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viernes, 18 de diciembre de 2009

Universidades ayudando al sistema: España es solo un ejemplo


La presencia de las empresas en la universidad desde la imposición de Bolonia, cada vez es más evidente. La industria del armamento no es ajena a esto. Pese a que 13 universidades españolas ya tienen en sus estatutos disposiciones contrarias a la investigación militar, hay otros centros que no sólo siguen manteniendo vinculación con las empresas de armas, sino que la fomentan aún más. Las colaboraciones más significativas son las de Navantia con la Politécnica de Cartagena, y los de EADS con la Politécnica y la Carlos III de Madrid, además de la Universidad de Sevilla.

Las conexiones entre las universidades españolas y la industria del armamento están intensificándose en los últimos años. Pero no es un fenómeno nuevo. En la Universidad Politécnica de Cartagena llevan años colaborando con Navantia. Esta naviera, que surgió de las cenizas de la antigua IZAR, se dedica a la construcción de barcos de guerra y submarinos. Los investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena participan activamente desde 1999 en el diseño del submarino S-80, exportado a países como Malasia. En los últimos años se han suscrito nueve proyectos conjuntos de investigación, donde se pusieron recursos universitarios al alcance de esta industria militar. También colabora con la Universidad de Cádiz a través de la fundación universidad y empresa local. Un directivo de esta empresa fue presidente del consejo social de la Universidad Politécnica de Cartagena hasta 2006. Donde se supone que están representados los intereses de la sociedad en la gestión del presupuesto universitario, se coló José Del Pino, alto cargo de Navantia, que está imputado desde 2005 por manejar una presunta caja B en las cuentas de los astilleros públicos. La universidad de Sevilla también colabora con Navantia realizando portes militares de software, es decir, adaptando programas creados en un ordenador a componentes específicos de barcos.


Investigación militarizada


En el consejo de la Universidad Carlos III de Madrid se sentaba el presidente de la filial española de EADS. En este caso Carlos Suárez fue destituido el pasado febrero por sus diferencias con la política de la empresa matriz, y cedió su asiento a otro directivo del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales, que tiene un 5% de EADS). Esta universidad mantiene una estrecha vinculación con el gigante del armamento EADS. El consorcio, que aspira a ser conocido sólo por su producto emblema, el avión Airbus, es el segundo fabricante europeo de armas. Entre sus productos y los de sus sociedades participadas se encuentran cazas, helicópteros de combate, todo tipo de misiles (incluidos nucleares) y satélites militares. La universidad materializa su colaboración cediendo espacio de su parque tecnológico en Leganés. Al Centro Mixto de Integración de Sistemas Aeroespaciales (que así se llama la instalación) la universidad aporta personal investigador cualificado y estudiantes en prácticas, así como personal administrativo y recursos técnicos. A cambio, EADS financiará las instalaciones con una dotación económica irrisoria para los 13.100 millones de dólares que facturó en 2007 el ala bélica de la compañía. Las investigaciones que se desarrollan de forma conjunta en este centro pueden tener un doble uso militar y civil. No acaba ahí la vinculación. Desde este año, se oferta un máster de forma conjunta entre EADS y esta universidad. El máster versará sobre integración de sistemas en aeronaves, sin especificar si se trata de sistemas destinados exclusivamente a aeronaves civiles.


El consorcio europeo también tiene nexos con la Universidad de Sevilla. Desde la firma del convenio de colaboración en diciembre de 2008, la cátedra EADS forma parte de las patrocinadas por empresas en esta universidad. Este acuerdo lo firmó en el Ministerio de Industria una universidad más, la Politécnica de Madrid, donde también tienen otra cátedra de renombre en el mundo del armamento. La cátedra Unión Explosivos Españoles (UEE) rinde homenaje al antiguo consorcio del que formaba parte Expal (Explosivos Alaveses SA). Esta compañía es conocida por haber fabricado minas antipersona y bombas de racimo, entre otros explosivos y municiones. UEE cambió su nombre por Maxam Corp, en un claro intento por desvincularse de los antecedentes oscuros de la historia de Expal, pues las minas de esta empresa aún infectan sitios como el Sáhara o Colombia. Desde esta cátedra se dirigen investigaciones acerca de explosivos que pueden tener un uso civil o no. Este caso es especialmente relevante porque la politécnica ha incorporado a sus estatutos disposiciones favorables a la paz, aunque sin excluir literalmente la investigación militar.


Ocurre algo similar en la Universidad de Zaragoza. Indra es una empresa que fabrica dispositivos electrónicos para misiles y aviones (tiene la contrata del mantenimiento de los F-18 estadounidenses). Lleva tres años colocando su stand (junto al de EADS) en la feria de empleo que organiza la Universidad en Zaragoza. El primer año, unos activistas antimilitaristas desarrollaron una acción en el evento que les llevó ante los tribunales, donde resultaron absueltos. Indra reconoce en su web que tiene convenio con 28 universidades.


La Banca armada también va a la universidad


La banca es imprescindible en el negocio de las armas, ya que adelanta los pagos a las empresas a comisión. También posee participaciones directas en el sector. La universidad colabora con entidades financieras sin preocuparse de las vinculaciones militares de éstas. El Banco Santander, prácticamente omnipresente en los campus, posee el 23% de Maxam Corp (dueña de Expal) a través de su sociedad Vista Capital. Caja Madrid, que lidera el ránking de la banca armada con sus 128,17 millones de euros en participaciones de Indra, tiene vinculación con todas las universidades madrileñas. Caja Cantabria, ligada a la universidad de su comunidad, posee el 1,2% de Indra. Otra caja cantábrica, Caja Astur posee otro 5% y colabora activamente con la Universidad de Oviedo. La maltrecha Caja Castilla La Mancha, que está presente en la única universidad de su región, tiene participaciones por valor de 21,02 millones de euros en las empresas Aernnova (componentes de aviación), Amper (electrónica de defensa) y Tecnobit (tecnología y adiestramiento militares). En esta última empresa también tiene el 48% Caja Sol, que colabora con las universidades andaluzas. Esta entidad tiene además el 10% de SACESA (componentes aeronáuticos), donde también está representada Unicaja con un 5% del accionariado, vinculada a la universidad de Málaga.


