra el agronegocio y la injusticia social. Deo es además integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina (MNCI), que tiene la secretaría operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Radio Mundo Real la entrevistó durante la VI Conferencia Internacional de la Vía Campesina, que terminó hace un par de semanas en Jakarta, Indonesia
Deo empezó haciendo algunas consideraciones generales sobre la VI Conferencia Internacional de la Vía Campesina, y destacó que "hoy tenemos la ofensiva del capital cada vez más fuerte y tenemos que estar más unidos a nivel local, nacional e internacional".
Entre las principales líneas políticas que debían surgir de la conferencia según la entrevistada, se destacó la necesidad de la solidaridad y el internacionalismo, y consideró que hace falta mucha más fuerza en La Vía Campesina para algunos temas, como el de soberanía alimentaria. Deo aseguró además que la agricultura campesina enfría el planeta, como forma de hacer frente a la crisis climática, una de las que destacó de la "ensalada de crisis" a nivel mundial actualmente, y alertó sobre los procesos de acaparamiento de tierras del agronegocio.
Por su parte, la integrante del MNCI también hizo referencia a la situación de su país y se centró especialmente en Santiago del Estero: "En Argentina estamos viviendo y atravesando esa política del agronegocio, la política extractivista que está imperando y que tiene sus reglas completamente ganadas (establecidas) de hace tiempo. Hace falta seguir peleando, seguir organizándonos para poder sacarla", advirtió Deo. "Hoy estamos exponiendo nuestros cuerpos en los territorios, en los distintos espacios donde creemos que podemos hacer la incidencia", agregó.
La dirigente llamó la atención sobre la necesidad de "frenar urgentemente" el modelo extractivista y de los agronegocios, "que está destruyendo nuestra cultura, nuestra forma de producir, nuestra alimentación, la soberanía alimentaria, la naturaleza y a las futuras generaciones que no van a tener un buen vivir".
Si desean escuchar esta interesante entrevista completa, pueden visitar nuestra publicación "Estamos exponiendo nuestros cuerpos en los territorios" en Radio Las Otras Voces del Sur en: http://lasotrasvocesdelsur.blogspot.com/2013/06/estamos-exponiendo-nuestros-cuerpos-en.html.

La palabra de los desalojados


Producción Era Verde, Canal 15. Universidad de Costa Rica

Las comunidades costeras del Caribe Sur costarricense corren peligro de ser desalojadas, debido a diferentes acciones gubernamentales, poniendo en jaque los derechos territoriales de las y los pobladores autóctonos. Varias legislaciones recientes que delimitan el territorio, como la Zona Marítimo Terrestre y distintas categorías de áreas de conservación, conducen a desalojos y demoliciones de poblaciones que llevan más de 100 años de habitar allí.
El gobierno costarricense favorece estas acciones, para así apropiarse de las tierras y luego venderlas a proyectos megaturísticos, petroleros y marinas. Este documental le da a los caribeños la palabra, para que expresen sus inquietudes y relaten su forma de vida.

El fin de la Amazonia colombiana y con ella sus ancestrales pobladores


Exactamente hace un año, en su intervención en la Cumbre Río+20, el presidente Juan Manuel Santos anunció una decisión bastante polémica: 17 millones de hectáreas en la Amazonia y la Orinoquia se convertirían en áreas de minería estratégica, con el fin de “lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible del sector minero colombiano, bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social”. Esa decisión quedó en firme con la resolución 0045 de junio de 2012, que en concreto busca seleccionar las empresas ''más calificadas'' para que hagan la explotación en la zona.

Un año después del anuncio el futuro del Amazonas sigue siendo incierto. ¿Qué va a pasar si la minería a gran escala se instala en este bosque tropical? ¿Qué va a suceder, además, con los 22 grupos indígenas que viven en la zona? Las respuestas del Gobierno aún no son claras. Esa es una de las conclusiones que se desprende de la Mesa de Seguimiento a la Minería en la Amazonia Colombiana, liderada por la iniciativa Amazonas 2030 y que se realizó el pasado 19 de Junio en Bogotá.

Durante el debate quedó claro que antes de abrir zonas del Amazonas para la minería, hay muchos asuntos de fondo que resolver. Uno de ellos tiene que ver con la consulta previa. Pese a que Juan Guillermo Castro, quien asistió al debate en representación de la Agencia Nacional de Minería, asegura que el Gobierno no tenía que consultar a las comunidades para declarar la zona en la que viven como área de minería estratégica, la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonia (Opiac) y la Fundación Gaia Amazonas reclaman el derecho que por ley tienen los indígenas a ser consultados cuando se toman medidas legislativas y administrativas que tengan que ver con sus territorios.

Así define la situación Julio César Estrada, representante de la Opiac: “Lo que vemos es que están alistando el territorio para entregárselo a las grandes empresas. Es una decisión para garantizar que la gran minería entre al Amazonas, un negocio que se está haciendo a espaldas de los indígenas porque nunca nos han consultado. Nosotros somos los dueños de los resguardos y tienen que consultarnos”Su posición la comparte el director de la Fundación Gaia Amazonas, Martín von Hildebrand: “El 55% de la Amazonia les corresponde a los resguardos, los indígenas son los dueños de la tierra, por lo tanto cualquier acción tiene que pasar por una consulta previa y el Gobierno no le ha dado la importancia que merece”Aun así Castro insiste en que “como no se ha entregado ningún título no se requiere consulta previa”. Pero para Von Hildebrand es claro que “si hablamos de minería, tiene que haber consulta previa”.

La consulta previa no es el único proceso que aún no se ha resuelto. Dos meses después de que el presidente firmara la resolución 0045 para crear las zonas de minería estratégica, el Ministerio de Ambiente le salió al paso con una nueva resolución que suspendió de manera temporal la recepción de solicitudes de sustracción en la reserva forestal de la Amazonia. Con ese mecanismo suspendido no se pueden extraer zonas de la reserva para su explotación.

Sin embargo, la suspensión es temporal, mientras el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi avance en la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Amazonas. Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi, señaló que ya se terminó la zonificación de tres de los nueve departamentos que hacen parte de la reserva que comprende 12 millones de hectáreas, otros tres están en proceso de socialización y los tres restantes aún están en estudios. La idea es que la zonificación pueda determinar las áreas en las que definitivamente no se puede hacer minería. En este momento en la región Amazónica, que abarca ocho departamentos, existen 149 títulos vigentes, sin contar la minería ilegal.

Para el economista y experto en temas ambientales Guillermo Rudas, es evidente que con este panorama es necesario mantener la moratoria minera, no sólo en la Amazonia sino en todo el país. Sin embargo, el día 19, la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció que la ventanilla se abrirá el 2 de julio para reactivar la titulación.

