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viernes, 13 de diciembre de 2013

Bicicleteada en defensa de la playa Punta Yeguas


El sábado 21 de diciembre se realizará una bicicleteada hasta Punta Yeguas, defendiendo las playas del Oeste de Montevideo, los pescadores artesanales, los productores rurales y los vecinos que nos vemos amenazados por la regasificadora. Nos juntamos en la Terminal del Cerro a las 16:00.

Tacuarembó libre de megaminería y Fracking


''Declaración de la Asamblea Nacional Permanente

En la madrugada de hoy (29 de Noviembre), la Junta Departamental de Tacuarembó resolvió por 23 votos contra 6 declarar a dicho departamento libre de megamineria metalifera y diamantífera a cielo abierto. A su vez -con idéntica votación- aprobó un segundo proyecto que prohibe el fracking (método de fracturación hidráulica) para la obtención de hidrocarburos o gas.

Sin duda se trata de un triunfo del pueblo tacuaremboense que se suma a lo resuelto por los departamentos de Lavalleja y Paysandú. Son  históricos pasos en la lucha de un pueblo que no quiere dejarse arrebatar su destino.
La delegación de la ANP (compuesta por distintos regionales) estuvo presente en la sesión y pudo comprobar la decisiva influencia que en la decisión de la Junta  tuvieron las más de 13.000 voluntades que reclamaban el derecho a un pronunciamiento plebiscitario  de carácter soberano sobre el manejo del territorio departamental.
Saludamos al colectivo 'Tacuarembó por la Vida y el Agua' en momentos en que  ve  coronar un gran esfuerzo que logró canalizar  la participación de la ciudadanía en la defensa del ambiente, la tierra y los bienes naturales. En este saludo incluimos a todos aquellos colectivos que transitan por el mismo camino.
Comunidad somos nosotros
No venderemos el rico patrimonio de los orientales
La tierra no se vende, se defiende

ASAMBLEA NACIONAL PERMANENTE
En defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales''.

Las más violentadas en Nicaragua siguen siendo ellas



Las mujeres rurales de la costa Caribe nicaragüense, en su mayoría campesinas, indígenas y afro descendientes, ocuparon el primer lugar de casos de feminicidio en todo el país, de enero a noviembre de este año, según el monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

El monitoreo señala que 63 mujeres han sido asesinadas en estos 11 meses en Nicaragua y 6 en el exterior, para un total de 69 mujeres nicaragüenses, de las cuales 26 corresponden a las regiones autónomas del Caribe norte y sur del país, una zona rural muy densa y en donde el acceso a los puestos policiales y centros de salud es bastante difícil por las distancias y la geografía del territorio atravesado por ríos y montañas.

Este año, la zona más violenta de Nicaragua para las mujeres han sido estas regiones, en donde predomina el machismo y la falta de una verdadera atención integral ante los casos de violencia, opina Darling Omier, comunicadora de la ciudad de Bluefields, capital de la Región Autónoma del Caribe Sur (RAAS). La RAAS ocupa el primer lugar de casos de feminicidio este año, con 16 casos, superando por primera vez a Managua que tiene 11 asesinatos de mujeres, según el monitoreo de Católicas.

Para Omier, otra de las causas es la desconfianza ante las autoridades, pues muchas de las mujeres rurales tienen miedo de denunciar a su pareja, ya que escuchan que las cárceles están sobrepobladas y temen que los dejen libres y luego las asesinen.

La comunicadora ha recibido testimonios, en sus espacios informativos, de mujeres que llegan de comunidades lejanas y que desisten de los procesos judiciales por falta de recursos, debido a que tienen que costear transporte de largas distancias y estadías en las principales ciudades de la RAAS.

Una de las continuas demandas de la Red de Mujeres Contra la Violencia, en estas regiones del Caribe nicaragüense, tiene que ver con el acceso a la justicia para las mujeres que viven en comunidades lejanas, muchas de las cuales tienen que viajar por más de ocho horas en medios acuáticos para llegar a un puesto de salud o una estación de policía.

La Corte Suprema de Justicia ha tratado de resolver a través de los Facilitadores Judiciales (quienes están capacitados sobre la Ley 779 que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y la cual establece que la mediación es voluntaria y solo se puede hacer frente a un juez) pero en muchos casos, por la idiosincrasia de los comunitarios y la poca vigilancia de las autoridades, se violenta este derecho.

Las integrantes de la RMCV participaron este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en una marcha en Managua para demandar la aplicación de la Ley 779 y las medidas de prevención para evitar que sigan asesinando y violentando los derechos de las mujeres nicaragüenses.

''Calamitosa'' la situación educativa en Ecuador


Una jornada de movilización desarrolló el martes 10 de diciembre la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en contundente rechazo al anuncio de cierre de escuelas y colegios intercultural bilingüesLa movilización salió desde el Parque El Arbolito hacia la Corte Constitucional, en Quito, donde se planteó una acción legal en contra de la decisión del régimen. Luego la marcha se trasladaría hasta el Ministerio de Educación y más tarde al Consejo de Educación.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, denunció que más de un centenar de escuelas y colegios que funcionan en las comunidades indígenas están en riesgo de cerrar, debido al reordenamiento educativo que lleva adelante el Ministerio de Educación (MEC)Asimismo, los dirigentes indígenas denunciaron el cierre inminente de cinco institutos pedagógicos superiores y planteles públicos comunitarios hasta el 2017.

Carlos Pérez indicó que el gobierno pretende reducir las 19.023 escuelas comunitarias que existen en el país a solo 5,189 en los próximos cuatro añosSegún cifras de la Ecuarunari, hasta el año pasado hubo 29.050 centros comunitarios, pero el resto ha sido cerrado con el argumento de que se construirán las escuelas del milenio.

“Cientos de escuelas públicas se están cerrando con el nombre eufemístico de fusión” explicó Guartambel, quién aseguró que la “situación educativa” en las comunidades indígenas es “calamitosa”Citó, por ejemplo, el caso de Imbabura, donde según el censo de 2010 existe una población de más de 400 mil habitantes. De ellos, el 25 % es población indígena, es decir, unas 110 mil personas. Sin embargo, afirmó, “unas 70 mil personas no saben leer ni escribir”. En Imbabura se han creado dos escuelas del milenio, pero se han cerrado más de 200 escuelas, según Ecuarunari.