En la Universidad del País Vasco tienen presencia Caja Guipuzcoa, Bilbao Bizcaia Kutxa (BBK) y Caja Vital, con participaciones las tres en la compañía CAF, que moderniza y repara vehículos blindados. Las colaboraciones usuales se concretan con la gestión del carnet financiero universitario, incluir una sucursal en el campus, la financiación de actividades mediante patrocinios, o promoción de productos oferta entre los alumnos. BOTÍN. El Santander posee el 23% de Maxam Corp, dueña de Expal. La presencia de las empresas en la universidad es, desde la imposición de Bolonia, cada vez más evidente. La industria del armamento no es ajena a esto. Pese a que 13 universidades españolas ya tienen en sus estatutos disposiciones contrarias a la investigación militar, hay otros centros que no sólo siguen manteniendo vinculación con las empresas de armas, sino que la fomentan aún más. Las colaboraciones más significativas son las de Navantia con la Politécnica de Cartagena, y los de EADS con la Politécnica y la Carlos III de Madrid, además de la Universidad de Sevilla.

La cumbre de Copenhague sobre el clima o "El traje nuevo del emperador"


"Dinamarca es el país del reconocido escritor de libros infantiles Hans Christian Andersen. Copenhague está lleno de lugares históricos en los que Andersen vivió y escribió. “La Sirenita” es uno de sus cuentos más famosos, y fue publicado en 1837, el mismo año en que se publicó “El traje nuevo del emperador”.


Mientras la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada “COP 15”, ingresa en su última semana, y más de 100 líderes mundiales llegan a la ciudad en medio de crecientes protestas, la idea de que surja un acuerdo vinculante de esta conferencia parece cada vez más un cuento de hadas.


La realidad es más cruda. Las negociaciones han fracasado varias veces, con divisiones entre el Norte global, o los países industrializados, y el Sur global. Estados Unidos lidera a los países del Norte. Es el mayor contaminador del mundo en términos históricos y lidera la lista en cuanto a emisiones de carbono per cápita. Entre las naciones del Sur hay varios grupos, como los países menos desarrollados o PMD; las naciones africanas; y las naciones de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (APEI). Se trata de lugares donde millones de personas viven en constante peligro, afectadas de manera directa por el cambio climático y teniendo que lidiar con sus efectos, desde ciclones hasta sequías, erosión e inundaciones. Tuvalu, cerca de Fiji, y otras naciones insulares, por ejemplo, están preocupadas de que el creciente aumento del nivel del mar borre a sus países del mapa.


Nuevos conceptos sobre esta crisis están surgiendo en la COP 15. La gente habla de justicia climática, de deuda climática y de refugiados climáticos. La científica y activista india Vandana Shiva fue una de las oradoras de la manifestación por justicia climática realizada el sábado en Copenhague, en donde participaron 100.000 personas. Después de su discurso le pedí que respondiera al negociador sobre clima de Estados Unidos, Jonathan Pershing, que dijo que el gobierno de Obama está dispuesto a pagar la parte que le corresponde, pero agregó que los donantes “no tienen fondos ilimitados para desembolsar”. Shiva respondió: “Creo que es hora de que Estados Unidos deje de verse a sí mismo como donante y comience a reconocerse como contaminador, un contaminador debe pagar una compensación por los daños y debe pagar su deuda ecológica. No se trata de caridad. Se trata de justicia”.


Shiva continuó diciendo: “Un refugiado climático es alguien que fue arrancado de su hogar, de la tierra que es su sustento por la inestabilidad climática. Podría tratarse de personas que han tenido que dejar su agricultura debido a la sequía prolongada. Podría tratarse de comunidades en los Himalayas que están teniendo que abandonar sus aldeas, ya sea debido a que las inundaciones repentinas están haciendo desaparecer sus aldeas o debido a que las corrientes de agua están desapareciendo. (…) Podría tratarse de las víctimas de un ciclón – 30.000 en una oportunidad, 100.000 en otra. Nunca regresan a su lugar”.


Tanto dentro como fuera de la cumbre hay una gran diversidad de organizaciones no gubernamentales, desde delegaciones de pueblos indígenas hasta grupos ambientalistas y de jóvenes. Sus esfuerzos, de diverso tipo pero coordinados, han consolidado un nuevo movimiento, un movimiento por la justicia climática. Hay amplio consenso entre las ONGs y el Sur global de que cualquier acuerdo que surja del proceso de la ONU debe ser “justo, ambicioso y vinculante”.


Según informan desde las Naciones Unidas, el propio Bella Center, donde se está desarrollando la cumbre, tiene su capacidad sobrepasada. Miles de personas hacen cola todos los días en el frío, esperando en vano ingresar a al Centro de la Bestia. Miles más, de las ONGs, están teniendo el acceso restringido, aparentemente para dejar lugar a los jefes de Estado que están de visita, sus séquitos y sus guardias de seguridad.


Fuera de la conferencia, Copenhague sufre una represión policial sin precedentes, con la mayor y más cara operación de seguridad en la historia de Dinamarca. Más de 1.200 personas fueron arrestadas el fin de semana, y en el momento en que se publica esta columna, se están denunciando arrestos selectivos a organizadores de las protestas y redadas policiales en los espacios de convergencia de protesta pública. Las tácticas policiales de mano dura le dan otro significado a la “COP 15”.


Al finalizar la marcha del sábado, el Arzobispo sudafricano Desmond Tutu habló en una vigilia por los niños, organizada por el grupo Avaaz.org : «El cambio climático ya es una grave crisis hoy en día. Pero podemos hacer algo al respecto. Si no lo hacemos… si no lo hacemos, no habrá mundo para dejarles a ustedes, esta generación. Ustedes no tendrán un mundo. Se estarán ahogando. Se estarán quemando en la sequía. No habrá alimentos. Habrá inundaciones. Solamente tenemos un mundo. Solamente tenemos un mundo. Si lo arruinamos, no hay otro. Y quienes piensan que los ricos van a escapar, ¡ja, ja, ja! O nadamos o nos hundimos juntos».