Aunque la ANM insiste en que “la industria minera puede hacer mucho para prevenir los impactos de las operaciones mineras”, para la Opiac esos impactos son irreversibles en un ecosistema de estas características. “La locomotora no puede entrar a la Amazonia. Como indígenas no hemos encontrado un sólo lugar donde la minería no cause desastres. La minería aquí no puede ser sostenible”, aseguró.

Comunicado 20: 1000

En este día tan especial, a cuarenta años del inicio del último golpe de estado cívico militar acaecido en Uruguay, les entregamos el presente comunicado, el cual tiene el fin de festejar a la vez que agradecer las primeras mil publicaciones del Movimiento Alternativo Enclave Sur. En estos casi cuatro años de existencia, hemos procurado informar a la gente de una forma diferente, alternativa, pero sobre todas las cosas, persiguiendo siempre el objetivo principal de dar una información que se muestre como contraria a la que habitualmente nos dan los medios masivos de comunicación, es decir, la otra información, la de aquellas personas que no tienen voz en este sistema excluyente; la que denuncie a empresas, políticos, religiosos, en fin, a tod@s aquellos que generan y mantienen el sistema capitalista; una información cristalina que a la vez que critique, muestre alternativas de vida, desarrollo, organización, formas de ser y hacer en este mundo. 

No ha sido un camino fácil, ni mucho menos, pero si satisfactorio por sentir que estamos aportando un granito más a la construcción de un mundo diferente. Muchos movimientos sociales, organizaciones o personas individuales peleamos por ello día a día y en la multiplicación de esfuerzos, aportes y uniones, es que vemos la posibilidad de construir lo que perseguimos. Nuestro movimiento en particular se ha ido construyendo y deconstruyendo en varias instancias a lo largo de estos años, pero siempre buscando un norte, a la vez que un camino que nos guíe y nos lleve por una ruta, que si bien flexible, con ciertos márgenes de pensamiento y acción. 

Asimismo, consideramos de suma importancia lo que hemos logrado hasta el momento: tener nuestros propios canales de comunicación, tanto a través de este blog como por Radio Las Otras Voces del Sur. La dificultad que nos ha generado hasta el momento pasar al plano de la acción, por falta de participación por un lado y por errores propios por otro, ha sido motivo de desilusión y de la mencionada deconstrucción, lo cual nos ha servido para tomar mayor impulso y volver con más fuerzas, a la vez que con una forma definida como movimiento social, con propuestas y pensamiento claros y accesibles a cualquier persona que esté dentro de los caminos de lucha contra este sistema injusto, excluyente y destructivo (entre otras características que podríamos atribuirle).     

Debemos resaltar por encima de todo lo que podamos decir aquí, que los aportes de muchas personas, mediante críticas u opiniones, han sido y serán siempre de vital importancia para nuestro crecimiento y construcción como movimiento social, así como para la publicación de noticias, reformas en los blogs, colaboraciones en campañas o marchas, etc. Es por ello que agradecemos profundamente todos los aportes a todas y cada una de las personas que lo han hecho y que saben perfectamente quienes son. 

Finalmente, esperamos que de aquí en más podamos seguir avanzando y creciendo, pero sobre todo buscamos la participación activa de más personas que quieran unirse y conformar un movimiento social que procure un Uruguay diferente y que proponga alternativas y luchas que trasciendan la teoría o las palabras, que si bien no dejan de ser importantes, no alcanzan. Somos un movimiento abierto y buscamos siempre la inclusión de personas de cualquier clase económica, descendencia y/o creencias, procurando sumar la mayor cantidad de gente posible. Si no luchamos, si no proponemos alternativas, si no denunciamos, si no molestamos constantemente, pero sobre todo si no nos unimos, no conseguiremos cambiar nada.   

Jornadas antifracking

Durante junio se llevaron a cabo en Colombia las jornadas antifracking, convocadas por CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia y una serie de organizaciones locales de ese país. Los convocantes de las jornadas ven con preocupación la inminente aparición de la técnica de explotación petrolera conocida como fracking en departamentos como Boyacá y Meta, en los que tuvieron lugar las principales actividades de estas jornadas. Con el fracking se pone en nuevo riesgo el territorio de comunidades ancestrales y tradicionales.
La técnica conocida como fracking se proyecta como opción ante el agotamiento a escala mundial de los hidrocarburos de yacimientos convencionales (de fácil extracción). Consiste en la perforación hacia formaciones rocosas compactas donde se encuentra alojado el gas y el crudo, y debido a la poca permeabilidad, la nula comunicación de las burbujas de gas y petróleo entre sí, se hace una primera explosión y se inyecta agua a alta presión para generar la fractura de la roca y permitir la fluidez de los hidrocarburos para ser extraídos. Se da entonces a través del fracking una permeabilidad a formaciones rocosas que no la tienen por naturaleza y se calcula que, en promedio, para la fractura por pozo se utilizan veinte millones de litros de agua.
Hernán Scandizzo, del Observatorio Perolero Sur de Argentina, participó de las jornadas en el país suramericano y señaló que “la fractura en diferentes escalas ya se venía aplicando en la industria convencional de los hidrocarburos”. “Lo que se ha hecho (actualmente) es darle un mayor desarrollo a estas técnicas para aplicarlas a estas formaciones rocosas en particular […]. Es Estados Unidos el que más desarrollo le ha dado y justamente son empresas de servicios de ese país las que tienen esta tecnología”, agregó. Luego el activista argentino prosiguió explicando que “la expansión de esta técnica más allá de la frontera de Estados Unidos tiene que ver con vender una tecnología. Más allá de los resultados que tengan los países que puedan extraer hidrocarburos o no, también hay una tecnología que se paga”.
Para Scandizzo, con la aplicación del fracking se reconfigura todo el mapa de hidrocarburos en el mundo. Hasta hace unos años atrás la geopolítica petrolera se determinaba por el acceso fácil a los hidrocarburos y eran los países con petróleo privilegiados en la accesibilidad a esta fuente de energía, mientras que no se tomaba en cuenta el potencial de países con yacimientos no convencionales, debido a que no era económica ni técnicamente rentable. Actualmente, ante la necesidad de inyectar hidrocarburos al mercado dada la rentabilidad y densidad energética del modelo capitalista y la aparición de la técnica de fractura desde hace una década, en Estados Unidos se genera una nueva relación de fuerzas en el modelo de explotación. Por ejemplo, se afirma que ese país norteamericano podría ser en unos años exportador de petróleo. Sin embargo, Scandizzo afirmó que “según las investigaciones que hay, con esta técnica se alcanza muy rápido el pico de producción del yacimiento y la tendencia a caer es en un tiempo muy corto”. Esa afirmación de que Estados Unidos sería exportador de petróleo son “más una promoción del fracking, como una burbuja financiera que se podría generar en torno a este tipo de fuentes energéticas más que como una realidad con algo certero”.
En los últimos años se ha generado gran revuelo por la afectación al ciclo hidrológico y a las fuentes de agua producto del modelo minero-energético mundial. Para el investigador argentino justamente a partir de la aparición del fracking se empieza a plantear la discusión agua–petróleo en los países en donde se promociona. “Esta discusión se da ya sea por la cantidad de agua que se utiliza para generar la fractura y esto de tener que multiplicar el proceso sobre un mismo pozo y también ir multiplicando los pozos sobre un mismo yacimiento. Los volúmenes de agua son importantes, es agua que se utiliza y queda contaminada. Scandizzo añadió que “también está el riesgo de la contaminación de otros acuíferos, porque según las características de una determinada formación geológica, si hay fallas geológicas o si la fractura superó la formación que se deseaba intervenir y fue a formaciones más permeables, el agua más los hidrocarburos pueden contaminar otras fuentes”.
Las jornadas que tuvieron lugar en Colombia, además de generar un proceso pedagógico frente a la amenaza del fracking, permitieron comprobar la similitud de la ampliación de la frontera extractiva petrolera en diversos países de América Latina, en los que se van impactando territorios que tenían otras vocaciones productivas y culturales. Scandizzo afirmó que “pensar en el ingreso de la industria petrolera en estos territorios no sólo sería cambiar el uso del suelo y generar la posibilidad de la contaminación del agua, sino que sería un avasallamiento de una forma de concebir el territorio, un impacto socioambiental y sociocultural muy fuerte”. “En lo ambiental, teniendo en cuenta que son zonas de recarga de una cantidad de acuíferos, realmente es muy preocupante que se avance hacia esas regiones”. “Fue muy interesante ver en la realización de los talleres, y en las conversaciones con las personas de los territorios, que hay una determinación de organizarse y activar contra estos proyectos. No es que esto se está haciendo y este avance se da sobre la pasividad de la población, sino que la población se está informando, se está organizando y se está movilizando frente al tema”, agregó el investigador del Observatorio Petrolero Sur de Argentina.