Pérez explicó que es deber del Estado respetar la identidad de las unidades educativas indígenas y no cerrarlas por los pocos estudiantes“Estas se consiguieron con la lucha de las organizaciones indígenas. Así sea para un estudiante, debe existir un docente que enseñe”, afirmó.

Manuel Lita, un padre de familia de cuatro estudiantes de la escuela Provincia de El Oro, de la comunidad indígena de Morlán, en Cotacachi, fue uno de los participantes en la marcha. Él manifiestó que están preocupados porque el plantel educativo local redujo la plantilla de profesores de 10 a 3 este año. Comenta que las autoridades les sugirieron inscribir a sus hijos en la Unidad del Milenio Sumak Yachana Wasi (Casa del Buen Conocimiento, en Quechua) pero la nueva institución está ubicada a 7 km. de su residencia.

Respuesta oficialista

Por su parte el Ministerio de Educación oficializó el lunes 9 de diciembre el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y que, según el titular del sector, resulta de un trabajo que “entiende a la educación bilingüe como parte inherente a todo el sistema y no como algo aparte”El nuevo modelo, según datos ''oficiales'', beneficiará a 18 pueblos y 14 nacionalidades a nivel nacional.

“El Estado garantiza las formas de aprendizaje de acuerdo con la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos” y “la inclusión de contenidos con pertinencia cultural y lingüística”, aseguró el ministro, Augusto Espinosa.

Han implementado 190 distritos, con sus respectivos directores, quienes pertenecen a las nacionalidades de mayor prevalencia en cada territorio. “Buscamos que los directores no sean hispanohablantes, sino bilingües”, dijo.

Las autoridades informaron que la demanda se ha incrementado, ya que en el periodo 2009-2010 había 148 mil estudiantes y en 2012-2013 hay 161 mil. Sin embargo, hay un déficit de docentes. “Para la educación intercultural bilingüe tenemos más de 10 mil docentes, pero un gran número son bachilleres”, mencionó Espinosa. Para suplir esta necesidad impulsarán la profesionalización en Ciencias de la Educación con mención en Educación Intercultural Bilingüe y en Lenguas Ancestrales, así como postgrados en estas especializaciones. También habrá material en idiomas nativos.

El ministro Augusto Espinosa, explicó que la fusión de las instituciones se efectuará considerando la realidad del territorio. “No en todos los territorios vamos a poder tener unidades educativas grandes. Se va a respetar la realidad territorial”Además, agregó que se conversará con las nacionalidades y comunidades donde ocurran estas situaciones. “Sabemos que hay resistencias, producto de la desinformación de determinada gente con intereses personales, grupales y electorales”, refirió.

Por su parte, Nelson Calapucha, dirigente del Parlamento Amazónico, hizo un llamado para que “los coordinadores de los distritos recorran las comunidades y conozcan las necesidades”

Controversia educativa

Milton Luna, coordinador nacional del Contrato Social por la Educación, consideró “imprescindible” que el Ministerio de Educación “explique”, no sólo en teoría, sino en la práctica, al movimiento indígena y otros actores de la sociedad en qué consiste el proyecto de reducción de escuelas comunitariasCaso contrario, aseguró, se corre el riesgo de que los niños pierdan su derecho a la educación por no existir la suficiente oferta académica, informó el diario La Hora.

Agregó que, frente a un eventual cierre de escuelas ubicadas en las zonas rurales y alejadas de los centros urbanos, “lo obvio” es que se haya previsto la instalación de la oferta educativa que supla esa necesidad.