Luego, le pregunté al Arzopbispo Tutu si pensaba que el Presidente Barack Obama estaba avanzando en propuestas para solucionar el cambio climático. Respondió: “Esperemos que sí. Su elección le dio mucha esperanza al mundo. El otro día dije que ahora él tiene un Premio Nobel; debe hacerle honor a su premio”.


La semana pasada, mientras la estatua de hielo del oso polar se derretía en el centro de la ciudad, revelando poco a poco el esqueleto de dinosaurio que estaba oculto dentro, una pequeña réplica de hielo de la famosa estatua de La Sirenita de Copenhague se derretía frente al Bella Center. Ahora ya no queda nada de ella. Obama está haciendo su segundo intento de ganar un premio en Copenhague, luego de la vergüenza de los fallidos Juegos Olímpicos de Chicago. A menos que utilice la nueva definición de la Agencia de Protección Ambiental de que el dióxido de carbono es una amenaza a la salud pública para lograr un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, quizá veamos la obra de Hans Christian Andersen “El traje nuevo del Emperador” representada en el escenario mundial".


Amy Goodman. Extraído textualmente de www.rebelion.org/noticia.php?id=97259.

COP 15: No protesten!!!

Represión policial en el COP 15

“Las brutales tácticas de la policía danesa han lanzado una sombra oscura sobre las entrecortadas negociaciones internacionales sobre clima. Amigos de la Tierra Internacional llama a las autoridades danesas a respetar el derecho de protesta e investigar el tratamiento dado a manifestantes pacíficos que estaban haciendo escuchar legítimamente sus demandas por justicia climática y sus preocupaciones sobre las falsas soluciones como la compensación de carbono”. Así se expresó el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, Nnimmo Bassey, según comunicado de prensa de la federación ambientalista, luego de la dura represión policial utilizada contra los manifestantes que el miércoles 17 de este mes quisieron entrar al Bella Center, en Copenhague, donde se realiza la COP 15 de Cambio Climático de Naciones Unidas.

Unos 5000 integrantes de movimientos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo realizaron una acción de desobediencia civil pacífica. Fue organizada por el grupo Acción por la Justicia Climática. Marcharon varias cuadras hasta llegar al Bella Center e intentaron traspasar el cordón policial solamente presionando juntos. Fueron duramente reprimidos por la policía, golpeados y atacados con gases lacrimógenos.

Según algunas informaciones, más de 250 personas fueron detenidas ayer. Varias de ellas permanecen detenidas y dos activistas son acusados de organizar una manifestación violenta. Esas dos personas fueron llevadas hoy ante un juez y lo que se sabe hasta el momento es que por lo menos hasta el 23 de diciembre estarán arrestadas. La gente que estaba dentro del Bella Center no pudo salir a recibir a los manifestantes y varias personas fueron golpeadas allí también.

A pesar de la brutal represión policial, unas 2000 personas se mantuvieron unidas y realizaron la Asamblea de los Movimientos Sociales sentados en la calle, rodeados de policías, muy cerca del Bella Center. Allí hablaron varios representantes de movimientos y organizaciones sociales, activistas llegados desde el Sur, y se dejó bien en alto la bandera de la justicia climática. Luego volvieron en marcha hasta el centro de Copenhague.

Los arrestos del miércoles se suman a los miles realizados en días anteriores. El sábado anterior, cuando 100 000 personas marcharon en Copenhague en el Día de Acción Global por la Justicia Climática, la policía arrestó a varios cientos. Ante un intenso frío, los efectivos policiales mantuvieron a los detenidos sentados en el piso cerca de cuatro horas, con las manos atadas y sin poder ir al baño. Es por eso que los detenidos acusan a la policía danesa de haber sido torturados.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, saludó ayer a quienes se estaban manifestando en las calles en su discurso ante la Plenaria de la COP. Al igual que los activistas, Chávez reclamó “cambien el sistema, no el clima”. Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, pidió a los pueblos indígenas del mundo unidad y organización para salvar a la Madre Tierra. “Nosotros somos los llamados a encabezar esta lucha en la defensa de la Madre Tierra y hacer respetar sus derechos”, arengó durante un encuentro con representantes de pueblos y comunidades indígenas presentes en la COP, según informa la Agencia Boliviana de Información. Morales realiza este jueves su discurso ante la COP 15.

Paul Nyrup Rasmussen: Apostar a lo alternativo

Poul Nyrup Rasmussen

Poul Nyrup Rasmussen, ex primer ministro danés y presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PES) participó de la conferencia contra el G-20, "Poner Primero a la Gente", en el panel denominado "El fracaso de un paradigma pero... ¿cambió algo realmente?". En su exposición, transcrita en este texto, Rasmussen se refirió a las burbujas financieras, la necesidad de regular el sistema y al impuesto a las transacciones financieras. Rasmussen afirmó que "la cuestión de si debemos regular el mercado financiero o no está fuera de discusión. Se trata más de cómo regular el mercado financiero".

"Estaba sentado preguntándome, ¿qué número de conferencia alternativa es esta para ti Poul? Creo que la primera en la que participé fue hace muchos años, como activista sindical – quizá hace treinta años. Les estoy contando esto porque pienso que es sumamente importante que organicemos estas conferencias alternativas, dado que la experiencia de una larga vida política me ha mostrado que no podemos cambiar la política a menos que seamos claros, a menos que seamos muchos, a menos que tengamos una línea clara. En otras palabras, si no luchamos no contamos. Es por eso que las conferencias alternativas como esta son importantes.

