Más que violencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación este martes por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación en protesta por la Ley 30 (de la que ya habláramos el mes pasado), que tuvo lugar el pasado 8 de junio en Changuinola en la provincia panameña de Bocas del Toro. Ese día, una protesta organizada por trabajadores de fincas bananeras de Bocas del Toro fue reprimida por las fuerzas de seguridad, causando la muerte de tres personas y heridas a más de un centenar de manifestantes. Además, fueron detenidas otras cien personas por la policía.

“La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: 'La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes’”, señala el comunicado difundido por la CIDH.

Luego del hecho, el presidente panameño Ricardo Martinelli se reunió con los familiares de las víctimas y de los heridos, y se disculpó por el abuso de violencia. “Pido disculpas si hubo exceso o si hubo atropello, o como quien dice, si se nos fue la mano en pollo”, afirmó Martinelli, según informó la prensa local. Pero sus palabras fueron consideradas insuficientes, y no ahogaron el grito de justicia que se hizo patente en la procesión fúnebre que acompañó los cuerpos de los asesinados.

Alrededor de cinco mil manifestantes (la mayoría indígenas del pueblo originario Ngäbe, acompañados por dirigentes sindicales y campesinos), rechazaron la actitud de Martinelli y de su gobierno. “No queremos a este presidente, queremos un cambio, pero para poner un presidente del pueblo. La conciencia y la memoria de los muertos no se compra con las bicicletas o la comida que andan regalando por ahí”, gritaba uno de los indígenas que estaba en la procesión, según se relata en una nota de prensa de la organización Oilwatch. El poblador originario hacía referencia al hecho de que funcionarios gubernamentales regalaban bicicletas y trataban de convencer a los ciudadanos de que aceptaran bolsas de comida, lo que fue tomado críticamente por la población.

En sintonía con lo reclamado por los manifestantes, en el comunicado de la CIDH se indica que el Estado panameño “tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos (...) hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones”.