Una buena y otra mala


Las últimas recomendaciones realizadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las inversiones en agricultura de pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria, representan avances muy significativos en la esfera multilateral en la concientización del rol de esa agricultura para la alimentación del planeta. También implican un reconocimiento de numerosos actores centrales, como los campesinos, indígenas y pastores, entre otros varios aunados en diversos movimientos sociales.
Sin embargo, las recomendaciones del mismo CSA sobre biocombustibles recorren justamente el camino inverso. Este informe especial que busca profundizar en estos avances y retrocesos del CSA, que se ha transformado en cualquier caso en un espacio con participación activa de la sociedad civil y que ha facilitado el intercambio con los gobiernos, lo cual destacan los propios movimientos sociales.
Un debido reconocimiento: recomendaciones sobre inversiones en agricultura de pequeña escala
El CSA es un espacio multilateral, que fue reformado en 2009 para dar lugar a la participación de los diversos actores interesados en la seguridad alimentaria y la nutrición. Integran el CSA, por ejemplo, los estados que son parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). También pueden ser parte del CSA los estados que no integran FAO pero están en ONU, y además hay una importante participación de empresas. Lo más novedoso es la fuerte presencia en el Comité de diversos movimientos y organizaciones sociales, que se agrupan en lo que se llama el “Mecanismo de la Sociedad Civil”: campesinos, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pastores, pescadores artesanales, mujeres, jóvenes, consumidores, ecologistas, defensores de derechos humanos, entre muchos otros.
“El objetivo último del CSA reformado es constituir la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para que todas las partes interesadas trabajen de forma coordinada con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos”, expresa la web de FAO dedicada al CSA. “El Comité proporciona informes anuales al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas”, agrega.
Las recomendaciones del CSA en su última sesión (la Nº 40, que tuvo lugar en Roma, la capital de Italia, del 7 al 11 de octubre) sobre las inversiones en la agricultura de pequeña escala para la seguridad alimentaria y la nutrición, se basaron en un informe preparado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel del CSA. El estudio había sido encargado por el Comité en 2011.
El activista Martín Drago, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y presente en Roma, calificó de “muy bueno” el informe y contó que en la elaboración de ese reporte participó gente de la academia allegada a los movimientos sociales. Las recomendaciones del Grupo de Expertos fueron negociadas toda la semana y allí las organizaciones y movimientos sociales jugaron un rol activo y determinante.
“Este grupo de recomendaciones del CSA marca un estándar de qué representan las inversiones en la agricultura de pequeña escala o el rol de los agricultores a pequeña escala y por qué es importante la inversión en ella”, dijo Drago. “Es una base tanto para las negociaciones en el CSA como para las que se pueden dar a nivel nacional con cada gobierno, e inclusive con las articulaciones regionales, para exigir esa base”, estipuló.
El primer punto destacado por Drago de los acordados en octubre es que el CSA reconoce que los productores de pequeña escala desempeñan un papel central para la seguridad alimentaria y que son los principales inversores en su propia agricultura. “Quien más invierte en agricultura a nivel global es el propio productor. No es un banco, ni otra entidad financiera, ni siquiera los gobiernos, son los propios productores, a veces con mucho sacrificio y con trabajo propio, ni siquiera con dinero”, explicó. Además, “no es una inversión que sólo les sirve a ellos, sino que derrama beneficios al resto de la sociedad”.
Una recomendación importante es que se invita a los gobiernos y a las partes interesadas a nivel nacional, en especial a las organizaciones de productores de pequeña escala, a desarrollar una visión nacional de esa pequeña agricultura y acompañarla de un marco amplio de políticas públicas y presupuestos relevantes que le den apoyo.
En tercer lugar Drago subrayó que se enfatizó la importancia del reconocimiento jurídico y el respeto a los derechos de los agricultores de pequeña escala, así como la necesidad del fortalecimiento de sus organizaciones.
El CSA recomendó también promover la capacidad de los productores de pequeña escala para acceder, mejorar, producir, conservar, intercambiar y usar las semillas que necesitan. “Necesitamos que los productores puedan reproducir sus semillas, cultivarlas, mejorarlas. Ellos juegan un rol relevante en esa mejora de las variedades animales y vegetales”, dijo Drago. “No se requieren actores externos y no queremos a las multinacionales” jugando ese rol, añadió. Según el CSA, se debe apoyar la conservación y el desarrollo de la biodiversidad agrícola e inclusive se agregaron enfoques agroecológicos. “Tuvimos una gran disputa para que se incluyeran”. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina fueron los más duros al rechazar esa iniciativa de los movimientos sociales.
El Comité también retomó decisiones anteriores e instó a los gobiernos a promover una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, e hizo hincapié en garantizar el acceso y la tenencia de tierra y recursos a los productores de pequeña escala. “También habla, y esto es bien importante para nosotros, de priorizar las inversiones públicas en apoyo a las inversiones propias de los pequeños productores. Es decir, hay que apoyar la producción a pequeña escala, pero ese apoyo no lo dejemos librado al mercado. Otro aspecto relevante refiere al rol de la investigación. La sugerencia del CSA es en pro de fortalecer los sistemas participativos de investigación, a través de la combinación de “los conocimientos tradicionales y los resultados de las investigaciones científicas” (aunque para nosotros las mejoras que implementa el productor en su tierra también son ciencia).
El Comité de ONU marcó asimismo la necesidad de apoyar el desarrollo de los mercados locales y el acceso de los productores de pequeña escala a esos mercados. Se habla de un “acceso remunerativo”, que permita a los productores “vivir de su producción y mantenerla”. También se reconoce la importancia de los intercambios no monetarios y de los sistemas alimentarios locales. En los territorios no siempre los productores intercambian entre ellos por dinero, también intercambian sus productos. “Esto también juega un rol en inversión, es importante el reconocimiento y no penalizarlo”, enfatizó Drago.
Agrocombustibles: varios pasos atrás
En tanto, la otra coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria de ATI, Kirtana Chandrasekaran, que también estuvo en Roma, se refirió a las recomendaciones del CSA sobre biocombustibles, o “agrocombustibles”, como prefieren llamarles. El CSA también le había pedido al Grupo de Expertos de Alto Nivel en 2011 recomendaciones en ese sentido.
Según relató Chandrasekaran, ese panel llegó a importantes conclusiones. Por ejemplo, los expertos descubrieron que las importaciones de agrocombustibles y también los objetivos y mandatos de los gobiernos para producirlos generan impactos en la volatilidad de los precios de los alimentos. “Porque cuando la demanda de biocombustibles crece, los precios de los cultivos también tienden a subir”. Entonces, en términos generales, el Grupo de Expertos encontró una fuerte correlación entre la volatilidad de los precios y la disponibilidad de alimentos, y la seguridad alimentaria y los biocombustibles. Por eso el Grupo de Alto Nivel recomendó a los gobiernos actuar en consecuencia. “Pero muy desafortunadamente los gobiernos presentes en el CSA no tuvieron en cuenta estos hallazgos e hicieron un grupo de recomendaciones muy muy débiles sobre cómo tratar el tema agrocombustibles”, manifestó la ecologista.
Explicó que muchas negociaciones en el CSA ocurrieron en paralelo y hubo unos pocos países pro-agrocombustibles, como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá, que presionaron muy fuerte para que las recomendaciones del Grupo de Expertos no se tuvieran en cuenta. “Hubo una muy fuerte presencia de la industria de los agrocombustibles, probablemente por primera vez en el CSA, los que obviamente hicieron mucho lobby con sus gobiernos para que se hicieran cambios” a los textos recomendados, dijo Chandrasekaran.
En contrapartida, hubo gobiernos muy preocupados por el impacto negativo de los agrocombustibles, algunos africanos y de Medio Oriente. Esos gobiernos trataron de jugar un “rol positivo”, según la representante de ATI, pero les resultó imposible enfrentar las grandes tácticas del grupo de estados a favor de la producción de granos para generar combustibles. “Fue muy decepcionante”, se lamentó la activista.
La ambientalista evaluó que los malos resultados logrados en el tema agrocombustibles tienen que llevar a la sociedad civil a una mayor reflexión sobre cómo afrontar ese asunto. Hay que pensar sobre “cuánta presión pública y política fuimos capaces de generar en el proceso sobre agrocombustibles y seguridad alimentaria en el camino a la sesión del CSA y durante las negociaciones”.
No obstante, Chandrasekaran enfatizó que “por lo menos tenemos un documento que reconoce que los agrocombustibles tienen un impacto en la seguridad alimentaria y el hambre”, aunque “realmente no mandata a los gobiernos a tomar acciones, que es donde perdimos, lo cual es un gran problema”. La activista agregó que el informe del Grupo de Expertos es muy sólido y que se puede usar para trabajar directamente con los gobiernos nacionales para que “tomen apunte”.
El CSA como espacio de participación activa: el Mecanismo de la Sociedad Civil
El activista Otto Bruun, de Amigos de la Tierra Finlandia, que también concurrió a la sesión 40 del CSA, destacó la importancia de las reuniones del Mecanismo de la Sociedad Civil previas a la sesión del Comité en octubre, porque sirvieron para prepararse y aunar posiciones de cara a las negociaciones.
Para el ecologista, el espacio de la sociedad civil ha servido para forzar a muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) en Europa a entender que no son representantes legítimos de pueblos y movimientos sociales que viven muy lejos, pero que pueden trabajar junto a esos movimientos y ayudar a facilitar ese espacio. “Creo que hay mucho por hacer para continuar ese trabajo y seguir recordándonos que no se trata de las ONG y sus círculos, sino de acciones reales y pueblos hablando en su propio nombre. Y esta idea de representación implica un empoderamiento que también nos puede llevar a dar pasos hacia adelante”, manifestó Bruun. El activista dijo que es un trabajo en proceso y que motiva ir en esa dirección, con claridad de que en “cualquier desarrollo en el marco del Mecanismo de la Sociedad Civil son los movimientos sociales los que hablan en representación de las comunidades que en ellos se articulan”. Bruun resaltó que ese Mecanismo tiene además la riqueza de unir a grupos de diversos países que pueden establecer claramente los vínculos entre las realidades que afrontan.
En tanto, Chandrasekaran calificó el actual proceso del CSA como “único” porque hay un espacio “muy bien organizado” en el que varios actores globales de la sociedad civil se unen para discutir algunos de los temas más importantes de la actualidad sobre soberanía alimentaria. Agregó que el Mecanismo de la Sociedad Civil es un espacio de discusión que permite a los movimientos sociales participar de las negociaciones en el CSA con posiciones previamente acordadas.
“Una de las mejores cosas de este espacio es que es realmente dirigido por los movimientos sociales”, aseguró Chandrasekaran. “El Mecanismo es diseñado para ser liderado por las comunidades afectadas por las políticas implementadas por los gobiernos”, y que efectivamente sea así otorga “credibilidad y peso político a lo que la sociedad civil está diciendo”.
A su turno, Drago resaltó que el CSA es un espacio multilateral de gobiernos, “y por ende público”. “Nosotros tenemos que defender el acceso a los espacios públicos de toma de decisiones o de elaboración de recomendaciones. Entendemos que la sociedad civil tiene derecho a participar y que el sector privado no debería tener el mismo derecho”, señaló.
Para el coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de ATI, el CSA es un ejemplo de cómo las organizaciones y movimientos sociales pueden participar en forma organizada, con contribuciones a los debates, con argumentos sobre sus posiciones para influenciar la toma de decisiones de los gobiernos. “Creemos que es un espacio a defender, a fomentar, y para el que es sustancial tener un mecanismo que garantice una participación real de la sociedad civil”, consideró. Drago evaluó además que “participar organizadamente, con posiciones construidas con una diversidad de organizaciones muy importantes, de todos los continentes, necesita organización y ella requiere coordinación y presupuesto”. “Y exigimos que sean los gobiernos los que financien esa participación”, cerró.