En segundo lugar quería contarles que hace mucho tiempo vengo trabajando en la creación de un paradigma alternativo para nuestra economía y para la forma en la que se hacen las cosas en materia de política económica y mercado financiero. No dispongo de mucho tiempo así que voy a ir directo al asunto y voy a contarles que fui uno de los pocos que tuvo acceso al pensamiento y a la información de Lehman Brothers y fue allí que pude constatar cuando se fundieron cuáles eran sus modelos. Era bastante interesante notar que los algoritmos matemáticos utilizados por Lehman Brothers en Wall Street (Nueva York) estaban condicionados por el ideal de la economía de mercado neo-liberal. Su curva de probabilidad consistía en asumir que cada actor del mercado financiero sabía todo acerca de los demás, que había una transparencia total, que no existía ningún actor individual dominante frente al resto, que todos sabían todo y por lo tanto se trataba de un mecanismo de mercado perfectamente transparente, lo cual se transfería por supuesto a una distribución normal de la curva de probabilidades con dos largas colas a ambos lados y totalmente fuera de control en lo que respecta al mundo real.

Incluso George Soros ha demostrado que el panorama actual de la economía de mercado ya sea que hablemos del mercado financiero o de la economía real no tiene cabida alguna cuando se trata de las presunciones neoliberales que acabo de describir. Es todo lo contrario,
se trata de un mercado financiero dominado por unos pocos actores. Existe una separación de información total entre esos pocos y todos los demás. No se cuenta con una competencia transparente, objetiva y de bajo costo sino todo lo contrario. Alguien sabe y los demás no. Hay un conflicto de intereses y en consecuencia todo un conjunto de incentivos que conducen por definición de los modelos matemáticos a burbujas.

Entonces, tenemos a Lehman Brothers asumiendo que vivimos en el mejor de los mundos con una mano invisible que no existe y tenemos el mundo real que es tal cual lo acabo de describir. Por lo tanto, es fácil entender que la característica desde la década del ’50 haya sido tener burbuja financiera tras burbuja tras burbuja debido a que la estructura del mercado financiero es como se describió anteriormente. Y cuando hay una no - competencia del tipo de la que asumía el modelo neoliberal pero se registra todo lo contrario, entonces las estructuras conducen automáticamente a burbujas tras burbujas tras burbujas.
Y seguimos enfrentando la mayor caída desde la II Guerra Mundial. Pero antes tuvimos la llamada crisis punto.com en 2001 y antes de esta, en 1998, la llamada crisis del LTCM, que fue el mayor fondo de cobertura de Estados Unidos, que casi hizo colapsar a todo el mercado financiero. Y con anterioridad puedo mencionar diez, veinte, treinta burbujas financieras.

Entonces, la cuestión de si debemos regular el mercado financiero o no está fuera de discusión para mí. Se trata más de cómo regular el mercado financiero ya que si retrocedemos en la historia al tiempo en el que sí lo regulábamos en los ’60 y comienzos de los ’70, lo hacíamos porque estábamos obligados a hacerlo, porque los otros lo hacían, proviniendo como decían de Ese es mi mensaje."

Guatemala: Un gobierno que brinda las condiciones para la "limpieza social"


Amnistía Internacional condenó al gobierno guatemalteco por no investigar debidamente las ejecuciones extrajudiciales en las que estuvieron involucrados agentes de la policía. Las víctimas son, en general, jóvenes con antecedentes policiales o sospechosos de cometer delitos. La denuncia fue realizada el pasado martes, 15 de Diciembre, por el informe Implicación de la Policía en Homicidios en Guatemala.

El informe señala casos de ejecuciones extrajudiciales (aquellas impetradas por orden de las autoridades o con su complicidad) en las que estuvieron involucrados policías, ex-policías o soldados que llegaron a realizar tareas policiales. Las circunstancias presentadas indican que se trata de "homicidios ilegales y deliberados", como definió Amnistía Internacional.

En la evaluación de Amnistía Internacional, la actuación de "grupos clandestinos" de exterminio ha contribuido al agravamiento de la situación de la seguridad pública nacional. Los casos fueron originados por los grupos paramilitares y parapoliciales creados durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996). Se trata de "redes delictivas", de las cuales participan miembros y ex-miembros del ejército y de la policía, el sector empresarial, las empresas de seguridad privada, delincuentes comunes y miembros de bandas. "Son la esencia del cultivo de la delincuencia organizada y se han introducido en las estructuras del Estado, donde son capaces de utilizar sus puestos y contactos para controlar lucrativas actividades ilegales y asegurar la impunidad", definió el organismo.

"El hecho de que no se hicieran investigaciones eficaces de inmediato, o inclusive, en algunos casos, en los que no se realizó ninguna investigación significativa, indica cierto consentimiento por parte de algunos funcionarios". Para el organismo, la omisión del Estado demuestra el incumplimiento "de su obligación de proteger el derecho a la vida y por la disposición judicial los responsables de violarlo (...)".

A pesar de que Guatemala tiene un alto índice de delincuencia violenta, el país posee un bajo índice de sentencias condenatorias. Datos recientes muestran que el 98% de los homicidios cometidos no son resueltos por la Justicia. El informe señala además que la tasa de delitos violentos en el país creció en los últimos cinco años. Según el Ministerio del Interior de Guatemala, hubo 6.292 homicidios en 2008.

Víctimas

Las víctimas en general eran jóvenes, muchos ya tenían contacto con el sistema judicial penal, antecedentes criminales o eran sospechosos de haber cometido algún delito. La mayoría vivía en los barrios más marginados y pobres de Guatemala. En connivencia, algunos medios de comunicación del país denominan a este tipo de delito "limpieza social", repudió el informe.

Los cadáveres encontrados fueron tirados en lugares aislados, como en terrenos baldíos y encontrados con las manos atadas atrás, lesiones por el cuerpo, posibles consecuencias de torturas, consideró el informe. "La mayoría fue estrangulada o recibió un disparo en la cabeza estilo tiro de misericordia", complementó.

La mayoría de las víctimas son parte de bandas de calle conocidas como "pandillas". En 2005, Guatemala tenía 14 mil jóvenes involucrados en bandas, número que debe haber aumentado desde entonces, especula el informe. Integrados por hombres y mujeres, en general, involucrados en delitos, los grupos surgieron aproximadamente hace 15 años en América Central y en Estados Unidos.

