El caso de Silvino Talavera

Este caso se remonta al 6 de enero de 2003, día en que Silvino fue rociado con glifosato al pasar por debajo de uno de los brazos de la pulverizadora con la que los productores alemanes estaban realizando tareas de fumigación en un cultivo de soja, a escasos 15 metros de la casa de la familia Talavera.

Silvino volvía de hacer los mandados y en un bolso de mano traía un trozo de carne que también fue alcanzado por el químico, pero como la madre del pequeño ignoraba la gravedad del hecho, utilizó la carne para la preparación del almuerzo familiar.

También resultaron víctimas de las fumigaciones los padres del niño y sus hermanos Ramón, Sofía (quien sufre secuelas hasta hoy), Justiniano y Patricio.

Los Talavera tocaron luego a innumerables puertas, atravesaron numerosos obstáculos, intimidaciones y hasta amenazas de muerte de parte de gente vinculada a los poderosos sojeros imputados por “fumigar” a Silvino.

Tras una larga batalla judicial, los productores sojeros alemanes Alfredo Lauro Laustenlager y Hernán Schlender Thiebaud, que causaran la mencionada muerte, fueron sentenciados esta semana a dos años de prisión sin pena sustitutiva.

Uno de los jueces que intervino en la causa, Luis Alberto García, manifestó que Silvino murió a consecuencia de una intoxicación por agroquímicos. “Nosotros (los miembros del jurado) llegamos a la conclusión de que ese lanzamiento de tóxico realizado por Schlender, y que afectó al niño en medio de un camino angosto, le ha causado finalmente la muerte. Obviamente, el pequeño absorbió el agroquímico por las vías respiratorias, vía oral y también lo absorbió por la piel”.

A Laustenlager se lo condenó a su vez por homicidio culposo, porque en el momento del lanzamiento del tóxico existía la posibilidad de afectar a la familia Talavera, que reside a escasos metros de las plantaciones de soja que ambos alemanes tienen en el distrito de Edelira, a unos 100 kilómetros de la capital del departamento de Itapúa.

La sentencia fue alegría por representantes de diversas organizaciones ambientalistas, sociales y comunitarias que siguieron de cerca el caso y que iniciaron una campaña a favor de que se haga justicia para la familia de Silvino Talavera. Entre ellas figuran la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, organizaciones campesinas de Itapúa, BASE-IS, Capacitación y Tecnología Campesina CECTEC, Centro de Estudios e Investigación de Derecho Rural y Reforma Agraria, Alter Vida, Kuña Róga, Sobrevivencia. También realizaron seguimiento al caso la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), la Red Internacional para la Democracia y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).

Ulises Lovera, técnico de Alter Vida, manifestó que el dictamen sienta un importante precedente judicial en la problemática planteada a partir de la utilización de agroquímicos en los cultivos de soja transgénica. De ahora en más, subrayó, habrá de parte de los agricultores una mayor responsabilidad en el uso de los tóxicos y un mayor respeto y acatamiento a las normativas.

Este fue el segundo juicio realizado por el mismo caso, ya que en abril de 2004 ambos productores habían sido condenados a dos años de cárcel por el mismo hecho, con medida sustitutiva de prisión a cambio del pago de una indemnización de 50 millones de guaraníes a la familia Talavera. Sin embargo, Laustenlager y Schlender lograron el apoyo económico de otros importantes sojeros, distribuidores de agroquímicos y dirigentes políticos locales del gobernante Partido Colorado. La Corte Suprema anuló luego el fallo en primera instancia y ordenó la reposición del juicio.

Para el abogado de la defensa, Daniel Báez, este segundo fallo es “muy categórico y peor que el anterior”. Báez indicó que esperará a leer la sentencia para analizar con sus clientes una eventual apelación.