Historia de un pueblo sin memoria y de canales telvisivos que apoyan la Impunidad

Pintada en el barrio Colón

Durante todo el día de ayer, las imágenes que podían verse en las calles de Montevideo era prácticamente igual en cada uno de los barrios: gente agitando banderas en las esquinas, entre las que prevalecían las rojas, azules y blancas del Frente Amplio (el partido que nuclea a las agrupaciones de izquierda en Uruguay) junto a pancartas y banderas rosadas, que simbolizaban el voto afirmativo en el plebiscito para anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que al igual que el plebiscito que abogaba por el voto epistolar, se celebraba junto a las elecciones nacionales.

La ley que se buscaba anular este pasado domingo, garantiza la impunidad de quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya, ocurrida entre 1973 y 1985. El plebiscito había sido posible gracias a decenas de organizaciones sociales, que habían conducido una campaña masiva de recolección de firmas para que la ciudadanía se expidiera por segunda vez sobre este asunto.

Pero sobre la noche, cuando se empezaron a conocer las primeras proyecciones de las consultoras de opinión pública sobre el resultado de las elecciones, las bocinas que se escuchaban aún con fuerza en la calle se fueron apagando. Según se informaba, ninguno de los plebiscitos había logrado superar el 50 por ciento de votos, la cantidad necesaria para ser aprobado.

Nuevamente, esta vez sin presiones militares, aunque con la influencia en contra de la derogación de dicha ley, tanto de los partidos Blanco, Colorado e Independiente como de los canales privados de televisión 4, 10 y 12; con un porcentaje apenas superior al 40 por ciento, la papeleta rosada (representaba el “Sí” para anular la ley de caducidad) fue rechazada por la ciudadanía.

“La lucha por los derechos humanos es permanente. Desde lo ético, esta ley es nula”, declaró Luis Puig, integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, en una conferencia que brindó ese organismo, luego de conocerse los resultados.

Puig recordó además que la papeleta rosada había logrado concitar un gran apoyo entre la ciudadanía, y que el resultado no quería decir que el pueblo uruguayo convalidara la tortura. “De ninguna manera se baja la cortina, hay mucho para hacer en materia de derechos humanos”, afirmó.

Asimismo, esta fue una segunda expresión "democrática" en la que el pueblo uruguayo decidió en favor de la impunidad y de esta manera y como lo expresa buena parte de la opinión pública, se demuestra el miedo que aún tiene dicha ciudadanía de quitar esta ley y que se "revuelva en cosas que ya pasaron". Para muchas personas, "es mejor dejar todo como está", lo cual denota a su vez una actitud conservadora, de una buena porción de uruguayos.

En cuanto a las elecciones nacionales, el Frente Amplio volvió a ser el partido más votado, pero no alcanzó el porcentaje de sufragios necesario para alcanzar la presidencia en primera vuelta. Por ello en noviembre se celebrará un ballotage entre la fórmula frenteamplista, encabezada por José Mujica y Danilo Astori, y la del derechista y conservador Partido Nacional, representada por el ex presidente Luis Alberto Lacalle y por Jorge Larrañaga. Esta última fórmula presidencial ya cuenta con el apoyo del presidenciable del también derechista Partido Colorado, Pedro Bordaberry, hijo del dictador Juan María Bordaberry.

La farsa de los canales privados en Uruguay

En el año 1989, se votó por primera vez la aprobación o no de Ley de Caducidad y la ciudadanía, bajo la presión de los militares que amenazaban con el retorno de la dictadura, eligieron su implementación, dando impunidad a torturadores, violadores y asesinos y dejando que se protegiera información muy valiosa de lo ocurrido en el período dictatorial.

Dicho año los canales 4, 10 y 12 (canales privados en Uruguay), se habían negado la transmisión de un aviso de la Coordinadora Nacional por el Referéndum contra la Ley de Caducidad. En el mismo aparecía Sara Méndez denunciado que su hijo Simón había sido secuestrado y desaparecido forzosamente por los militares durante la dictadura.

En este año 2009 y a veinte ya de aquel acontecimiento de los mencionados medios de comunicación, la historia vuelve a repetirse. Esta vez, los canales privados debían transmitir el pasado día jueves 22 a las 22 hs. en cadena nacional de radio y televisión, un spot en el que aparecían hijos de detenidos desaparecidos en la mencionada dictadura, instando a la población a votar en favor de la anulación de la ley.

Finalmente, el spot fue transmitido por los tres canales, en diferentes momentos (la cadena nacional, es al mismo tiempo y en todos los canales y emisoras), rondando la hora 24, que no es horario central (en el cual la mayoría del la población hubiera podido observar el aviso) y a su vez excediéndose del día jueves al viernes, por lo cual infringieron la veda política, que no permite la transmisión de propagandas de tinte político hasta el día de las elecciones.

Los mencionados canales justifican esta actitud de clara oposición a la publicación del aviso, diciendo que a ellos no les llegó la comunicación de la cadena nacional. Autoridades del canal 12 explicaron al diario La República que nadie de la URSEC (Unidad Reguladora de los Servicio de Comunicación) les había hecho llegar la comunicación: "Nadie llegó al canal, pudimos conseguir spot tarde y lo emitimos como pudimos" (La República, 23 de Octubre de 2009). Sin embargo, en el informativo central de dicho canal (emitido entre las 20 y las 21.20 hs.), su conductor Aldo Silva dio la noticia de que el gobierno había autorizado la cadena nacional para emitir el mensaje de la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad.

En la emisión, por si no fuera poco el no respeto, ni de la cadena nacional ni de la veda política, se recortaron los primeros tramos del aviso en los que aparecían Victoria Julien y Amaral García, dando sus testimonios como hijos de detenidos desaparecidos.

En estos momentos la URSEC, evalúa las sanciones a aplicar a estos tres medios de comunicación televisiva por no haber cumplido cabalmente con la resolución presidencial.