No al fracking


Fracking es un término anglosajón para referirse a la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional. Consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos). Para extraer el gas atrapado en la roca se utiliza una técnica de perforación mixta: en primer lugar se perfora hasta 5000 metros en vertical y después se perfora varios kilómetros en horizontal (2 a 5). Entonces se inyecta agua con arena (98%) y una serie de aditivos químicos (2%) a gran presión. Esto hace que la roca se fracture y el gas se libera y asciende a la superficie a través del pozo. El proceso se repite a lo largo de la veta de roca rica en gas. Parte de la mezcla inyectada vuelve a la superficie (entre un 15 y un 85 %). 

Un poco de historia...

Las inyecciones en el subsuelo para la extracción de petróleo se remontan hasta 1860, en la costa este norteamericana, empleando por aquel entonces nitroglicerina. En 1930 se empezaron a utilizar ácidos en lugar de materiales explosivos, pero es en 1947 cuando se estudia por primera vez la posibilidad de utilizar agua. Este método empezó a aplicarse industrialmente en 1949 por la empresa Stanolind Oil. Junto con el agua se incluye una cierta cantidad de arena para evitar que las fracturas se cierren al detenerse el bombeo, y también se añade en torno a un 1% de aditivos, compuestos por hasta 500 productos químicos, cuya función es potenciar la efectividad de la fractura. Sin embargo no es hasta el año 2002 cuando se combina el uso de agua tratada con aditivos que reducen la fricción con la perforación horizontal y la fractura en múltiples etapas.

En Estados Unidos se estima que la generalización de este método ha aumentado las reservas probadas de gas cerca de un 40% en cuatro años. Hasta 2010, se calcula que se han realizado 2,5 millones de fracturas hidráulicas en todo el mundo.

Un informe del Parlamento Europeo recomienda su regulación y que se hagan públicos los componentes que se emplean en los pozos de perforación. El Parlamento búlgaro prohibió su uso en 2012. El gobierno de Cantabria aprobó la Ley en la que se regula la prohibición de la técnica fracking.

Problemas generados por esta técnica

La técnica de extracción de gas no convencional denominada fracking lleva años aplicándose en varios países, sobre todo en Estados Unidos, donde se han constatado una serie de problemas asociados a este tipo de explotaciones. Entre los problemas que causa el fracking al entorno de las explotaciones donde se emplea esta técnica podemos destacar:

- Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
- Contaminación del aire.
- Desplazamiento de comunidades.
- Afecciones a la salud humana.
- Alteraciones del paisaje y el terreno.
- Contaminación de suelos al cerrar los pozos.
- Riesgo sísmico.

Las principales repercusiones posibles son la emisión a la atmósfera de contaminantes, la contaminación de aguas subterráneas debido a los flujos incontrolados de gas o fluidos causados por erupciones o derrames, la fuga de fluidos de fracturación y el vertido incontrolado de aguas residuales. Los fluidos de fracturación contienen sustancias peligrosas y su reflujo contiene además metales pesados y materiales radiactivos procedentes del depósito.

Las experiencias obtenidas en los Estados Unidos muestran que se producen numerosos accidentes que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana. Entre un 1 y un 2 % de los permisos de perforación violan las obligaciones legales. Muchos de estos accidentes se deben a una manipulación incorrecta del equipo o a fugas de éste. Por otra parte, cerca de los pozos de gas se ha registrado contaminación de aguas subterráneas con metano, que en casos extremos pueden provocar la explosión de edificios residenciales, así como con cloruro de potasio, que provoca la salinización del agua potable. Un ejemplo de contaminación del agua nos lo presenta un informe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU que asocia el fracking con la contaminación de las aguas en el estado de Wyoming.

Otra repercusión inevitable de la extracción de gas de esquisto es un alto índice de ocupación de tierra, debido a las plataformas de perforación, las zonas de aparcamiento y maniobra para camiones, equipos, instalaciones de procesamiento y transporte de gas, así como las carreteras de acceso. Este es un grave problema que viene afectando a diversas poblaciones a lo largo y ancho del planeta, provocando el desplazamiento (en muchos casos forzoso) de comunidades enteras. 

Un informe emitido en junio de 2011 por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, concluye que con la fracturación hidráulica se produce una ''emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminación de las aguas subterráneas debido a caudales de fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas de líquidos de fracturación y descargas no controladas de aguas residuales, así como la utilización de más de 600 productos químicos para liberar el gas natural''.

