Las multinacionales en Bolivia no dejan llevar a cabo los procesos de cambio

Bolivia empezó a ser rentable para la Inversión Extranjera Directa cuando se pusieron a la venta las grandes empresas estatales del país. Fue entonces cuando los capitales foráneos iniciaron su control sobre prácticamente todos los ámbitos económicos. En este proceso, las multinacionales españolas han estado presentes en sectores tan estratégicos como el agua, la electricidad, la banca, los hidrocarburos, etc. A través de la actividad y los impactos pasados y actuales de dos de estas empresas, BBVA y Repsol, se puede deducir por qué la población se rebeló contra las compañías transnacionales a principios del siglo XXI.

La introducción de Bolivia en el neoliberalismo estuvo marcada por la aprobación del Decreto Supremo 21060 en 1985 que suponía el fin del protagonismo del Estado en la gestión económica, establecido tras la Revolución de 1952. A partir de la década de los 80 se implementaron las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de diversas modificaciones legislativas cuyo objetivo no era otro que la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Es entonces cuando se privatizan numerosas empresas estatales, pero no aquellas que eran estratégicas. En la segunda mitad de la década de los noventa se llevó a cabo el llamado “proceso de capitalización” que significó la venta a las multinacionales extranjeras de estas empresas estatales claves. Entre los países emisores de IED, España cumple un papel significativo llegando a ser el tercer mayor inversor en términos de capital acumulado desde finales de los noventa.

Ley de Capitalización y la IED española

En el inicio del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003) ve la luz la Ley de Capitalización que da paso a la entrada de inversión extranjera en las empresas estatales más importantes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), entre otras. Aunque se intenta diferenciar de una privatización para evitar la protesta social, éste es precisamente el objetivo. Con el agravante de la sucesión de irregularidades en la venta y de los cambios fiscales a favor de las empresas transnacionales y en detrimento del Tesoro General de la Nación.

Bolivia no ha sido uno de los destinos principales de la inversión extranjera de España, pero el capital español sí ha sido importante en este país. Además, para España, las inversiones realizadas durante este período en Bolivia han resultado estratégicas. Multinacionales como Repsol, BBVA o PRISA han obtenido, gracias a las reformas neoliberales y el acompañamiento de las políticas y la diplomacia de los sucesivos gobiernos españoles, grandes beneficios que les han permitido continuar con sus actividades y expandirse por el continente. Actualmente, en términos de capital acumulado, España es el tercer país inversor por detrás de los EEUU y Brasil.

La gran mayoría de las multinacionales españolas que operan o han operado en Bolivia lo hacen en sectores estratégicos para la economía tales como la gestión del agua y de los hidrocarburos, la banca, los aeropuertos, los seguros y los medios de comunicación. Hablamos de Repsol YPF, Iberdrola, BBVA, Aena, Abertis, Mapfre, Prisa (Santillana) y de otras compañías que ya se han ido del país como Unión Fenosa, Abengoa y el Banco Santander. Para ver el papel que han tenido estas multinacionales en el desarrollo del país se tomarán como ejemplo dos compañías españolas: Repsol y BBVA.

Las pensiones de jubilación (el negocio para el BBVA)

El desembarco de las entidades financieras españolas en suelo boliviano se enmarca en un proceso de bancarización progresiva que se vive en la región latinoamericana a partir de la década de los noventa y en el cual las entidades extranjeras verán su número en aumento. A finales de los noventa, el BBVA y el grupo Santander iniciaron su actividad en Bolivia.

El banco que hoy continúa en el país es el BBVA y centra su actividad en la Administradora de Fondo de Pensiones Previsión (AFP Previsión). En el caso de Bolivia, la AFP es algo más que la compañía que gestiona el sistema de pensiones privado. La capitalización de las empresas estatales establecía que cerca del 50% de las acciones de estas empresas debían pasar a ser propiedad de los bolivianos y bolivianas. Pero el Gobierno de Sánchez de Lozada decidió que quien debía gestionarlo eran las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Así, en 1997 se crearon dos AFP: Previsión que fue adjudicada al BBVA y Futuro que fue adjudicada a Argentaria. En el contrato se estableció un periodo de exclusividad de 5 años en el que se prohibía la entrada de otras compañías. Pero hay más, en 1999 se fusionan ambos bancos y se crea un monopolio privado, a cargo del BBVA, que administró el 100% de las pensiones y todas las acciones de la población boliviana. Hasta el año 2001 cuando el Gobierno boliviano obligó a romper dicho monopolio.

Para el Estado la gestión privada de las pensiones no supuso ningún alivio, debido a que tenía que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma, pero sin los ingresos de las antiguas empresas estatales. Por otro lado, la actividad del BBVA no ha evitado la ausencia de protección social para grandes segmentos de la población, más bien al contrario, deja desprotegida a gran parte de la población activa que trabaja en el sector informal y que en 2007 llegó al 60%.

