El papel que contamina...

En la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos que tuvo lugar en Viena, en mayo de 2006, se presentó como parte del caso sobre Agronegocios en América del Sur- a las transnacionales de la celulosa y la forestación como los actores que mayor avance estaban logrando, en todo sentido, en términos de poder. Poder económico, poder político, poder financiero, poder de imponer un determinado modelo productivo y finalmente, poder cultural e ideológico.

Desde esa sesión en Viena, este proceso corporativo se ha agudizado. Y si bien en aquel momento -desde algunos movimientos y organizaciones que resisten- ya se estaba analizando este proceso en términos sistémicos, actualmente es necesario reconocer que no se ha avanzado lo suficiente en términos estratégicos, políticos e ideológicos; está mas bien instalada la confusión y la derrota ideológica de la clase. Por ello, porque en momentos de madeja el inicio es encontrar el inicio, volvemos a colocar a la consideración de este espacio que la verdadera denuncia aquí presentada es a la forma dominante y actual del capitalismo agrario en América Latina, que es el agronegocio.

La instalación de varias fábricas de producción de pasta de celulosa en el Cono Sur de América del Sur está consolidando un modelo de desarrollo productivo perjudicial para la región. Este modelo basado en las grandes extensiones de tierras dedicadas a los monocultivos forestales para la producción de celulosa ha generado ya una serie de impactos negativos en materia económica, social, ambiental y de soberanía tanto política como alimentaria.

En el 2005 se registró una demanda anual mundial de 366 millones de toneladas de papel, mientras que en 1990 el consumo había alcanzado los 238 millones de toneladas. Según estimaciones de la FAO, en el 2010 el consumo de papel superará en un 80 % al de 1990 (alcanzando 428,4 millones), y si la demanda continúa acelerándose, las previsiones indican que las toneladas de papel requeridas en el 2020 se aproximarán a 566 millones. Este crecimiento del consumo papelero ha tenido su correlato en el impulso de la industria de la forestación y de la celulosa; pero el desarrollo de esta industria no ha sido homogéneo a escala global, sino que se han delimitado claras zonas de productores y de consumidores.

Estas empresas han puesto en juego derechos humanos, como el derecho a la salud, al agua y al trabajo, al medio ambiente sano; así como las obligaciones del Estado de producir y difundir información y de promover la participación, y particularmente la obligación de proteger los derechos frente a la acción de terceros.

El proceso de globalización de la producción de celulosa y de papel lleva a que esta industria este concentrada en un pequeño número de grandes empresas transnacionales, y que se expanda hacia los países que ofrecen mejores réditos por los bajos costos laborales, los incentivos (como subsidios) o las débiles legislaciones en materia ambiental, y la protección absoluta a las inversiones.

En América del Sur y en Asia se encuentra aproximadamente el 80 % de las tierras destinadas a la plantación de especies de árboles de rápido crecimiento (como eucaliptos y pinos) a nivel mundial. En este sentido, América del Sur se ha convertido en el centro de la expansión de la industria de pulpa de celulosa destinada a la exportación, porque es una de las regiones que brinda mayores facilidades para la forestación así como un rápido crecimiento de las especies y facilidades para la instalación de grandes plantas de celulosa.

Las previsiones indican que para 2010 América del Sur proveerá al mercado internacional un cuarto de la producción mundial de celulosa: de los 14,6 millones de toneladas de pulpa de mercado que se calcula que producirá ese año la región, sólo 1,2 millones serían para consumo interno y todo el resto para la exportación. En este contexto internacional de crecimiento desbalanceado de la producción y el consumo, se instalan en Uruguay Botnia, ENCE y Stora Enso, entre otras transnacionales. Las empresas han hecho valer la existencia de Tratados de Protección de Inversiones entre Uruguay y los países de origen (Finlandia en el caso de Botnia y con España en el caso de ENCE) para consagrar la defensa de sus intereses y la amenaza sobre una posible demanda al Estado Uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del Banco Mundial (CIADI) está siempre presente.