Suficientes son los perjuicios socioambientales que provoca el fracking como para ponerse en contra de esta práctica totalmente destructiva para la naturaleza y perjudicial para la población mundial. Por mayor información ver: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf y http://lab.rtve.es/fracking/. El primero es un informe de Greenpeace España y el segundo, un diagrama práctico (sigan las flechas) para entender el funcionamiento de la extracción. 

Modelo extractivista en América Latina


La primera década del siglo XXI generó un boom de la economía latinoamericana, basado en parte en la alta demanda y precios de las commodities. ¿Qué peligros sociales y ambientales tiene el esquema basado en las exportaciones agro-mineras? ¿Es posible otra utilización de los bienes comunes de la naturaleza? Los dilemas de la región.

América Latina, en los últimos años, tuvo un crecimiento económico sorprendente, sostenido por la alta demanda y precios de la soja, petróleo y bienes minerales. En la última década, proliferó el modelo extractivista, que se basa en la apropiación de cuantiosos volúmenes de bienes naturales, generalmente bajo prácticas intensivas, que en su mayor parte se exportan como materias primas (minería, agricultura, actividad forestal e hidrocarburífera).

Los países de la región están recreando, en un nuevo contexto mundial, un modelo agro-minero exportador. Este avance del extractivismo produce consecuencias negativas, debido al uso generalizado de agrotóxicos, desmontes, desalojos de comunidades rurales, contaminación, concentración de tierras y represión contra quienes resisten esas políticas. Las principales beneficiadas son las grandes corporaciones, en detrimento de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores y la población en general, que sufre y sufrirá los nefastos efectos ecológicos. Pero también le sacaron provecho, indirectamente, los Estados latinoamericanos, que captan una parte (minúscula generalmente) de esas rentas, pudiendo equilibrar sus cuentas fiscales y, en algunos casos, ampliando el gasto social. Esto último plantea un dilema fundamental para algunos gobiernos de la región.

Esta inserción económica internacional latinoamericana de los primeros años del siglo XXI (que permitió lograr balanzas comerciales positivas y superavit fiscal) se dio en un contexto mundial de aumento de la demanda de bienes comunes de la naturaleza, especialmente por haberse transformado China en una importadora creciente de materias primas.

No es casual que África y América Latina se hayan transformado en dos áreas fundamentales de disputa entre las históricas potencias imperiales y China, succionadora de bienes minerales y agropecuarios en estos dos continentes. La necesidad de alimentar a millones de personas que se incorporan cada año como consumidores al sistema capitalista y el creciente consumo energético de bienes hidrocarburíferos y minerales no renovables impulsó en la última década un aumento inédito de los precios y demanda de los mismos, impactando en la inserción económica internacional de los países latinoamericanos. Parece haber un ciclo en el que se invirtió la histórica tendencia al “deterioro de los términos de intercambio”.

Esta orientación (el denominado “consenso de las commodities”) no se circunscribe a los gobiernos neoliberales de la región, ni a los países tradicionalmente mineros (Chile, Perú, Bolivia). Brasil, por ejemplo, es hoy el principal productor y exportador de bienes minerales. Según el especialista Eduardo Gudynas, en ese país se extrajeron 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011. El resto de los países sudamericanos, en total, sumaron 147 millones de toneladas. En el caso de Argentina, según el periodista Darío Aranda, el monocultivo de soja pasó en la última década de 12 a casi 20 millones de hectáreas (del 38% al 56% de la superficie cultivada). En el caso de la minería, hace 10 años había 40 proyectos y hoy existen 600. Corporaciones transnacionales, con la Barrick Gold a la cabeza, hacen grandes negocios en el país.

Además de haberse demostrado que la idea del “desacople” (la ilusión de que América Latina podía evitar las consecuencias de la crisis económica global) era errada, el modelo extractivista plantea un debate importantísimo: ¿Es sostenible desde el punto de vista social este modelo agro-minero exportador? ¿Y desde el punto de vista ambiental?

Para algunos, el tema ambiental es secundario, y la especialización en la producción y exportaciones de commodities es lo que permitió a los gobiernos ''progresistas'' de la región recuperar la influencia del Estado y ampliar las políticas sociales. Entre quienes sí advierten sobre las consecuencias nefastas, existen dos grandes grupos. El primero, integrado por los activistas que apuestan a un capitalismo verde, es decir plantean que es necesario incrementar las regulaciones y controles en función de un modelo extractivo sustentable. El segundo, compuesto por quienes advierten que la destrucción (consumo sin reposición) exponencial de minerales y bienes agropecuarios llevará en pocas décadas a una crisis sistémica y civilizatoria. La salida, esgrimen, tiene que ver con el ecosocialismo, es decir con una perspectiva que denuncie el carácter irreconciliable del capitalismo con la preservación de un equilibrio ecológico. Sostienen (sostenemos) la necesidad de construir otro tipo de sociedad (que no se base en la explotación del hombre por el hombre) y otro patrón de producción-consumo que no aniquile los bienes comunes de la tierra en el mediano plazo.

Esta última posición se entronca con las luchas y los planteos de diversos movimientos sociales latinoamericanos (como los que se produjeron la semana pasada, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto) que denuncian (denunciamos) la minería a cielo abierto, la sojización, la desforestación, la expropiación de pequeños campesinos y pueblos originarios, vinculando ambas luchas, social y ambiental, en una perspectiva anti-imperialista y anti-capitalista. Advertir los peligros de la profundización de la “acumulación por desposesión” (concepto de David Harvey) es un paso fundamental para construir una estrategia de resistencia frente a la ofensiva del gran capital para apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza.

Tejiendo Resistencias: Aguas de Libertad


Este proyecto comunicacional se ha realizado dentro del contexto de lucha en defensa del agua que está viviendo la región de Cajamarca, Perú. La imposición del megaproyecto minero Conga en las cabeceras de cuenca de las provincias de Celendín, Hualgayoc y la misma Cajamarca, ha generado desde el 2011 un fuerte rechazo por parte del pueblo. La respuesta represiva del Estado cuenta ya con 5 muertos y centenares de personas heridas, entre otras consecuencias.

En ese contexto, desde el Programa de Democracia y Transformación Global se está realizando una Investigación: Acción Participativa sobre Género, Poder y Minería en Cajamarca, Junín y Apurímac. Dentro de ésta se enmarca el proceso de Video Participativo que ha generado estos cortometrajes dirigidos y protagonizados por mujeres organizadas en pie de lucha.