El texto explica que esos grupos fueron constituidos por jóvenes que emigraron hacia Estados Unidos durante los conflictos armados ocurridos en la década de 1980 en América Central, se organizaron como grupos allá y, en seguida, fueron expulsados del país, retornando a las naciones de origen.

CEPAL: Otro organismo complice!!!


En el presente contexto de crisis global, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), presentó su reporte anual sobre la inserción internacional del continente. Su abordaje es convencional, varios temas críticos están ausentes, y las alternativas de salida son tímidas, o incluso plantean un retroceso hacia formas de cooperación regional. Debido a esas y otras propuestas, parecería que este análisis de la Comisión no hubiese sido elaborado en tiempos de crisis global, y para una América Latina donde están en marcha cambios políticos profundos.

La reciente edición del “Panorama sobre la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009”, fue presentada en Santiago de Chile el pasado agosto. Un primer aspecto llamativo en ese reporte es que si bien se reconoce la seriedad de la crisis internacional, por otro lado se sigue apostando a una globalización convencional como vía de salida. La CEPAL vuelve a apoyar la actual arquitectura de gobernanza global bajo la OMC, e incluso reclama profundizar la liberalización comercial concluyendo la Ronda de Doha.

Un segundo aspecto destacado es que la CEPAL reduce la amplia problemática de la “inserción internacional” a las cuestiones comerciales. La geopolítica latinoamericana y mundial desaparece en tanto prevalecen los asuntos del comercio exterior, donde una de las principales vías de recuperación debería ser aumentar las exportaciones. El papel subordinado de América Latina como proveedor de materias primas, no se pone en discusión.

Por este tipo de posturas, el reporte de la Comisión expresa un cierto optimismo en la globalización, se admite que tendría sus problemas, pero se considera que a fin de cuentas puede ser gerenciada, manteniendo de esa manera su esencia. Entre esos cambios, y a tono con el momento actual, se espera un papel activo del Estado. Pero cuando se examina más atentamente esas propuestas, en muchos aspectos se parece demasiado a una socialización de las pérdidas empresariales que a un cambio sustancial en las estrategias de desarrollo.

Un tercer aspecto a subrayar es que l,a CEPAL admite que los procesos de integración regional enfrentan varios problemas, y que tienen síntomas de estancamiento. Como respuesta a esas dificultades, no se ofrecen alternativas para alcanzar las metas siempre repetidas de la integración, como pueden ser las políticas sectoriales comunes o una verdadera articulación productiva. Por el contrario, la Comisión da un paso atrás y propone enfocarse en acuerdos de cooperación, con lo que se renunciaría a las metas originales de la integración continental.

Esas posiciones indican que la CEPAL insiste en sus ideas de “regionalismo abierto”, apuntando a un modelo regional de cooperación y liberalización comercial al estilo de APEC (la organización de cooperación de Asia y Pacífico). No entiende que esas ideas, y ese tipo de vinculación, no solo no han funcionado adecuadamente en nuestro continente, sino que la crisis actual las han puesto en jaque. Al contrario de esa perspectiva, un problema clave de la inserción internacional latinoamericana es superar su vinculación subordinada a la globalización y romper con la persistente primarización de sus economías, donde continuamos siendo exportadores de materias primas. Es así que la CEPAL debería apoyar otra integración regional, como paso indispensable para poder ensayar desvinculaciones selectivas con la globalización y recuperar la autonomía en diseñar estrategias propias de desarrollo que no dependen solamente de los mercados exportadores o de los inversores extranjeros.

Las secciones dedicadas a la dimensión ambiental ejemplifican otro tipo de distorsiones. Por un lado se enfatiza el cambio climático, pero no se advierte que en América Latina buena parte de las emisiones de gases con efecto invernadero provienen de las prácticas agropecuarias, la deforestación, o cambios en el uso del suelo. En otras palabras, en nuestra región el tema del cambio climático necesariamente implica discutir las políticas agropecuarias, y por lo tanto la inserción internacional de varios países como grandes exportadores de agroalimentos. La CEPAL se saltea todas estas cuestiones.

En contraste con ese discurso ambientalista, el reporte de la Comisión llama a resistir el proteccionismo verde, pero sin profundizar en esa cuestión. Es cierto que las medidas ambientales se pueden usar como trabas al comercio, pero también es hora de comenzar a reconocer que muchos gobiernos usan esas excusas para no aplicar medidas efectivas dentro de sus países.

A lo largo de las páginas del reporte sobre inserción internacional no emergen alternativas sustantivas. Por momentos la CEPAL defiende una reparación del capitalismo contemporáneo, y no se adentra más profundamente en los terrenos de su reforma sustancial o transformación. Mientras que muchos discuten la necesaria regulación sobre los flujos de capital, o cambiar la estructura y funcionamiento de organizaciones como el FMI, la CEPAL vuelve a apostar a ese sistema financiero internacional. Ni se mencionan diferentes propuestas en ese sentido, como las planteadas por la comisión especializada de Naciones Unidas comandada por Joseph Stiglitz.

Finalmente, el reporte aparece desconectado de muchas discusiones y ensayos que actualmente están en marcha en América Latina. No se discuten en detalle los intentos del ALBA por otro tipo de integración regional, los primeros pasos con el Banco del Sur para lograr otra arquitectura financiera, instrumentos novedosos como el propuesto sistema de pagos recíprocos (SUCRE), o los primeros pasos en redefinir el desarrollo desde el “buen vivir” en marcha en Ecuador. Algunas secciones del documento cepalino parecerían haber sido redactadas en otro tiempo, y en otro continente.

Todo esto indica que el informe de CEPAL sigue profundizando la perspectiva neoestructuralista reciente, haciéndose cada vez más funcional a la globalización, pragmático, y aplicado a la estabilidad macroeconómica. Se insiste en el crecimiento económico a partir del aumento de las exportaciones y captación de inversiones, lo que lleva a que las políticas sociales y las medidas ambientales siempre queden subordinadas y nunca pueden poner en riesgo esas metas. Es, al fin de cuentas, una postura muy convencional, alejada de la originalidad que desplegaba la CEPAL en sus primeros años bajo la batuta de Raúl Prebisch.

