''Diversos analistas apuntan sus sospechas contra sectores enemigos al reciente proceso de paz abierto entre el gobierno colombiano y la guerrilla Farc.
La estela de humo y cristales rotos del bombazo que destrozó las instalaciones de Radio Caracol en la capital colombiana, a sólo seis días del cambio de gobernante, ha provocado un cúmulo de especulaciones relativas a su autoría superior al de los escombros desparramados en las casi 1700 manzanas afectadas por la ola expansiva.
El fiscal Guillermo Mendoza Diago, a cargo de la investigación del atentado, tiene ante sí al hombre que falsificó las patentes del Chevrolet Swift gris detonado, cuyo propietario es un alto oficial del Ejército quien denunció su robo cuatro días después de ocurrido. Además, sustenta sus presunciones en un dato clave de la pesquisa: varios testigos, entre ellos el director de la Cadena Caracol, Darío Arizmendi, denunciaron el misterioso retiro de la policía en los alrededores de la radio al momento del estallido.
Aunque Mendoza Diago no descarta ninguna hipótesis, diversos analistas y dirigentes colombianos refuerzan sus sospechas en sectores contrarios a una salida negociada del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El presidente Juan Manuel Santos había dado señales sobre esta posibilidad, más alejada a la guerrerista de su antecesor Álvaro Uribe, en el discurso del día de su asunción.
La revista colombiana Semana manejó esta variante al publicar la opinión de Armando Borrero, especialista en seguridad nacional, para quien se debe buscar a los responsables del coche bomba en un 'grupo de aventureros de la extrema derecha' que 'probablemente buscaban un lugar simbólico al ponerla frente a Caracol. Esto es terrorismo ilustrado, que es cometer un acto para que les echen la culpa a otros y provocar un efecto político', sostuvo. Para abundar más en estas pistas, la publicación recurre a otras voces, como la de Ariel Ávila, de la Fundación Nuevo Arco Iris (una organización no gubernamental colombiana proveniente de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la Corriente de Renovación Socialista, en el año 1994) que coincide con Borrero en que los autores deben estar entre los que quieren que 'el gobierno de Santos siga la misma línea de Uribe, dura e inamovible'. En esa dirección también se apunta el ex candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, al afirmar que el objetivo de la explosión es 'llevar al actual Gobierno a la postura del anterior'.
Si bien, en sus primeras declaraciones, Santos evitó endilgarle el hecho a las Farc y oficialmente nadie de su administración ha salido a señalar a ningún responsable, se puede inferir que en la Casa Nariño creen más cierta la implicación de los grupos de ultraderecha como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que de la guerrilla. Semana es propiedad de la familia del jefe de Estado y la información que llega a su redacción proviene de fuentes gubernamentales. Éstas creen que las AUC tienen motivos para socavar no sólo cualquier acuerdo de paz con los insurgentes, sino el más reciente alcanzado con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el que, entre otros puntos, se convino perseguir y combatir la acción de cualquier grupo ilegal armado que traspase los límites fronterizos de ambas naciones. Calificación que alcanza tanto a guerrilleros como a narcotraficantes y paramilitares.
De todos modos, la ocasión de adosarle la deflagración de los 50 kilos de una mezcla de nitrato de amonio y fueloil (anfo) a las Farc es una tentación para algunos políticos y periodistas. Exhiben como prueba la interceptación de una comunicación de Germán Briceño Suárez, alias Grannobles, jefe del Frente 10, según la cual ordena atacar un medio de comunicación. Para sostener estos indicios, sus promotores recuerdan cuando el 7 de agosto del 2002 las Farc dispararon rockets contra Nariño mientras asumía Uribe su primer período presidencial. Esta línea ha quedado si no descartada al menos sí con menor atención, dado que la información proviene del devaluado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), envuelto en el aún no terminado escándalo de escuchas ilegales bajo la órbita del mandato anterior. El último traspié del DAS está directamente vinculado al ataque del jueves. El 6 de agosto, un día antes de la toma de posesión de Santos, agentes de este organismo de inteligencia detuvieron a seis personas que se trasladaban en una camioneta con 180 kg de anfo e inexplicablemente fueron puestas en libertad. Entre los detenidos estaba Horacio Monroy Pinilla, un conocido traficante de explosivos, que ahora se encuentra prófugo.
Lo ocurrido en estos días trajo a la memoria de los colombianos cuando el narco Pablo Escobar Gaviría ordenaba atentar contra los medios de comunicación y entidades del Estado en los años ’80 y ’90. Asimismo, cuando en el 2006 la Justicia probó que un capitán y un mayor del Ejército inventaron atentados en la capital de Colombia, para alcanzar privilegios en sus carreras.
Ahora, Juan Manuel Santos desautorizó cualquier gestión o intermediación de paz, nacional o extranjera, en el conflicto armado interno, pero dejó una puerta abierta para que las guerrillas demuestren con 'hechos concretos' su voluntad pacificadora'' *.
* La noticia nos fue facilitada por una lectora de MOVALIS y fue extraída textualmente de: http://sur.elargentino.com/notas/anatomia-de-un-atentado. El periodista Diego M. Vidal, da una mirada diferente de los posibles responsables del atentado perpetrado el pasado 12 de agosto frente a las instalaciones de Radio Caracol de Colombia. La partes resaltadas del texto son nuestras.
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