Blanca nos presenta la vida campesina en Cajamarca desde su comunidad, desde su ser rondera y amante de su territorio, bañándose con Aguas de Libertad. Amalia, desde la ciudad, nos trae Memorias de Fuego caminando por los recuerdos de la lucha que unió a diferentes provincias alrededor de las ollas comunes en defensa de sus lagunas. Keyth se levanta por una Tierra que clama Justicia recorriendo las calles de Celendín, rastreando respuestas, combatiendo la impunidad.

Todas ellas tejiendo memorias, tejiendo resistencias para el futuro que anhelan.

Lo que está en disputa es la vida de las comunidades

Nadie escucha. Ni los organismos del Estado mexicano que se presume deberían velar por los derechos de los pueblos indígenas amenazados en sus derechos básicos, ni los que están dedicados a evitar daños ambientales. En el estado mexicano de Colima, el consorcio minero Peña Colorada extrae 16 mil toneladas diarias de materiales para la explotación de hierro mediante uso de grandes cantidades de agua. Para la ampliación de su explotación se plantea expulsar a tres comunidades indígenas Nahua-Otomí y las amenaza con sepultarlas bajo desechos venenosos. Así lo comentó Esperanza Salazar, integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y acompañante de este proceso que tiene como protagonistas a tres comunidades indígenas y a la minera, de origen ítalo-argentino-indio.
La minera está instalada en el límite entre los estados mexicanos de Colima y Jalisco, en una región con fuerte presencia indígena Nahua y que se encuentra en disputa entre ambas jurisdicciones. Arrienda unas 800 hectáreas de manera ilegal, denominándolo como “ocupación temporal”, territorio en el cual depositan los desechos tóxicos de la extracción minera. Recientemente, en noviembre de 2012, la ruptura de un dique de contención de esos depósitos generó un fuerte envenenamiento de napas de las cuales la comunidad extrae su agua de consumo, riego y para sus rodeos de animales.
Lo que está en disputa es la vida de esas comunidades cuyo territorio contiene una de las mayores vetas de mineral de hierro de todos los Estados Unidos Mexicanos. Una vez más en este caso la estrategia empresarial es transformar a los despojados en despojadores: se ha acusado a las comunidades ante las autoridades ambientales por el delito de tala ilegal de árboles y extracción de maderas preciosas.
En ese sentido el M4 se encuentra promoviendo una acción urgente con destino a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instancias oficiales para detener la expulsión de las comunidades Nahua-Otomí a través del volcado de desechos tóxicos tal y como ha amenazado la empresa y reclamar las garantías a sus derechos.
Son más de 40 los integrantes de estas comunidades asesinados y asesinadas en defensa de sus territorios, en tanto existen varias desapariciones, entre ellas la de Celedonio Monroy Prudencio, uno de los indígenas que denunció a traficantes de maderas preciosas y a la empresa Peña Colorada.


Sumate a la Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada.

Casa Nueva


Tras la decisión en la V Conferencia de Maputo en 2008 de trasladar la Secretaría Operativa Internacional (SOI) de La Vía Campesina de Yakarta, Indonesia a África en 2013, se inició un proceso para identificar una ubicación adecuada. Después de las consultas en las dos regiones africanas, los miembros africanos de La Vía Campesina hicieron una propuesta conjunta de que la SOI fuera albergada por ZIMSOFF, en Zimbabwe. En Yakarta, en la VI Conferencia Internacional de La Vía Campesina, la propuesta fue recibida y confirmada. El cambio formal tendrá lugar a finales de 2013 y en los próximos seis meses ZIMSOFF tomará las medidas necesarias para asegurar una transición gradual.
ZIMSOFF es una organización nacional de pequeños agricultores que tiene como objetivo mejorar los medios de subsistencia de los pequeños productores, empoderarlos para defender sus derechos y promover el sector agro-ecologico y la agricultura campesina. ZIMSOFF está formado por 19.000 familias miembro, organizadas de acuerdo con las 4 principales regiones. La SOI ha visitado en varias ocasiones Zimbabwe y estudió las realidades de las familias campesinas sobre el terreno. La Vía Campesina ha concluido, basándose en varias visitas de campo y en las investigaciones disponibles, que en Zimbabwe han tenido lugar cambios positivos importantes gracias al proceso de la reforma agraria. 
Desde la independencia en el año 1980, se han realizado varias reformas, incluyendo un cambio constitucional, sin embargo ninguna ha quebrado el control de una minoría de agricultores predominantemente blancos. A esto hay que sumar los efectos devastadores sobre la agricultura de los Programas de Ajuste Estructural: la abolición de las reservas de alimentos así como de los precios básicos y la introducción de productos agrícolas de otros países en el mercado interior.
En el año 2000, en un contexto económico nefasto y de un estancamiento de la reforma agraria del gobierno, los propios campesinos y campesinas iniciaron la ocupación de tierras en un intento de conseguir uno de los pilares de su lucha de liberación: la redistribución de la tierra. Desde entonces, 175.000 familias han ganado acceso a la tierra y se han creado alrededor de 700.000 nuevos empleos para los trabajadores agrícolas. La producción de cultivos alimentarios ha aumentado fuertemente porque las tierras son utilizadas de manera mucho más intensiva, en comparación con el modelo de agricultura heredado del colonialismo británico. Sin embargo, los retos que han de enfrentar los campesinos y campesinas (no sólo en Zimbabwe sino en toda África) son enormes. La Vía Campesina tiene una visión definida de qué políticas deben implementar los gobiernos para alcanzar la soberanía alimentaria y para apoyar los medios de subsistencia de sus miembros y de todos los campesinos y campesinas, así como de sus comunidades. Estas políticas deben integrar la producción agroecológica, campesina, de pequeña escala, en sus políticas agrícolas principales:
- El Gobierno debe introducir servicios que permitan a los agricultores formar a otros agricultores 
- Debe habilitarse a los agricultores para producir y guardar sus propias semillas; debe haber un apoyo activo para la capacitación de los agricultores por los agricultores en este tema e impedir que las empresas de semillas asuman el control del sector de semillas campesinas.

ZIMSOFF y otras organizaciones campesinas de África ya están trabajando en este sentido para avanzar en estas políticas, sin embargo la tarea es enorme. Además del difícil contexto político y económico en el que muchos y muchas de los miembros de La Vía Campesina trabajan, África está siendo barrida por una ola de acaparamiento de tierras y muchas de las regiones de este continente sufrirán los duros efectos del cambio climático.
La Vía Campesina se ha comprometido con la defensa y el apoyo de sus organizaciones miembro en toda África, así como de todas las organizaciones campesinas y de pequeños agricultores, y aquellas que luchan por los derechos de los pequeños productores agrícolas y por la soberanía alimentaria.
La decisión de reubicar la SOI en Zimbabwe ''es una prueba de nuestro compromiso colectivo con las luchas de nuestras hermanas y hermanos africanos y una gran oportunidad para que crezcan y se fortalezcan las redes de lucha y solidaridad''.
Desde los inicios de La Vía Campesina en 1993, la SOI ha establecido su base en tres regiones: en Europa (País Vasco y Bruselas) entre 1993 y 1996, en América Central (Tegucigalpa, Honduras) de 1997 a 2004, y en el sudeste asiático (Yakarta) de 2005 a 2013. Una rotación regular de la SOI ayuda al movimiento a fortalecer su funcionamiento, manteniendo una manera descentralizada de trabajo, compartiendo responsabilidades entre continentes y regiones.