''Desestabilización institucional''


Generar encrucijadas institucionales para evitar la emergencia de gobiernos alternativos parece ser la nueva táctica del bloque de poder colombiano que se expresó este lunes 9 de diciembre en la destitución del alcalde mayor de Bogotá, la ciudad capital del país, Gustavo Petro, por parte de la Procuraduría General en una investigación por la municipalización de la recolección de residuos, anteriormente privatizada.
Más allá de la anécdota puntual, la caída de Petro y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por quince años fue denominada por este como un “golpe de estado” y rechazada en las calles bogotanas por una multitud este lunes.
En ese marco, un medio alternativo entrevistó desde la movilización en Plaza Bolívar al sociólogo y activista ambiental Hernán Darío Correa quien catalogó la decisión del conservador procurador Alejandro Ordóñez como “una tuerca que empieza a apretar la derecha colombiana” que muestra así una cara hasta ahora desconocida ya que se deba una presión a través de la violencia política.
“Desestabilización institucional” fue el concepto que empleó el analista en la entrevista, señalando que en Bogotá se enfrenta un día clave el próximo 31 de diciembre donde de no revertirse la destitución deberían darse elecciones anticipadas a más tardar en marzo, es decir algunos días antes de las elecciones nacionales.
También interpretó la decisión como “un mensaje a La Habana”, ciudad cubana donde se vienen desarrollando los diálogos y acuerdos entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), precisamente sobre el sensible capítulo de participación política de las fuerzas insurgentes. La defensa de Petro aseguró que la Procuraduría no tiene competencia para destituir a un funcionario elegido popularmente, y alega que se está violando el debido proceso.
Los casi 10 mil ciudadanos agolpados en la Plaza de Bolívar señalaban que el derecho de elegir y ser elegido se violó al decidir la destitución. En su intervención desde el balcón de la Alcaldía, Petro convocó a la movilización pacífica en contra de la decisión. En tanto, Correa indicó que la decisión, además de ilegítima, pone en riesgo los mismos diálogos de paz y el normal desarrollo de las próximas elecciones presidenciales en un país clave como Colombia para Sudamérica.
Cabe recordar que la misma táctica de destitución sacó de la trolla electoral a la senadora Piedad Córdoba, actor clave en el canje de prisioneros de guerra y búsqueda de abrir cauce político a la oposición en armas en Colombia.
“La táctica de la derecha es golpear opositores”, señaló el entrevistado quien indicó que con una inhabilitación por quince años se está desterrando a Petro de entre los liderazgos políticos alternativos de un país gobernado históricamente por dos bloques partidarios. “Con esto están buscando que la política no se oxigene”, concluyó Correa.