Por lo tanto, el reporte de CEPAL sobre la inserción internacional no ofrece grandes aportes (o casi ninguno) a los debates latinoamericanos sobre la crisis global, ni promueve alternativas novedosas. Este es un problema que se viene repitiendo en los últimos años, y por lo tanto cabe preguntarse si la CEPAL realmente está entendiendo la problemática actual del desarrollo latinoamericano.

domingo, 6 de diciembre de 2009

Infanticidio en China: Hay veces que las palabras sobran... Shhh...


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Guatemala militarizada


El Ministerio de Defensa de Guatemala, ratificó a fines de octubre la decisión de establecer a la sexta Brigada de Infantería en la zona del municipio de Ixcán. Al respecto, la red de organizaciones sociales de esta región emitió un comunicado en el que consideran que la militarización "no será benéfica" para Ixacán.

En el texto expresan que "una presencia militar más numerosa no traerá mayor seguridad y tranquilidad". Por el contrario, evalúan que "lo que traerá son más cantinas, prostíbulos y más violencia al municipio". A la vez, los pobladores consideran que la presencia de una brigada militar busca "proteger las inversiones de las grandes empresas transnacionales interesadas en explotar los recursos naturales e intimidar a las comunidades que rechazan los mega-proyectos".

Otra de las críticas se debe a que la brigada se instalará en la antigua Zona Militar Número 22, ubicada en Ixcán, donde funciona actualmente un centro de salud y una sede de la Universidad estatal de San Carlos de Guatemala. Al respecto, los pobladores señalaron que la salud y la educación son prioritarias para el desarrollo local.

Guatemala vivió una guerra interna entre 1960 y 1996 que dejó más de 200 mil muertos. En Ixacán alrededor de 2.500 personas fueron asesinadas. En 2004 el número de militares en la región fue reducido como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con los Acuerdos de Paz. Por ello, desde que se anunció la remilitarización de la zona los pobladores se opusieron alegando que les recuerda el período de guerra.

sábado, 5 de diciembre de 2009

COP 15: Movilizaciones en contra de la OMC

Movilizaciones en contra de la OMC

Cerca de 100 personas de decenas de movimientos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo partieron este jueves en caravana de Ginebra rumbo a Copenhague, Dinamarca, donde a partir del 7 de diciembre comienza la 15ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Luego de manifestarse durante cinco días en Ginebra contra las políticas de liberalización y desregulación comercial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los activistas emprendieron su camino a Copenhague, para también allí hacer oír sus demandas.

El viaje se realizará en dos ómnibus que recorrerán rutas diferentes. Uno de ellos entrará en Francia y el otro lo hará a través de Alemania. Cualquiera de los dos vehículos realizarán paradas en varias ciudades de estos países para que los activistas puedan movilizarse y explicar a los pobladores locales por qué viajan a la mencionada ciudad. Esperan arribar a Dinamarca el 9 de diciembre.

En Ginebra los movimientos y organizaciones sociales presentes han afirmado que las políticas de la OMC, que dan rienda suelta al accionar devastador de las corporaciones transnacionales en los países no industrializados, son de las principales responsables por las crisis financiera, alimentaria y climática.

El sistema de comercio internacional pensado desde la OMC hace posibles traslados interminables de productos agrícolas, con grandes empresas que dominan el mercado alimentario, y con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero. El sector transporte es responsable del entorno del 20 por ciento de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero, que provocan el calentamiento global. Al mismo tiempo se destruye la producción campesina de alimentos.

La propia agricultura promovida desde la OMC, industrializada y dominada por corporaciones transnacionales, fuertemente dependiente de los agrotóxicos, es responsable de alrededor del 18 por ciento de los gases de efecto invernadero que se emiten en un año. Es sólo una de las razones por la que los campesinos, reunidos en La Vía Campesina, demandan “OMC fuera de la agricultura”.

Con estas justificaciones y muchas más, partieron este jueves los activistas rumbo a la COP 15, luego de cinco días de manifestaciones en Ginebra diciéndole a la OMC que no piense en soluciones para las crisis porque sus políticas son las causas.

La pesca destructora en Filipinas

Pescadores artesanales Filipinos

Son ya varias las instancias de reuniones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a las cuales llegan para manifestar sus denuncias y demandas los pescadores filipinos del Fisherfolks Movement and the Seafish for Justice Network. Tal cual ocurriera en Hong Kong en 2005 y en Ginebra en 2006, esta vez los pescadores volvieron a la ciudad suiza para decirle a la VII Ministerial del mayor organismo de comercio del mundo que sus políticas los están ahorcando.

Ruperto Aleroza es uno de los integrantes del movimiento de pescadores filipinos y ha estado manifestándose incansablemente en Ginebra, con un bote que él y sus compañeros construyeron y que se ha paseado por la ciudad con sus consignas sobre un gran soporte de hierro que lo transporta con ruedas. En 2006 los pescadores habían construido varios botes con los que se manifestaron por el Lago Léman (o Lago de Ginebra), que divide esta ciudad suiza.

Aleroza ha manifestado que sus protestas en contra la OMC, son a causa de que dicho organismo viola los derechos de los pescadores asiáticos; que el libre comercio, la liberalización de sus productos marinos viola sus derechos, su forma de vida. Advirtió que se pone en riesgo su soberanía alimentaria, porque su forma de vivir proviene del mar.

"Al permitir que productos marinos de otros países entren a Filipinas y al sudeste asiático, nuestros productos locales no pueden ser comprados por nuestros consumidores porque los extranjeros son más baratos", dijo el integrante de la red. Denunció además que hay menos peces en los mares del sudeste asiático porque los recursos han sido devastados por varios tipos de pesca ilegal, llevada adelante por corporaciones transnacionales.

Una Teletón Internacional no mediática urgente!!!