A 40 años del golpe, solo silencio para refrescar... la memoria!!!


''El mundo no quiere saber nada de esto''


Cientos de saharauis denuncian torturas en su lucha por la autodeterminación en Tan-Tan, ciudad ocupada por Marruecos. Algunas familias esperan noticias sobre sus hijos, detenidos en dicho país y desaparecidos desde hace años. “La mayor tortura es la violencia psicológica”. Parece una sentencia de un tratado médico, pero quien lo dice es Jaida Ihazza, madre de un chico saharaui arrestado por la policía marroquí. Esta introvertida mujer solloza cada vez que recuerda a su hijo, Yahya. Lo hace mostrando en abanico su pasaporte. Uno de los pocos documentos que aún posee. Ni siquiera recuerda claramente su edad, pero sí el tiempo que lleva Yahya desaparecido: cinco años.

A Jaida la arropan decenas de vecinos de Tan Tan. Esta ciudad marroquí es un símbolo de la lucha saharaui y donde se concentra el mayor número de responsables del Frente Polisario en las cercanías del Sáhara Occidental. Para llegar hasta aquí hay que recorrer cientos de kilómetros de desierto pedregoso. Un paisaje lunar que esconde a poca distancia el mar, lo que provoca que un ligero olor a algas se mezcle con la sequedad del ambiente. La entrada la señala una glorieta presidida por dos camellos, el animal que más recursos proporciona al lugar.

Los padres de Yahya hablan con voz débil en una casa de adobe que emula a las jaimas del desierto. La única planta del piso está dividida en varias dependencias y el espacio principal está reservado a un salón cubierto de mantas y repleto de cojines. En uno de ellos está Mohammed Echfed. Es el abuelo del detenido e ídolo de toda la comunidad saharaui del lugar. A sus 75 años yace postrado en medio de la habitación. La edad ha sellado sus ojos, recubiertos por una fina capa de pus. Sus familiares y vecinos le retiran de vez en cuando las moscas que se le posan. Y él, a cambio, escucha en silencio y vierte sus sentencias como si de un oráculo se tratara. “España vendió el Sáhara a Marruecos“, suelta de repente. “El mundo no quiere saber nada de esto”, añade.

Torturas de Marruecos

Todos lo escuchan. Es su ejemplo. Perteneció al Frente Polisario y sufrió todo tipo de maltratos por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. De estas convulsas sesiones dan fe sus dos brazos amputados. Su rostro, no obstante, se ilumina con la presencia de visitantes. Son parte de los 25.000 saharauis que conviven en esta población de casi 70.000 habitantes, según el último censo elaborado por Marruecos, en 2004. Una suerte de parcela en tierra de nadie que controla desde 1958 el reino. La última ciudad antes de cruzar la hipotética frontera del Sáhara Occidental y una de las que más lucha por la autodeterminación de este pueblo.

Una ardua tarea obstaculizada por las autoridades marroquíes. Según explica Khoumani Cheikh (presidente regional del partido político La Vía Democrática y miembro del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis [Codesa], presidido por la activista Aminatou Haidar) la silenciosa colonización de esta ciudad se está llevando a cabo de tres formas diferentes. Por un lado, el Gobierno envía cientos de funcionarios a la zona para mantener su mayoría censal. Por otro, devalúa el valor de los pisos para que los ciudadanos con menos recursos emigren a este apartado rincón en busca de una existencia más barata. Y, por fin, trufando de subsidios a los desempleados que se mudan allá. “Estamos como en Gaza”, resume.

Todo lo contrario que lo que se le ofrece a los jóvenes de la comarca. Ellos, sin centros universitarios y con amplias trabas burocráticas para solicitar cualquier documento, optan por dos salidas: dispersarse por el resto del país para estudiar o trabajar e intentar surcar el océano para llegar a las Islas Canarias. Así lo confirman los datos del organismo oficial Alto Comisionado para el Plan: un 18,6% de la población entre los 15 y los 24 años está sin empleo. Una referencia que no distingue entre marroquíes y saharauis residentes en el país y que el profesor de Historia de Tan Tan Brahim Mouhssin define como un “éxodo forzoso”.

Un contexto que encaja con el que quiere mostrar Marruecos. En la reciente visita del enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, las asociaciones por los derechos humanos denunciaron imparcialidad y un muestreo sesgado. Ross, no obstante, alegó haberse reunido tanto con independentistas como con personas “que solo quieren una vida mejor” y explicó que “las familias de Sáhara Occidental siguen soportando condiciones adversas y separaciones dolorosas que ahora afectan a tres generaciones”. “La necesidad de una solución es cada vez más urgente”, redactó.

También lo cree Mahjoub. Este chico de 35 años acaba de regresar de España. Emigró hace 17 años junto a algunos de sus hermanos para poder trabajar y enviar dinero a su familia. Ahora dirige, junto a una decena de miembros, la Coordinación Saharaui por la Defensa de los Derechos Humanos. A cada paso, uno de los cientos de militares que controlan la zona se le acerca para preguntarle su nombre y su relación con los invitados.

No son los únicos. También lo hacen de forma inquisitiva sus vecinos marroquíes. “Hay mucho racismo”, apunta, “y todos saben quién es cada uno”. Lo dice mientras explica la turbulenta historia de esta franja de tierra nombrada con el sonido que hacían los recipientes al golpear los pozos de agua: durante los años de colonia española en el Sáhara, Tan Tan sirvió de base militar. En 1958 se convirtió en zona franca hasta el final de la Guerra de Sidi Ifni, en 1969. Y el 6 de noviembre de 1975 sirvió de punto de salida de la célebre “marcha verde”.

Esta retirada de tropas españolas conllevó el reparto del Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania. Un acuerdo tripartito consumado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 por el que se traspasó la “administración” del territorio a esos dos países. Y con el que se encarnizó la pelea de su pueblo por la independencia. Una autonomía que, 38 años después, sigue en entredicho. Las colonias marroquíes cada vez son más sólidas mientras la menguante población autóctona se ve diezmada debido a las adversidades. De los 405.000 saharauis estimados por la Minurso, 170.000 viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. El resto se distribuye entre el espacio controlado por Marruecos, gestionado en torno a El Aaiún, y varias ciudades marroquíes como Tan Tan.