La otra visión sobre Tata Madiba


''El movimiento por la justicia ambiental y mi propio activismo por la justicia ambiental se basan en la experiencia de haber trabajado con Madiba para que todos los sudafricanos pudieran gozar de la vida consagrada en nuestra Constitución: una vida en que las personas mantengan relaciones de solidaridad y equidad entre sí, relaciones positivas con el medio ambiente, sin dañarlo.
Ingresé a la Universidad en una época de gran agitación política, en la década de 1980. Como todo estudiante joven, ingresé a la universidad sin tener mucha consciencia política pero, de inmediato me vi sumergido en la política estudiantil que forjó mi lucha personal por la justicia social, una lucha que, a partir del 25 de marzo de 1995, se fundaría en el movimiento por la justicia ambiental. Aquel día, durante una manifestación frente a la refinería de petróleo Engen (antiguamente Mobil), el Presidente Mandela se detuvo, salió de su coche y nos preguntó: '¿Por qué se están manifestando?' Aquel proceso íntimo de una persona poderosa dispuesta a escuchar las preocupaciones de la gente de primera mano, y luego actuar en consecuencia, es una experiencia de profunda humildad que nos acerca a los ideales de la democracia. Era un momento de idealismo, aunque con una pizca de transigencia, de la que Madiba nos recordó cuatro días más tarde, el 28 de marzo, cuando se reunió con nosotros, los representantes de los manifestantes, alrededor de la misma mesa en que estaban los ministros más importantes de su Gabinete y los presidentes y gerentes de Engen. Allí, insistió, del modo en que solo Mandela podía hacerlo, en que Engen resolviera el problema de la contaminación. Al mismo tiempo, nos recordó que un buen líder sabe cuándo transigir.
Mandela, a diferencia de cualquier otro líder político de Sudáfrica, dedicó mucho tiempo a tratar de entender el incipiente movimiento por la justicia ambiental en la década de 1990, que unió a blancos y negros, a la población rural empobrecida y a la población urbana rica, a las comunidades y los trabajadores, los activistas de género y la iglesia. En 1993, la visita de Mandela en el hospital a los trabajadores intoxicados de la empresa Thor Chemicals (que estaban muriendo por intoxicación de mercurio debido a que el ex régimen del apartheid había permitido la importación desde Europa de desechos tóxicos y de tecnología de reciclaje defectuosa), convirtió la lucha de los trabajadores en una lucha por la justicia ambiental.
El movimiento por la justicia ambiental ha crecido a nivel mundial, y ahora lucha por la justicia climática y energética, intenta encontrar soluciones políticas a la emergencia planetaria que afrontamos como consecuencia del poder y la avaricia de las empresas que afectan a las comunidades y los trabajadores. El cambio climático ya está afectando a las personas: de los habitantes de las llanuras aluviales de Bangladesh, a los barrios tóxicos del sur de Durban, donde las refinerías de petróleo siguen liberando gases tóxicos y gases de efecto invernadero en las comunidades, de los cada vez más numerosos refugiados de África debido a la sequía sin precedentes, seguida de inundaciones, a quienes pierden su tierra como consecuencia de la demanda insaciable de las empresas de extraer aún más combustibles fósiles y minerales. Estas personas necesitan los ideales de Mandela. En lo más profundo de mí ser, siento que si Madiba hubiera estado activo en los últimos diez años, estaríamos en otro lugar con respecto al dilema del continuo estancamiento e inacción frente al cambio climático. Estaríamos dentro de las negociaciones, hablando, en lugar de tener que salir de lo que deberían ser espacios democráticos funcionales como las Naciones Unidas.
Tata Madiba tuvo una vida muy difícil, al igual que muchos sudafricanos que desafiaron el estado colonial del apartheid. Fue miembro activo de Umkhonto weSizwe y de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. Fue un defensor de la libertad. Ahora descansa en paz, habiendo cumplido su tarea en el mundo. Su tarea no consistió solamente en el trabajo político que liberó a Sudáfrica y nos permitió una paz conciliadora, sino que también consistió en haber inspirado íntimamente a las personas en sus luchas locales en Sudáfrica.
Nuestro padre, Madiba, reconoció que todos somos fundamentales en la lucha por una nueva Sudáfrica, no solo aquellos que tenían poder empresarial en Sudáfrica. Todos los sudafricanos éramos iguales para Madiba. Todos éramos poderosos. Todos éramos débiles. Todos humanos.
Madiba no era un santo, era un ser un humano que cometió errores y aprendió de ellos. Cometió errores y se fortaleció a partir de esos errores. Era un ser humano como todos nosotros. Estaba dispuesto a luchar por la dignidad que debe ser un derecho de todos. Estaba dispuesto a sufrir y luchar, al igual que tantos otros lo hicieron y murieron sin reconocimiento. Creía que era una de las personas que debía luchar, y que ello no le brindaba una posición de privilegio.
Nunca renunciemos a nuestra lucha por la verdad y la justicia, ya que esa es la única cosa a la que Madiba no hubiera querido que renunciáramos. Él quisiera que continuáramos enfrentando al poder, como lo hizo siempre. Honremos su memoria al preservar sus valores y pasión por la justicia.
Descansa en paz, Tata Madiba…" *

* Texto escrito por Bobby Peek, director de GroundWork - Amigos de la Tierra Sudáfrica. 

jueves, 5 de diciembre de 2013

Lamentable pero cierto


Alojamientos turísticos en África que emulan chabolas donde viven la mayoría de los africanos empobrecidos

El Emoya Luxury Hotel Spa es un alojamiento sudafricano cercano a la ciudad de Bloemfontein. Uno de esos hoteles de rango medio-alto sudafricano que cuenta entre sus servicios con un spa, restaurante, centro de conferencias y bodas y una pequeña reserva de animales salvajes. Luego, para los clientes que quieran pasar allí la noche, el hotel ofrece dos tipos de alojamiento.

