Justicia con los activistas

Parcial pero triunfo al fin. Nueve de los doce campesinos mexicanos que desde hacía cuatro años purgaban penas por el delito de “secuestro equiparado”, una figura legal creada a imagen y semejanza de la represión de Estado, fueron liberados este 1º de julio.

La decisión fue tomada por unanimidad en la Sala I de la Suprema Corte de Justicia federal mexicana y fue recibida como un verdadero triunfo de la verdad por parte de la madeja de organizaciones y redes sociales y jurídicas mexicanas que trabajaron incansablemente por la liberación de los activistas.

No obstante, los tres principales referentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos en 2006 seguirán en prisión. Ellos son Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, quienes cargan con otros cargos además del “secuestro equiparado”.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, cuatro mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal tomaron Atenco, estado de México, donde miembros del FPDT protestaban por el intento de construir allí un aeropuerto internacional. En aquellos incidentes dos jóvenes murieron y las fuerzas del gobierno arrestaron a 207. Además, un centenar de mujeres fueron víctimas de abusos sexuales y torturas cometidos por los represores. Todavía está pendiente una investigación seria encaminada a castigar a los autores de esas violaciones, sostiene el FPDT.

A la sesión de la Corte que resolvió la excarcelación asistió la activista y Premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams, quien calificó la resolución como “histórica”. Por su parte la Licenciada Jacqueline Sáez, Coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos (CENTROPRODH) de México, señaló que el proceso estuvo viciado desde su inicio cuando se acusó a quienes resistían el despojo de conformar un “grupo subversivo”.