Un ejemplo en imágenes de como se mediatizan
las capacidades diferentes en algunos países

En El Salvador no hay certezas estadísticas sobre la población con "discapacidad". Las cifras oficiales hablan de 104. 985 personas, pero las organizaciones sociales que trabajan con este sector estiman que son más de 780 000, lo que equivaldría al 13 por ciento de la población, de acuerdo a datos que maneja Cesta - Amigos de la Tierra El Salvador.

Las organizaciones comunitarias que trabajan por los derechos de este sector, identifican causas comunes de "discapacidad" como los accidentes de tránsito, la delincuencia y los accidentes laborales, y las originadas a raíz de los problemas de salud, incluyendo los crónicos y los hereditarios.

Pero también han detectado "discapacidades" vinculadas a causas ambientales, como el uso irracional de plaguicidas y fenómenos naturales relacionados al cambio climático, como los deslizamientos y las inundaciones. Además, tienen en cuenta las "discapacidades" causadas por el largo conflicto armado que vivió El Salvador, que provocó graves problemas en la salud y que afectó a muchas personas, con traumas psicológicos y emocionales incluidos.

Por todas estas razones, las necesidades y potencialidades de las personas con capacidades diferentes se han transformado en una bandera de lucha de muchos actores de la sociedad civil, y han sido abordadas desde diferentes perspectivas. Mientras tanto, en países como Uruguay, se realiza anualmente la mediática Teletón, en la que se expone a los niños con capacidades diferentes en las pantallas de televisión, buscando la sensibilidad del tele espectador para que ponga de su bolsillo hasta lo que no tiene por lástima. ¿No es ésto lastimoso y agresivo? ¿Quién habla de los casos que ocurren a causa de desastres climatológicos? ¿Quién menciona a los responsables de dichos cambios? ¿Para cuando una Teletón Internacional sin exponer a los que la sufren?

Afrodescendientes en una pugna que se está transformando en histórica

Habitantes de la Cuenca del Río Cacarica

En el año 1997 las comunidades afrodescendientes, habitantes de la cuenca del Río Cacarica, fueron desplazadas en una operación de la Brigada 17 del Ejército colombiano conocida como la operación "Génesis". El 24 de febrero de ese año, se desarraigó a más de 4000 afrocolombianos, bajo la etiqueta de la lucha contra la subversión, lo cual fue asegurado con la participación de los paramilitares agrupados bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La cuenca del Cacarica está ubicada en el Bajo Atrato chocoano colombiano, cercana a la frontera con Panamá, y se caracteriza por ser una de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta, y en la que además se encuentran culturas ancestrales, no solamente afrodescendientes sino también indígenas Embera.

Años después del desplazamiento forzado ocasionado bajo la falacia de operaciones contrainsurgentes en guerra de baja intensidad, las comunidades regresaron a sus territorios para recuperar sus formas tradicionales de vida. Sin embargo, la violencia institucionalizada en Colombia ha cambiado su cara y hoy se hace manifiesta a través de megaproyectos y falsos ofrecimientos de desarrollo para comunidades que con los esfuerzos propios de una historia marcada por el desarraigo y la precariedad que éste generó, construyen formas de vida digna por fuera del modelo de desarrollo importado y garantizado por la seguridad democrática y el Estado comunitario del gobierno actual.

Actualmente se viene ofreciendo a las comunidades que retornaron a la región que entren en el negocio de los bonos de carbono, con lo que comprometerían inmediatamente la propiedad de sus territorios colectivos; también se ha impuesto en esta misma zona la construcción de la carretera Panamericana que conectará a Colombia con Panamá al destruir, literalmente, una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta, conocida como el Tapón del Darién.



Qué no sea una noticia más!!!


En la noche del domingo 29 de noviembre, además de celebrarse las elecciones nacionales en Uruguay (las que captaron la mayor parte de las noticias de la prensa internacional), ocurría lo mismo en honduras (pasando mucho más desapersividas). El vencedor del cuestionado proceso electoral que atravesó el país, fue el ganadero Porfirio Lobo Sosa, quien según datos oficiales habría obtenido el 56 por ciento de los votos, en unos comicios que alcanzaron una abstención del 70 por ciento, según el Frente de Resistencia al Golpe de Estado.

La resistencia a la dictadura, así como también el depuesto presidente Manuel Zelaya, habían convocado a abstenerse de votar en las elecciones nacionales, a las que consideraban completamente viciadas, dado que se celebraban bajo el régimen de facto que comanda Roberto Micheletti.

A excepción de pocos gobiernos en el plano internacional, la mayoría de los Ejecutivos nacionales y organismos supranacionales habían respaldado la posición de los detractores al golpe, negándose a enviar observadores internacionales a los comicios, para no legitimar un proceso eleccionario que se daba sin las garantías necesarias para que los votantes se expresaran con libertad. Algunos de los observadores que concurrieron para intentar que los derechos humanos fueran respetados, fueron apresados por el gobierno de facto, que además reprimió las movilizaciones que el movimiento popular hondureño realizó para rechazar el proceso ilegítimo. Entre los pocos países que están en contra de estas fraudulentas elecciones, se cuentan: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y en menor medida, Chile, España y República Dominicana.

Estados Unidos, país que ha jugado un rol clave en la continuidad de la dictadura hondureña, felicitó al “nuevo presidente” de Honduras, sellando la prolongación de una gestión viciada desde el comienzo, que tal como lo ha señalado el bloque popular hondureño podría representar un peligroso antecedente para América Latina. Por su parte, Lobo aseguró que conducirá un gobierno forjado desde el humanismo y el cristianismo, y afirmó que lo ocurrido con Zelaya “ya es parte del pasado”.