Mahjoub Aillal es uno de ellos. Este joven de 26 años dispara su historia sin parpadear. Manteniendo una mirada que rezuma rabia, inquina. En febrero fue puesto en libertad. Llevaba cuatro años en varias cárceles del territorio marroquí (Agadir, Tetuán, Tiznit, recuerda) acusado de matar a un policía. Junto a él, otras 15 personas fueron detenidas. Algunos siguen presos en paradero desconocido. Él es libre y no tiene miedo. “Me da igual que me lleven de nuevo”, desembucha, “no me voy a rendir hasta conseguir el objetivo por el que pelearon nuestros padres: un Sáhara libre”.

No es el único que defiende esta postura. A su lado, Sahel Hertimi asiente en cada sentencia. Contable e informático de 30 años, recuesta su tronco sobre dos brazos ortopédicos. A los 12 años le reventó una mina antipersona a unos kilómetros de su casa, en dirección a Argelia, en el este. Se quedó sin extremidades superiores y con problemas oculares. Gracias a una asociación sueca que ayuda a los damnificados por minas antipersona consiguió someterse a varias operaciones y articular las prótesis con las que sujeta la taza de té y un cigarrillo.

Los recursos naturales

“Ahora mismo, la lucha por los servicios sociales y por los recursos naturales del Sáhara está en Tan Tan”, sostiene una portavoz del colectivo Sahara Thawra de Madrid. “Desde allí tienen más acceso a los contactos con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y es más fácil reclamar la soberanía del territorio, aunque no pertenezcan”. “Estos últimos brotes de revuelta, además, han hecho que el ejército marroquí haya intensificado sus ataques”. Se refiere a las últimas protestas que han tenido lugar en El Aaiún, donde decenas de manifestantes, según Codesa y 70 policías, según el Gobierno, han resultado heridos. Una respuesta que no se veía en la capital de la ex colonia española desde el establecimiento de los campamentos de Agdaym Izik, en octubre de 2010.

La llama surgida en estos asentamientos se extendió a otras poblaciones cercanas. En Tan Tan, centenares de personas desafiaron a las autoridades y decenas fueron arrestadas. Entonces, el rey Mohammed VI afirmó que no toleraría “ninguna violación, alteración o puesta en duda de la marroquinidad" de la parte del Sáhara Occidental. Y, tras la disolución de Agdaym Izik, el ministro de Asuntos Exteriores saharaui, Mohamed Uld Salek, calificó el acto de “barbarie" y demandó una intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual como ya sabemos, empeoraría la situación del pueblo saharaui

“No fue una revolución, pero sí un acto de resistencia civil”, matiza Khoumani. Una intransigencia que estimuló la reivindicación de un pueblo en tierra de nadie y que provocó que cada mañana Hassan y Jaida nublen sus pupilas recordando a su hijo. “El mundo no quiere saber nada de esto”, repite Mohammed Echfed.

Documental: Mujer es libertad


El presente es un documental que nos muestra, a través de mujeres privadas de su libertad, las alternativas de desarrollo personal y grupal que se llevan adelante en una cárcel en Iquitos, Perú, mediante talleres de variada índole que hacen de sus vidas una mucho más llevadera y que promueven el crecimiento personal y la reinserción social, entre tantas otras cosas, todas positivas y extremadamente valorables y sensibles. Un documental de vida, uno sin desperdicio, que vale la pena prestar atención y que les entregamos a continuación. 

TPP neocolonizador: un adiós a la soberanía de los Estados


Representantes de 11 países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunieron en Lima, Perú, en la 17 Ronda de negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), un tratado comercial de “amplia envergadura” que garantiza a las transnacionales mayores beneficios que el mismísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que es más irrespetuoso de los derechos humanos y la justicia económica que las propias normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).   

La Alianza Transpacífico (TPP), también conocida como Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, es un tratado multilateral para reducir las barreras arancelarias y no arancelarias e impulsar el comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, suscrito inicialmente por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur en 2006.    

En virtud de la creciente importancia de la región Asia-Pacífico, hoy motor clave del crecimiento económico mundial al concentrar casi la mitad de los flujos de comercio internacional, se han adherido al bloque seis nuevos miembros: Perú, México, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Malasia. También se han integrado como ''observadores'' Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay y España y recientemente Paraguay solicitó membresía como “observador”.   

El TPP pertenece a la nueva generación de tratados comerciales y corporativos de “amplia envergadura” que trascienden el comercio formal (asuntos relativos al sector servicios, medidas fitosanitarias, barreras técnicas comerciales), al instituir un régimen de protección de derechos del capital privado anónimo y de las corporaciones transnacionales (propiedad intelectual e inversiones) que menoscaba los derechos humanos y el medioambiente, y compromete incluso la soberanía de los Estados.   

Los representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos valoraron que el acuerdo TPP “representa un logro histórico”, ya que contiene todos los elementos deseables de los acuerdos comerciales modernos y elimina todas las barreras arancelarias y no arancelarias; además aborda las preocupaciones de las nuevas industrias y tecnologías de energía limpia y la economía digital, y “es lo suficientemente flexible para ser ajustado en el futuro”.   

Al igual que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en su momento y los vigentes Tratados de Libre Comercio (TLCs) o Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs) , el TPP está diseñado expresamente para anular al Estado, específicamente para atrofiar sus funciones regulatorias en áreas ultra sensibles como las finanzas, la industria, el medio ambiente y las compras estatales. Sin exagerar, lo que está en juego son los asuntos más básicos de la gobernabilidad democrática para cualquier Estado que se precie de “soberano” e “independiente”, advierten investigadores y activistas de todo el mundo.    

El activista de Amigos de la Tierra, Bill Warren, recuerda que el ex director de la OMC Renato Ruggiero dijo hace varios años que los autores del nuevo sistema de comercio mundial estaban escribiendo una constitución para la economía mundial. “Ahora que las negociaciones de la OMC se han congelado, vemos a Estados Unidos intenta redactar una constitución para la economía mundial que es incluso más favorable para las corporaciones, y menos respetuosa de las instituciones democráticas, la justicia económica y los derechos humanos que la OMC”.   

El capítulo de protección de inversiones del TPP permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales como el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), sin acudir antes a la justicia nacional, instituyendo de esta manera una especie de súper derechos reservados para el capital privado.  