La nueva Ley de Pensiones proyectada por el Gobierno de Evo Morales prevé la creación de una entidad estatal denominada Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo, ofreciendo la posibilidad de optar por una entidad pública para gestionar la jubilación. Ante la posibilidad de ver mermados sus beneficios, la multinacional financiera ha anunciado que pondrá sobre la mesa el Tratado Recíproco de Inversiones entre España y Bolivia que blinda los derechos de la compañía frente a las decisiones soberanas de un Estado como el boliviano.

Repsol en el lobby petrolero y en contra del proceso de cambio

En 1999, Repsol inició su actividad en Bolivia de forma indirecta ya que a través de su compra de YPF se convirtió también en propietaria de Andina, una de las empresas que surgió de la privatización de la petrolera boliviana YPFB. A partir de ahí la presencia de la multinacional española ha ido creciendo y su negocio actual continúa a través de las filiales Maxus Bolivia, Andina, y Repsol YPF Gas de Bolivia, que produce y comercializa el 45% del gas licuado de petróleo del país. Si tenemos en cuenta las cifras que manejaba la compañía en 2007, el total de sus activos era el equivalente a seis veces el Producto Interior Bruto (PIB) boliviano.

El daño que han hecho las multinacionales del petróleo, entre ellas Repsol YPF, al patrimonio de la población boliviana, a su soberanía, a su derecho a la energía, a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente ha estado muy bien documentado en numerosas publicaciones (1) y ha sido denunciado en actos internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos de Viena (Austria, 2006) y Lima (Perú, 2008) (2). Es más, la Guerra del Gas de 2003 fue la respuesta de la población a esta situación y en ella, Repsol YPF tuvo un papel protagonista porque fue una de las impulsoras del proyecto Pacific GLP, que representaba el expolio histórico al que había sido sometido Bolivia en el sector de los hidrocarburos. A la multinacional española del petróleo le han atribuido el establecimiento de sobreprecios, el pago a proveedores no identificados, a compañías del mismo grupo corporativo, etc. para sobredimensionar los gastos.

Es importante señalar aquí el papel de transnacionales como Repsol en el proceso de cambio de Bolivia, iniciado con el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos en 2006. Desde su promulgación, la reacción de las multinacionales del petróleo ha sido el rechazo y la puesta en marcha de la maquinaría mediática, política y diplomática que tienen a su disposición. En este contexto ha sido destacable la defensa a ultranza de los intereses económicos de Repsol por el Gobierno español. Todo ello con el fin de frenar cualquier medida que disminuya sus elevados beneficios.

Después de cuatro años parecen haberse calmado las tensiones pero esto no quiere decir que las multinacionales petroleras hayan aceptado perder la capacidad de decisión en la explotación de hidrocarburos, todo lo contrario, continúan presionando al actual Gobierno para mantener su posición privilegiada. Por ejemplo, en la conferencia “Sociedades Inflamables”, realizada en julio de 2009 en La Paz, el representante de un lobby petrolero afirmaba que la nacionalización estaba mal hecha y que se iba a estar privatizando en 5 años. Frente a estas afirmaciones el Gobierno de Bolivia se posiciona diciendo que el Decreto de Nacionalización establece el marco donde las compañías son socias y no patrones. En cambio, las multinacionales tienen en su mano una elevada capacidad de presión, no sólo por la diplomacia de los países de origen de estas compañías y los tratados bilaterales de inversiones que las protegen, sino porque la ausencia de su inversión ha ocasionado y sigue haciéndolo, el desabastecimiento energético del país. Algo que no puede ser revertido por la estatal YPFB que, de momento, tiene medios limitados para realizar la exploración y explotación directamente, aunque tenga teóricamente la administración de las compañías petroleras. De este modo, el Gobierno boliviano llama a la inversión extranjera y las multinacionales ponen sobre la mesa sus condiciones.

Resultados actuales de la IED española

El BBVA y Repsol son sólo dos ejemplos del modo de actuar de las multinacionales españolas en Bolivia y esta forma de proceder se ha repetido con Abengoa en la privatización del agua en Cochabamba, con Iberdrola en La Paz y sus impactos laborales, con la ausencia de inversión de Red Eléctrica de España, el sesgo informativo de los medios de Prisa en contra del Gobierno de Evo Morales y las irregularidades cometidas por la editorial Santillana.

Lo que ha supuesto la entrada de IED foránea en Bolivia y en concreto los impactos de las multinacionales españolas en el país se desarrollará en un libro que publicará este año el Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad. Como adelanto, los dos ejemplos que se mostraron aquí, reflejan cómo estas transnacionales no han contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población ni a fortalecer sus decisiones soberanas, más bien han actuado en sentido contrario. Una vez que la población se ha pronunciado eligiendo un Gobierno que ha impulsado políticas de cambio, el reto sigue estando en desmantelar el poder de estas multinacionales y someter su actividad al respeto de los derechos fundamentales de la población.

(1) Gavaldá, M. (2006). Viaje a Repsolandia, Tútuma Edicions, Barcelona.

(2) Los informes de los casos presentados al TPP y las sentencias de las dos sesiones están disponibles en la web www.enlazandoalternativas.org.