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El informe “Oportunidades para una Ley de Cambio Climático en España basada en presupuestos de carbono” fue presentado en ese país por la organización ambientalista Amigos de la Tierra. Busca exponer las ventajas y necesidades de una normativa que lleve a la reducción segura y planificada de las emisiones contaminantes nacionales.
El documento divulgado la semana pasada se enmarca dentro de la campaña de Amigos de la Tierra España SOS Clima, llamada The Big Ask en el resto de Europa, que demanda en 18 países leyes que permitan reducir anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para Alejandro González (responsable del área de Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra España) es “absolutamente necesario” tener una ley de este tipo en su país, que ha superado largamente los límites de emisiones contaminantes estipulados en el Protocolo de Kioto. Según cifras del activista, España ha aumentado un 52 por ciento sus emisiones con respecto al año 1990, aunque el acuerdo internacional le permitía un incremento de no más de 15 por ciento.
González destaca además algunas experiencias positivas de leyes de cambio climático en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que permitirán reducir de un 34 a un 42 por ciento como mínimo las emisiones contaminantes por ejemplo en Escocia. Estos buenos antecedentes sumados al aumento de las emisiones de España configuran dos razones fundamentales para implementar una ley de cambio climático nacional, considera González.
El integrante de Amigos de la Tierra explica que el nuevo informe pretende zanjar una de las mayores barreras que tiene la implementación de una normativa nacional de cambio climático, que es el absoluto desconocimiento social y político de sus ventajas. “Hay que empezar de cero”, reconoce González. La idea parte de la base de que “por ley, tienes un objetivo vinculante de reducción de emisiones y todos los sectores económicos van a tener que responsabilizarse de su propia contaminación”, dice el activista.
El nuevo informe presenta dos mecanismos para la reducción de emisiones. Uno es el de presupuestos de carbono y otro es el de reducciones domésticas. El primero implica el establecimiento de un tope a los gases de efecto invernadero de cada uno de los sectores emisores (servicios, agricultura, transportes) en un período de tiempo determinado. Bajo esta idea, se estipulan previamente los presupuestos de carbono de los diversos sectores, con obligaciones legales de reducción de emisiones y con la posibilidad de que cada uno se organice previamente para cumplir con ese compromiso.
Por su parte, las reducciones domésticas se lograrían a través de proyectos técnicos, industriales, agrícolas encaminados a ese objetivo, con la intención además de evitar las compras de certificados de reducción de emisiones en países no industrializados.
La responsabilidad histórica de España por las emisiones de gases de efecto invernadero está sobre la mesa. Una ley de cambio climático nacional para reducir su contaminación debería ser una obligación gubernamental a cumplir, y no solo un requerimiento de los movimientos y organizaciones sociales que luchan por la justicia climática.
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