El Basotho Village, un cinco estrellas, con cuartos muy lustrosos, jacuzzi en algunas habitaciones y con un precio por noche de entre 100 y 170 euros. Y ofrece la opción de dormir en la denominada como Shanty Town que es ni más ni menos que "la recreación de una township o barriada donde viven hacinados en Sudáfrica millones de personas en la más absoluta miseria". El coste por cuarto es de unos 75 euros.

Esta es la última vuelta de tuerca a un polémico negocio que sacude algunas ciudades africanas, el denominado ''Turismo de la Miseria''. Según la descripción que hace el propio hotel de su Shanty Town "ahora usted puede experimentar alojarse en una chabola en el entorno seguro de un coto de caza privado. Esta es la única Shanty Town en el mundo ¡equipada con calefacción y conexión inalámbrica a internet! La Shanty Town es ideal para el trabajo en equipo, barbacoas, fiestas temáticas de lujo y vivir una experiencia así una vez en la vida. Con capacidad para 52 huéspedes, nuestras chabolas son completamente seguras, incluso para los niños"

Creemos que además de una lamentable burla a la vida de millones de personas que padecen una cruel realidad de vida diariamente, esta noticia no merece comentario alguno; habla por sí sola y nuestros lectores sabrán interpretar a que nos referimos y elaborarán sus propias conclusiones. 

Financiamiento extranjero a grupos que se hacen pasar por ''revolucionarios'' en Siria


Sadam Yamal, un combatiente opositor sirio, ha reconocido que su grupo armado, la ''Brigada de los Nietos del Profeta'', se encuentra, como no se podía esperar de otra forma, financiado por servicios secretos extranjeros. Entonces podríamos decir contundentemente lo mismo que hemos afirmado con otros casos de países de Medio Oriente o el norte de África: lo que tenemos delante de nuestros ojos no es una revolución sino una INVASIÓN.

En una grabación, Yamal presenta su renuncia y arrepentimiento por participar en el proyecto de su grupo, financiado por servicios de inteligencia de otros países. Yamal asegura en el vídeo que en las reuniones de la comandancia del grupo solían estar presentes miembros de la inteligencia de un estado del Golfo Pérsico, de otros países vecinos de Siria y occidentales.

Señala, además, que la financiación corría en sus comienzos a cargo de un país del Golfo, pero que después empezó a pagar otro Estado más grande porque “el primero apoyaba una determinada tendencia islamista siria”.

Los principales apoyos financieros y logísticos de los grupos opositores armados sirios que buscan derrocar al legítimo presidente Bashar Al Assad son: Turquía, Catar y Arabia Saudita, además de países occidentales como Reino Unido, Francia, y Estados Unidos.

El ELN cumplió su palabra


Un ingeniero secuestrado en julio de 2012 fue entregado este domingo por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) a una comisión integrada por autoridades religiosas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), confirmó el organismo humanitario. "Nos complace informar que el ingeniero que estaba secuestrado desde el 30 de julio del año pasado, fue entregado a una comisión humanitaria", dijo la coordinadora de comunicación del CICR, Patricia Rey.

La liberación de Andrés Montes tuvo lugar en una zona rural del norte del departamento de Antioquia (noroeste de Colombia), donde fue recibido por el CICR, el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, un líder de la compañía de Jesús y una médica que hizo un examen preliminar al liberado. "Tras el examen se determinó que el ingeniero colombiano se encontraba en condiciones físicas aptas para su traslado a la ciudad de Caucasia y luego a la ciudad de Medellín (capital de Antioquia)", dijo Rey.

"Estoy muy contento, muchas gracias a mi familia por el apoyo, el poder escucharlos era un estímulo, un oxígeno en la selva", manifestó el ingeniero en declaraciones a medios tras recuperar la libertad. Asimismo, afirmó que no siente rencor hacia el ELN. "Tenemos que seguir adelante, el perdón es la clave para salir adelante, no tengo resentimientos", subrayó.

Montes había sido retenido el 30 de julio de 2012 en el municipio de Anorí por hombres armados, que posteriormente se identificaron como miembros del ELNLa liberación del ingeniero había sido anunciada por el grupo guerrillero a comienzos de noviembre, poco después de dejar en libertad a tres trabajadores petroleros que tuvo cautivos por casi dos meses. La guerrilla no obstante pidió a la empresa para la cual trabajaba Montes, la Compañía Agrícola La Sierra, abandonar el país.

El pasado viernes el líder del ELN, Nicolás Rodríguez, reiteró su disposición para iniciar un diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aún en medio del conflicto. Rodríguez, alias "Gabino", aseguró que ya tienen designados a cinco de sus integrantes para representarlos en esa eventual negociación. Santos ha manifestado por igual su disposición de emprender un diálogo. Su gobierno lleva a cabo conversaciones de paz desde hace un año en La Habana con la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Día Internacional de Lucha contra el SIDA

Cerca de 2,3 Millones de personas fueron infectadas por el virus VIH/SIDA en todo el planeta en el 2012, sumándose a los 35,3 millones de personas que ya conviven con el virus en el mundo. Los registros también indican que 1,6 millones de portadores de VIH han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA el año pasado.

Aunque las cifras siguen siendo altas, se observa una reducción de 33% en el número total de nuevas infecciones y 52% en las infecciones de los niños desde el año 2001, gracias al trabajo de prevención y el creciente acceso al tratamiento antirretroviral, que también incidió en reducir el número de muertes por la enfermedad. El pasado domingo, 1 de diciembre, personas de todo el mundo unieron fuerzas en el Día Internacional de Lucha contra el SIDA.

En América Latina y el Caribe, el acceso al tratamiento antirretroviral ha superado las expectativas: tres de cada cuatro personas infectadas recibe tratamiento en la región, según el informe "Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de la salud pública en América Latina y el Caribe 2013", la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ Organización Mundial de Salud (OMS). Este dato pone el continente latinoamericano por delante de otras regiones en desarrollo en el tema de la cobertura del tratamiento antirretroviral.

Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, Guyana y México son los países que ya han logrado la cobertura universal, es decir, más de 80%, el tratamiento anti-retroviral. Otros 11 países están cerca de lograr ese objetivo, con una cubierta junto a o mayor de 70%, como es el caso de las Bahamas, Belice, Costa Rica, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad/ Tobago y Venezuela.

Según el informe, en diciembre de 2012, 725 000 personas estaban recibiendo tratamiento antirretrovirales en América Latina y el Caribe. El número es equivalente a 75% del número total de personas estimadas para recibir tratamiento.

Siete países de la región: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Honduras, están siguiendo la recomendación de dar tratamiento anti-retroviral en una etapa inicial de la infección por VIH, tanto para mejorar la salud, como para reducir los riesgos de transmisión. Sin embargo, Brasil ha anunciado su plan para adoptar la política de "test and treat", es decir, ofrecer tratamiento anti-retroviral para todas las personas con diagnóstico de infección por el VIH.

El informe también muestra los avances de los países en reducir su dependencia del financiamiento externo para ese tipo de tratamiento, pero demuestra que los precios pagados por los diferentes países para las drogas anti-retrovirales varían ampliamente. En algunos lugares, la diferencia en el precio de la misma medicina es 77 veces más alta que en otros países. En promedio, 75% de los presupuestos de los países para el cuidado y tratamiento del VIH están destinados a la compra de medicamentos antirretroviralesSegún el informe, la cobertura del tratamiento antirretroviral es menor para los niños. De las 725 000 personas reciben medicamentos antirretrovirales en América Latina y el Caribe, unos 26,9 mil son niños menores de 15 años.

Acciones

En celebración del Día Mundial de Acción contra el VIH/Sida, el Ministerio de Salud de Brasil lanzó una nueva estrategia que proporciona el tratamiento anti-retroviral a todas las personas viven con el VIH, independientemente de volumen de las células de defensa CD4. Además, en varios Estados del país habrá actividades de prevención del virus y prueba rápida para la detección, o no, de VIH.

En Venezuela, la organización Stop/VIH, que lleva a cabo campañas preventivas sobre la enfermedad, promovió, el 1 de diciembre, la Corrida 10 k y la Caminata 5 k, en la Isla de Margarita.

El Día Mundial de Acción contra el VIH/SIDA se celebra cada 1º de diciembre para llamar la atención sobre el virus VIH/SIDA y para demostrar la solidaridad internacional contra esta pandemia. El objetivo es crear conciencia de los peligros de la infección.

''Cacería humana''


Mientras el Frente Nacional de Resistencia Popular, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y los movimientos sociales hondureños siguen denunciando a las elecciones presidenciales del domingo 24 de noviembre como una farsa electoral, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los luchadores sociales de ese país se mantiene intacta. Este lunes 2 de diciembre, integrantes del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), de la comunidad de Panamá en el municipio de Trujillo, Colón, denunciaron una “cacería humana” a sus dirigentes, reconocidos por reclamar tierras que se encuentran en posesión del empresario latifundista Miguel Facussé.
Los responsables del ataque son los mismos que vienen causando terror entre las comunidades campesinas del Bajo Aguán en los últimos años: la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch del estado hondureño y la seguridad privada de Facussé. En octubre de este año, la organización Acción por los Derechos y el Movimiento Campesino Unificado del Aguan de la Margen Derecha presentaron a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) una petición en donde denunciaron los más de 100 asesinatos cometidos contra integrantes de organizaciones campesinas desde 2010 en la región del Aguán
Además de los asesinatos, la lista de denuncias que hacen las organizaciones de la comunidad de Panamá es larga: violaciones de mujeres, amenazas, intimidaciones tanto a adultos como a niños, allanamientos, represión con gases lacrimógenos y disparos con armas de fuego, toques de queda arbitrarios, incriminaciones infundadas con miras a criminalizar la lucha de los y las campesinas.

Día Internacional de Lucha contra los Agrotóxicos


La incidencia de los agrotóxicos en la agricultura empresarial actual ha abandonado los límites de la salud de agricultores, suelos y cursos de agua para transformarse en un aspecto estratégico de la expansión del capital y asumido el nivel de enfrentamiento en el medio rural entre dos modelos: el agronegocio y el agroecológico.
Eso quedará de manifiesto muy claramente en 2014, año en que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) centrará sus acciones en la Agricultura Familiar, a lo cual los movimientos sociales han agregado la denominación de campesina, agroecológica y no patriarcal.
En el Día Internacional del no uso de Agrotóxicos (3 de Diciembre), sobre estos elementos versó el diálogo de un medio alternativo con Cleber Folgado, del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA-Vía Campesina) de Brasil y coordinador de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida.
Esta campaña organizó recientemente un encuentro en la ciudad de Recife, estado de Fortaleza, Brasil donde se avanzó en la elaboración de un Dossier Continental donde se sistematizan efectos, resistencias y alternativas a los agrotóxicos.
''La base fundamental de dicho documento fueron las experiencias de representantes de once países de América Latina y el Caribe'', dijo Folgado. ''Lograr una mayor organicidad dentro de la campaña y colocar la lucha por un modelo de transición hacia la Agroecología en la agenda de las organizaciones de masas en el continente, asoman como algunos de los desafíos para el año entrante'', añadió.

“Extractivismo, conflictos y resistencias”


El avance del modelo neoliberal sobre los territorios del Sur Global, producto de la división internacional del trabajo y que resulta en la reprimarización de las economías de países con abundante patrimonio natural, ha generado conflictos socio ambientales que cobran cada vez mayor relevancia y constituyen la preocupación central de las organizaciones, movimientos y procesos sociales. Sobre ese marco, el grupo de Amigos de la Tierra Internacional en Colombia, Censat Agua Viva, junto al Movimiento Ríos Vivos de ese país han convocado para esta semana, desde el miércoles al viernes, a un seminario internacional en Bogotá.
Precisamente el título de este seminario, que será transmitido en streaming de audio y video por el canal de Radio Mundo Real desde la capital colombiana es “Extractivismo, conflictos y resistencias”, dijo María Pinzón, integrante de CENSAT y parte del equipo organizador del seminario.
La ampliación de las fronteras extractivas en América Latina, como en otros lugares del mundo, exacerban la territorialización del capital al tiempo que desplazan de sus territorios a grupos étnicos, comunidades campesinas y pobladores urbanos, reza la convocatoria. En los últimos años y como continuación de las estrategias de mercantilización de la vida y de los intentos por convertir al Planeta en mercancía para la acumulación capitalista, ha surgido la financiarización de la naturaleza ligada directamente a la propuesta de ''economía verde'' y la gobernanza corporativa ambiental, agrega.

