En Paraguay tampoco pueden vivir en paz

El pasado 5 de setiembre, dos dirigentes de la comunidad indígena kelyenmagategma de Paraguay recibieron amenazas de muerte mientras acompañaban a una delegación internacional que estaba investigando su reclamación sobre sus tierras ancestrales.

Dos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajaban a un lugar conocido como Puerto Colón, en el departamento de Presidente Hayes, para verificar la situación de la comunidad indígena kelyenmagategma. La delegación incluía también a tres miembros de la ONG Tierraviva, que representa legalmente las reclamaciones sobre tierras presentadas por la comunidad y el representante de Paraguay en la Organización de los Estados Americanos. Dos dirigentes de la comunidad kelyenmagategma acompañaban a la delegación.

El asentamiento de la comunidad kelyenmagategma está situado en las tierras que reclaman como parte de su territorio ancestral y que se encuentran dentro de la estancia de la empresa El Algarrobal SA. La delegación no pudo llegar hasta la comunidad, porque se lo impidieron trabajadores de la empresa. Pese a que los dos representantes internacionales habían sido invitados a Paraguay por el gobierno, se les impidió continuar su camino durante aproximadamente cuatro horas. Cuando los dos dirigentes de la comunidad pidieron a los trabajadores que dejaran pasar a la delegación, recibieron amenazas de muerte. La delegación finalmente consiguió llegar al asentamiento de la comunidad atravesando otra propiedad.

Los kelyenmagategma pertenecen al grupo étnico indígena enxet. La comunidad vive en condiciones de hacinamiento en un asentamiento muy pequeño (menos de tres hectáreas) desde el que no pueden viajar libremente por el acoso que sufren por parte de personas que dicen trabajar para El Algarrobal. La comunidad se ve obligada a vivir en condiciones pésimas, con un acceso limitado al alimento, el agua, la atención médica o la educación. Desde el año 2000 han hecho campaña por su derecho a la tierra. Reclaman parte de lo que consideran sus tierras tradicionales, incluido el asentamiento en el que viven. Este derecho está reconocido por la ley paraguaya y por el derecho internacional de los derechos humanos. A causa de su lucha, la comunidad ha sufrido durante años amenazas, desalojos ilegales, violencia y coacción. Han presentado denuncias ante las autoridades, pero afirman que éstas no han llevado a cabo investigaciones efectivas.