El dirigente del Frente de Resistencia, Juan Barahona, habló sobre la represión realizada por el gobierno de facto al bloque popular, y se refirió al papel que juega Lobo a la hora de continuar con las directrices del régimen de facto: “El señor Porfirio Lobo -que es el que ha ganado las elecciones en el fraude electoral, en el simulacro que hubo el domingo, es miembro del golpe, es planificador del golpe, es parte del golpe, y ahora es un candidato producto del golpe de Estado. Él está muy comprometido con la oligarquía de este país (…)”, afirmó Barahona, y agregó que el Frente de Resistencia no reconocería a su gobierno, porque había decidido “no dialogar con golpistas”.

viernes, 6 de noviembre de 2009

Los Yukpas: otro pueblo indígena que se está eliminando silenciosamente

José Manuel Romero

En la Sierra de Perijá, el pueblo indígena Yukpa pelea desde hace años por el reconocimiento legal y la demarcación de su territorio, ubicado en el Estado Zulia, en el noroeste de Venezuela. Son antiguos habitantes de tierras que ahora es zona de explotación carbonífera y de ganadería intensiva. Sobrevivientes ancestrales a la colonización, la explotación de sus recursos, a la ambición y la ira; mujeres y hombres Yukpas siguen enterrando a su gente, siguen pagando con la vida la exigencia de una vida mejor.

A manos de terratenientes, ganaderos, militares y paramilitares, las comunidades Yukpas han sufrido una persecución que ha dejado muertos, incontables heridos y la criminalización de su lucha. Los más recientes fueron en la comunidad de Chaktapa luego de la conmemoración del día de la resistencia indígena, el pasado 12 de octubre. El yerno de uno de los principales líderes Yukpas y una adolescente embarazada fueron asesinados a balazos. Y aunque el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, anunció la detención de los responsables y negó su relación con la lucha Yukpa, las víctimas eran familiares de uno de los líderes perseguidos, Sabino Romero. El año pasado, su padre, el cacique José Manuel Romero, fue muerto a palos, presumiblemente a manos de ganaderos locales. Las agresiones han dejado incontables lesionados, como el propio cacique Sabino Romero, herido de bala el pasado 14 de octubre; violaciones contra mujeres y un número no determinado de mujeres y hombres desplazados.

La contaminación producto de la explotación minera, por otro lado, está impactando en la salud de los habitantes. Las mujeres, por ejemplo, han denunciado afectaciones en sus procesos y órganos reproductivos.

La situación de las personas indígenas Yukpas ha sido documentada por diversos organismos de derechos humanos, académicos e institucionales, en los que hay una coincidencia fundamental: se está cometiendo una grave violación de los derechos del pueblo Yukpa con motivo de su lucha por la tierra. La participación protagónica de los habitantes de las comunidades Yukpas, señalan los informes, debe ser el primer paso gubernamental para saldar la deuda histórica e iniciar un proceso de justicia social.

El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) de la Universidad de los Andes (ULA); el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas "José Manuel Romero"; la organización civil Homo et Natura y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, han emitido informes y documentos para denunciar y proponer alternativas que den respuesta a la demanda indígena.

El presidente Hugo Chávez, por su parte, ha señalado públicamente su opción preferencial por los pueblos indígenas y el pasado 12 de octubre hizo entrega de títulos a las comunidades Shirapta, Aroy y Tinacoa, acción que fue cuestionada por el GTAI, al señalar que fue "en detrimento de la mayoría de las comunidades Yukpa" (y violatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV] en su artículo 119".)

En tanto, una propuesta concreta del pueblo Yukpa es que el gobierno nacional compre las haciendas que se encuentran dentro del territorio reclamado, para que pasen nuevamente a sus dueños originales y cese la persecución de ganaderos y hacendados a las comunidades. Sin embargo, la demanda Yukpa sobre el reconocimiento de su territorio y el respeto a su cultura y formas de organización, ha tenido una respuesta institucional ampliamente cuestionada.

La instalación de Centros Piloto, instancias administrativas del gobierno central, "obvian a las instituciones tradicionales Yukpas"; el inicio de la construcción de una base militar en la cuenca del Tokuko carece del consentimiento de la población; la construcción de viviendas transgrede las formas de convivencia, la organización y materiales de construcción tradicionales, además de que son otorgadas sólo a 10 familias por comunidad.

El propio proceso de demarcación territorial, a manos de la Comisión Regional de Demarcación, adolece, de acuerdo con los informes de las instancias citadas, de falta de consulta y participación protagónica de los propios Yukpas; de traducción a su idioma, con lo que quedan fuera del proceso quienes no hablan castellano, sobre todo las y los ancianos; de exclusión, y de obviar las formas de organización y a las instituciones indígenas.

En su Informe de actividades de abril-agosto 2009, el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas "José Manuel Romero" señaló el peligro de que las instituciones gubernamentales busquen "garantizar la adopción forzosa de las políticas indigenistas" y denunció que "se ha criminalizado y culpabilizado la resistencia yukpa a estas intenciones".

Por su parte, el GTAI señaló su preocupación por "la peligrosa deriva de un etnocidio silencioso contra los pueblos y comunidades indígenas del país en tiempos de revolución" y propuso la integración de una "agenda indígena nacional, que se complemente con las experiencias de titulación de tierras indígenas en los otros países miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA)".

Las voces que se han alzado desde la sociedad civil para reclamar justicia y fin de la impunidad para el pueblo Yukpa son muchas. En un comunicado, Mujer Quilombo, una organización femenina, demandó al Ministerio de la Mujer designara personal para visitar las comunidades Yukpas y hacer un levantamiento que documente y ponga cifras a las implicaciones del conflicto específicamente a las integrantes de esa etnia: prestar asesoría a las víctimas de violencia y violaciones sexuales y ser portavoz de las indígenas ante las instancias competentes, para garantizar sus derechos.

El Observatorio de Derechos Indígenas, en el estudio citado, propuso un acompañamiento estatal al proceso de demarcación que deberían realizar los propios Yukpas: "Si el Estado apoya técnica, logística, financiera, sobre todo políticamente, la demarcación que realicen por los propios Yukpas, de su territorio ancestral, probablemente (el proceso) no trascienda de los seis meses", señala.

Mientras tanto, mujeres y hombres Yukpas continúan su lucha por la tierra y esperan por la justicia que, si llega, Mireya Romero (la adolescente embarazada), Ebert García y el anciano José Manuel Romero ya no verán.

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