Ley 30: ''Es un atentado contra los derechos sociales y ambientales''

Este miércoles partió desde San Cristóbal de las Casas, estado mexicano de Chiapas, una caravana que recorrerá varios países visibilizando las violaciones a los Derechos Humanos contra organizaciones y poblaciones, llegando hasta Panamá. Organizaciones indígenas, sociales y ecologistas de Panamá han ido movilizándose contra los megaproyectos como son la minería y las represas.

Por ello, el gobierno de Panamá promueve la Ley 30 o “Ley Cárcel” que busca criminalizar la protesta y el movimiento social en el país. Miles de trabajadores se movilizaron para exigir que se derogue dicha ley y fueron reprimidos violentamente.

Ante esta situación se conformó una Caravana Internacional Solidaria de observación y denuncia que ha comenzado este miércoles 28 de julio para arribar a la ciudad de Panamá el 12 de agosto próximo, según Eduardo Cuesta, miembro de la organización Asociación Catalana por la Paz, que coordina esta delegación. El derrotero de esta caravana, que podrá seguirse a través del blog diseñado a tal efecto, incluirá Guatemala, Honduras, Nicaragua y estará arribando a Panamá donde tendrá lugar el grueso de las actividades.

En tanto en el istmo, funcionarios del gobierno panameño encabezado por Martinelli enfrentan denuncias de organizaciones sociales por la actuación de la fuerza pública en la provincia de Bocas del Toro, escenario reciente de enfrentamientos entre obreros bananeros y la Policía Nacional precisamente por la aplicación de la normativa antisindical.

La Procuraduría General de la Nación recibió los reclamos para investigar a los ministros de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y de Trabajo, Alma Cortés. Una de las querellas fue presentada por la Secretaría de Asuntos Indígenas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) por la supuesta violación de los Derechos Humanos. Asimismo, el Movimiento de la Juventud Popular de la Universidad de Panamá añadió la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales, reportan las agencias internacionales desde la capital panameña. A las demandas se sumaron juristas del movimiento Unión de los Pueblos, en representación de miembros de las comunidades indígenas de Bocas del Toro.

El balance oficial de las protestas en la ciudad de Changuinola da cuenta de dos víctimas fatales entre los manifestantes y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones en los órganos visuales debido al empleo de perdigones por la Policía Nacional. Sin embargo, los datos de entidades independientes sitúan entre seis y ocho los decesos durante los enfrentamientos.

Ley 30

El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país. “No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor. Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio.

Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).

La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho a reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social.

El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.

Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%''. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.