Un reciente informe de la UNTACD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) revela que solo en 2012 se iniciaron 62 nuevas demandas de arbitraje de inversionistas contra Estados. Hasta ahora, los capitalistas han ganado 3.000 millones de dólares, y las demandas pendientes de resolución suman más de 15 millones.   

Warren remarca que el TPP privilegia los intereses del capital internacional, sobreponiéndose a otros valores, incluyendo los valores ambientales: “Tenemos un montón de historias terribles que contar, historias que surgieron antes que los acuerdos de inversión de los Estados Unidos, como el caso Chevron vs Ecuador, el Chernobyl de la Amazonía ecuatoriana, donde Chevron-Texaco se está rehusando a limpiar un derrame de petróleo que contaminó un área del tamaño del estado de Rhode Island”. “Esto no sólo ha destruido el ecosistema, sino que ha envenenado a la población local causando muertes, abortos y enfermedades rampantes. Sin embargo, el gigante del petróleo se esconde detrás del tratado de inversión bilateral Estados Unidos-Ecuador para resistir la justicia ecuatoriana y la llamada de la decencia común para reparar su mal proceder”, deplora Warren.    

“¿Realmente es el único camino para captar las inversiones que el país necesita? Nosotros pensamos que no. Hay evidencia internacional que consta que no es así. No son los países que han firmado el mayor número de tratados de libre comercio, o bilaterales los mayores receptores de inversión directa que provenga del extranjero”, sentencia José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de Perú e investigador de la ONG CooperAcción.   

Informa Echave que Perú tiene actualmente 32 tratados bilaterales de inversión y 9 TLC que contienen también capítulos de inversión y “el número de demandas en contra del Estado peruano utilizando TBIs y capítulos de inversiones de los TLC se ha disparado en los últimos años. Ya el Perú está siendo demandado por un valor de US$6 mil millones”.   Uno de los casos más simbólicos, por ser el primero que utiliza el capítulo del TLC con EEUU, es el de Doe Run y Renco Group, por el cual el Estado peruano está inmerso en un proceso de arbitraje en el que se le exige una indemnización de US$ 800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicado en la ciudad del mismo nombre que es considerada una de las más contaminadas del mundo. Además, “cuando hablamos de casi US$6 mil millones no estamos contabilizando los costos que significa para todos los peruanos, asumir y enfrentar estos procesos”, señala De Echave.   

Por otro lado, la Alianza LAC-Global de ONGs considera alarmante la rigurosidad de las normas de protección de la propiedad intelectual en lo referente a las patentes de los medicamentos. El proyecto en discusión menciona la posibilidad de prorrogar indefinidamente la vigencia de las patentes de las medicinas por nuevas aplicaciones o propiedades del fármaco, lo que supone una prohibición tácita de producir o importar fármacos genéricos. El punto ha sido propuesto por Estados Unidos en el Capítulo de Propiedad Intelectual y beneficia exclusivamente  a la  gran industria farmacéutica en perjuicio de los ciudadanos, denuncia la Alianza LAC-Global.   

La coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza Moncloa, enfatiza que el TPP no es solamente un nuevo TLC con EEUU sino que constituye “varios TLC adicionales de un solo golpe” que están siendo negociados de forma absolutamente antidemocrática.   

La alianza mundial de ONGs censura particularmente “el modelo de negociación del TPP, abiertamente antidemocrático, y la pretensión de promover una reforma de las reglas del comercio global a nivel internacional, una posición en contra del multilateralismo y una gravísima erosión a las reglas democráticas”.   




*Más Información en: 





Espulsiones masivas


La Red Fronteriza Jano Siksé, defensora de los derechos humanos en la frontera entre  República Dominicana y Haití, dijo en un comunicado que la última de estas “expulsiones masivas” se produjo por la puerta fronteriza de Comendador, en la provincia de Elías Piña (suroeste), hasta donde fueron trasladados 81 hombres y 10 mujeres de nacionalidad haitiana. Los expulsados “fueron abandonados nuevamente a su suerte tras la línea” que divide a los dos países, que comparten la isla caribeña.

Entre los expulsados se encontraban tres personas de Sri Lanka, los cuales “fueron dejados con el resto del grupo en la puerta fronteriza de Comendador-Belladere a más de 15,000 kilómetros de su casa”, denunció la Red Fronteriza Jano Siksé.

De acuerdo con la información, “en la mayoría de los casos los migrantes no tienen la oportunidad de impugnar o apelar las órdenes de deportación” aunque “el derecho a un debido proceso está consagrado en el Artículo 69 de la Constitución”, local.

La ausencia de regulaciones específicas para los casos de privación de libertad migratoria conduce a que este no sea respetado durante los procesos de detención y deportación de migrantes. En ese sentido, insistió la organización en “la obligatoriedad” por parte de la Dirección de Migración de cumplir con el Artículo 22.9 de la Convención Americana, que prohíbe de manera específica “los procesos de expulsiones colectivas, estableciendo procedimientos para garantizar el acceso a un debido proceso en el caso de las expulsiones individualizadas”.

Según datos divulgados el pasado mes por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en República Dominicana residen 458.233 haitianos. La mayoría vive en condición irregular y se dedica especialmente a trabajos de construcción, turismo, servicio doméstico, comercio y agricultura (caña de azucar); en general, explotación laboral. Asimismo, se pudo saber que unos 3.434 haitianos han sido expulsados en lo que va de este año de forma irregular.

Pesca ilegal y destructiva en costas de Mozambique


Mozambique ha denunciado que perdió 70 millones de dólares en 2012 debido a la pesca ilegal de atún y camarones que practican los buques extranjeros en sus costas. El director nacional de inspección pesquera, Manuel Castiano, recordó que en 2008 presenció cómo un buque español entraba de forma ilegal en aguas de Mozambique para ''robar'' pescado.

Mozambique perdió cerca de 70 millones de dólares en 2012 , como dijimos, debido a la pesca ilegal que se produce por parte de buques de pabellón extranjero en aguas mozambiqueñas, en particular en las zonas cercanas a Maputo y Sofala, según denuncia el periódico Correio de Manhã.

El director nacional de Inspección Pesquera, Manuel Castiano, reportó que en el último año alrededor de 20.000 toneladas de atún y una cantidad no especificada de camarones fueron capturadas en las aguas mozambiqueñas. El Gobierno de Maputo ha decidido aumentar la vigilancia en la costa del país para prevenir la pesca ilegal que realizan los barcos extranjeros y aboga, dicen, por una política de captura sostenible, así como por la protección y la conservación de los recursos pesqueros. 

Con el fin de compensar los costes de las patrullas y la inspección, Mozambique está llevando a cabo patrullas conjuntas con Sudáfrica, Madagascar y las Seychelles, según declaró Castiano.

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