¿Desmaterialización de la Economía?

María Pinzón dijo desde Bogotá que se contará con líderes y lideresas de comunidades en resistencia a proyectos extractivos, como ejemplo de los cuales citó la minería de oro, de carbón y las megarepresas hidroeléctiricas, aunque sin soslayar el agronegocio y sus monocultivos, por ejemplo de agrocombustibles.
En base al análisis de estos procesos, de sus convergencias y divergencias, agregó la integrante de Amigos de la Tierra Colombia, se debatirá sobre la tesis de desmaterialización de las economías capitalistas hoy en nuestro continente.
El Seminario–Taller se presenta como escenario propicio para reflexionar sobre las formas en las que se expresa el extractivismo en Colombia, profundizar en los conflictos que emergen de él y en las narrativas de las resistencias que tienen lugar en la actualidad.

El Seminario está siendo transmitido desde el día de ayer y va hasta el viernes 6 de diciembre, por Radio Mundo Real a través de su canal de Ustream.

Manifestación reprimida


El pasado domingo 1 de diciembre se cumplió un año de mandato del presidente de México Enrique Peña Nieto, y organizaciones sociales se movilizaron y se concentraron en el Zócalo del Distrito Federal ante quejas y denuncia por la privatización del petróleo y la abierta participación de las transnacionales, aumento del costo del metro y la reforma educativa que rechaza la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación
La concentración estuvo marcada en un mitín encabezado por Andrés Manuel López Obrador que refrendó el carácter pacífico del movimiento y sostuvo que todas las acciones de resistencia civil se enmarcan en la no violencia. Sin embargo una periodista detenida arbitrariamente y con exceso de fuerza, un medio de comunicación agredido con piedras en sus instalaciones, así como 2 comunicadores golpeados por agentes antidisturbios conocidos como granaderos, fueron los ataques a la libertad de expresión durante esta jornada popular.
La reportera Alejandra Natalia Rodríguez Escobar del portal “Somos El Medio” fue detenida arbitrariamente por agentes de la policía cuando cubría el ataque a las instalaciones de Televisa. Periodistas y medios populares denunciaron el vil ataque a la libertad de prensa y reiteran que el trabajo periodístico en el contexto de manifestaciones resulta de especial importancia para que la sociedad conozca asuntos de interés público, por lo que las autoridades tienen el deber de prevenir las agresiones contra la prensa.

Ilegales y violentos


Las amenazas, acoso y violencia perpetradas contra el bloqueo realizado por los integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la construcción de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz de la multinacional Monsanto, en la localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, han sido constantes desde que esta asamblea decidió el 18 de setiembre de este año tomar esta medida. El día 28 de noviembre la violencia alcanzó su punto más alto, luego de que un ataque dejara a más de 20 personas heridas.
“Entre las siete y ocho de la mañana vino un colectivo con 60 personas con dirigentes de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), fueron directamente a una de las puertas donde estábamos con las carpas, y con palos, pedradas y patadas sacaron a los chicos que estaban acampando pacíficamente”, comenzó a narrar en entrevista con un medio alternativo, Celina Molina integrante de la asamblea, apenas salida del hospital a causa de los golpes que recibió.
Luego del desalojo violento comenzaron a ingresar camiones a la planta, por lo cual los y las asambleístas volvieron para intentar impedir ese ingreso: “nos tiramos en el piso, y había dos o tres mujeres que nos intentaron sacar de arrastras, y mandaron a cinco mujeres más para que nos sacaran; nos agarraron a patadas, a trompadas en la cabeza, nos tiraron del pelo”, relató Celina. Entre las integrantes apaleadas, se encontraba Sofía Gatica, referente también del colectivo Madres de Ituzaingó Anexo, quien hace no más de una semana fuera agredida, además de haber sido amenazada de muerte el 19 de noviembre, cuando un hombre le mostró un arma y amenazó: “vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas”, según relató la luchadora.
Además de infligir daños físicos, quienes irrumpieron en el bloqueo (personas contratadas por dirigentes de la UOCRA, según afirma Celina), sustrajeron computadoras y destruyeron las instalaciones que habían construido los vecinos.

El granero transgénico del mundo

La planta proyectada de Monsanto para esta localidad argentina tendría una capacidad máxima de producción de 3,5 millones de bolsas de semillas para la siembra, según información de la propia multinacional. Sería una de las mayores plantas de producción de semillas de maíz del mundo. Sin embargo, tal envergadura no se reflejó en el proceso de aprobación de su construcción: “La aprobación que se le dio a Monsanto para la construcción de esta planta es ilegal; debió haber sido aprobada por un comité interdisciplinario y tan sólo lo firmaron dos personas. No cuenta con estudios de impacto ambiental”, afirmó Celina.
Y a pesar de este carácter ilegal, las vecinas de Malvinas Argentinas no logran obtener respuesta alguna desde la Justicia. Cuenta Celina: “hemos presentado recursos de amparo, pero la justicia no resuelve, pero tampoco nos rechaza. Queremos mediante un recurso extraordinario poder acceder a la Corte Suprema de la Nación, y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no lo permite. Nos están negando el acceso a la Justicia.
Ante los hechos crudos de violencia se convocó una marcha que se llevó a cabo el pasado 29 de Noviembre en el centro de la ciudad de Córdoba. En cuanto a la medida de bloqueo a la planta, Celina es clara: “el acampe lo vamos a mantener”.

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