Crisis energética: ¿La rifamo' o la vendemo'?

Protesta sindical en México

El presidente de México, Felipe Calderón, decidió disolver la empresa estatal de energía Luz y Fuerza del Centro (LFC). La medida implicó el despido de 44.000 trabajadores, que han comenzado a ser indemnizados.

La empresa prestaba el servicio público de energía en la capital mexicana y en 132 municipios de los vecinos estados de Puebla, Hidalgo, Estado de México y Morelos, una zona con una población total de 25 millones de habitantes.

La medida ha provocado las protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Gobierno y el sindicato abrieron una mesa de diálogo, que finalmente, y de momento, se ha cerrado sin acuerdo. Los sindicalistas han advertido que sólo regresarán a la mesa de negociaciones si las autoridades presentan propuestas viables para resolver el problema existente con los trabajadores despedidos.

El líder del sindicato, Martín Esparza, calificó el diálogo como una farsa y advirtió que el Sindicato Mexicano de Electricistas intensificará su movimiento de resistencia, que cuenta con el apoyo de organizaciones de izquierda y de otros sindicatos. Además, denuncian la implicación de empresas multinacionales extranjeras en el conflicto, entre ellas varias españolas.

Aquí va un poco de las multinacionales españolas de la energía...

Aunque parezca que estas multinacionales llevan toda la vida establecidas en América Latina, lo cierto es que están ahí únicamente desde mediados de los noventa. Las reformas económicas que se implantaron en la época dorada del neoliberalismo, conocidas como el Consenso de Washington, les allanaron el camino y les permitieron asentar sus actividades en todo el continente. Endesa y Repsol eran empresas públicas que, tras su privatización, dispusieron del capital necesario para invertirlo en su expansión latinoamericana. El hecho es que todo este proceso ha ido acompañado de una sucesión de graves impactos sobre los pueblos de América Latina, acumulándose una enorme deuda ecológica y social en el "curriculum" de las transnacionales.

Endesa es la primera multinacional del sector de la electricidad en América Latina y está presente en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y en toda Centroamérica. La actividad en esta región le reporta un 31% del beneficio total, el cual se construye a partir de varias líneas de negocio: la compra de empresas clave del sector, la subcontratación de las tareas menos rentables y la construcción de megaproyectos.

El principal megaproyecto de Endesa ha sido la presa de Ralco, en Chile, cuya construcción supuso un gravísimo impacto ambiental, social y cultural. Varios años de presión de la compañía al gobierno permitieron su puesta en marcha, con el consiguiente desplazamiento de las comunidades mapuche-pehuenche de su tierra ancestral. Por otra parte, las consecuencias ambientales van más allá de la inundación de un territorio con alto valor ecológico, sin ir más lejos, en julio del 2006, las abundantes lluvias y la apertura de las compuertas de las centrales hidroeléctricas provocado riadas que mataron a siete personas.

Como si fuera poco, Endesa participa en la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica Para América Central (SIEPAC), cuyo propósito es conectar México con Colombia a través de una red de transmisión eléctrica de casi 2.000 km que pasa por toda Centroamérica, con el objetivo final de proporcionar energía al mercado norteamericano en estos tiempos de crisis energética. Este proyecto se encuadra en el Plan Puebla-Panamá, una estrategia de desarrollo regional auspiciada por el Banco Mundial y que impulsará el negocio de las multinacionales de la energía que operan en la región, como Unión Fenosa.

Unión Fenosa está presente en México, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Colombia. La empresa actualmente controlada por la constructora ACS entró en el mercado eléctrico centroamericano comprando las empresas estatales. En el caso de Guatemala, donde Unión Fenosa posee más del 90% de las dos principales empresas distribuidoras, la eléctrica española se benefició de la puesta en marcha del Programa de Electrificación Rural, cuya financiación se supeditó a la entrada de compañías transnacionales según el dictado de las instituciones financieras internacionales. Idéntica receta se aplicó en Nicaragua, lo que llevó a Unión Fenosa a adquirir las dos mayores empresas y a controlar el 92% de la distribución eléctrica del país.

Si bien es cierto que estos planes han ampliado la cobertura eléctrica, no es menos cierto que la calidad del servicio es bastante baja, lo cual provoca protestas por parte de la ciudadanía. El fenómeno más típico de este mal servicio son los apagones. Visto lo visto, y dado que Unión Fenosa considera “una de sus primeras responsabilidades el fomento del uso racional de la energía”, no sería de extrañar que la empresa incluyera en un futuro los apagones como método de ahorro energético. Pero los problemas no acaban ahí, ya que, según las denuncias realizadas por diferentes organizaciones sociales de Centroamérica, se han venido produciendo constantes incrementos de las tarifas, emisión de facturas desorbitadas y una pésima atención al usuario.

Por último, Repsol YPF es la empresa multinacional líder del sector de los hidrocarburos en América Latina. Lo que catapultó a esta antigua empresa estatal a la categoría de transnacional fue la compra del gigante argentino Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que le permitió centrar gran parte de sus actividades en Argentina y, al mismo tiempo, extenderse a casi todos los demás países del continente: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela. En el 2004, el 88% de su resultado operativo provino de América Latina.

Esta expansión por toda América Latina le ha reportado suculentos beneficios, a la par que una enorme lista de impactos sociales, ambientales y culturales sobre los pueblos de la región. Por ejemplo en Argentina, donde la contaminación generada por el yacimiento de Loma de la Lata ha afectado a las comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil, y donde la privatización de YPF trajo una gran pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales. O en Ecuador, país en el que las actividades de Repsol YPF en el Parque Nacional Yasuní repercuten sobre la etnia huaorani, y donde la multinacional española forma parte, junto con otras seis empresas, del consorcio que explota el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que transporta el petróleo desde la selva amazónica hasta la costa pacífica y afecta a 11 áreas protegidas. Y también en Bolivia, donde Repsol llevó a cabo sus operaciones en el Territorio Indígena Multiétnico, en el cual conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés, en el Territorio Indígena Chimán y en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, sólo por citar algunos de los territorios en los que habitan etnias amazónicas que la multinacional supo "invadir".