Huelga de hambre Mapuche por Ley Antiterrorista

Mientras distintos apoyos se van sumando a la medida de protesta de los presos políticos mapuches. En la cárcel de Lebu, Carlos Muñoz Huenuman y Eduardo César Painemil, adhirieron a la huelga de hambre líquida de carácter indefinido, que comenzaron hace ya más de dos semanas otros presos mapuche recluidos en las cárceles de Valdivia, Temuco, Angol y Concepción y que en total suman 31.

Los presos de Lebu se sumaron al petitorio original contra la Ley Antiterrorista, pero además exigen que no se concreten los proyectos mineros en el lago Lleu Lleu. Asimismo, pidieron el encarcelamiento inmediato de los testigos protegidos que se encuentran confesos de los delitos investigados por la fiscalía y cuyas declaraciones mantienen presos a los comuneros mapuches.

Mientras, en Temuco, la publicación de fotografías donde se mostraría comida en las celdas de los comuneros, abrió una fuerte polémica, debido a que el vocero de la causa, Eric Millán, culpó a Gendarmería de realizar un montaje para desprestigiar la fuerza del movimiento. María Tralcal, esposa del ''reo'' Luis Tralcal, desmintió la información y manifestó su preocupación ante una eventual manipulación de datos. “Los hermanos desmienten tajantemente la información. Cuando nosotros entramos a la visita de comuneros, Gendarmería está avisada que ellos están en huelga y solamente entramos líquido. Es necesario que se pidan los informes y ahí van a darse cuenta que los hermanos están bajando de pesos. La única gente que tiene acceso a ese recinto es Gendarmería y de la única fuente donde pudo haber salido la información es de ahí. Estamos preocupados porque se supone que en otras huelgas ha pasado y ahora podría pasar que Gendarmería altere los pesos de los hermanos”, indicó Tralcal. Un hecho que está en investigación, para verificar en qué lugar se habrían tomado las fotos y de qué cámara provienen.

Por otra parte, los movimientos religiosos ya entraron al debate. El Obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, se mostró contrario a la huelga de hambre porque “daña el organismo y la mente de los internos”, además de argumentar que la medida crea un clima que perjudica las gestiones que se están haciendo. Por su lado, el padre jesuíta Rodrigo Aguayo, a través de cartas a los principales medios de comunicación, ha llamado a “informar esta situación y no permitir que se diluya la atención sobre un hecho tan grave”.

Aguayo sostuvo que la congregación trabaja directamente con las comunidades, por lo que conocen la real magnitud de la situación que se está viviendo. “Lo que ellos reclaman con respecto a la derogación de la ley antiterrorista es una petición justa en el sentido de que queda muy poco claro que el juicio que les hacen, en el contexto de esa ley, corresponde que a ellos se les aplique, porque es muy raro que solamente a las personas de origen mapuche se les aplique esta ley. Ellos no dicen que no se les juzgue, sino que se les juzgue de manera justa”, aseguró el jesuita.

Ante estas dudas, el senador del MAS, Alejando Navarro, visitó la cárcel de Temuco, donde anunció la necesidad de retomar un proyecto que presentó el año pasado con el fin de regular la aplicación de la Ley Antiterrorista. El senador añadió que esta ley es ampliamente condenada a nivel internacional y advirtió que Chile será castigado por diversos organismos si persiste en su postura. “Dos organismos internacionales de manera sucesiva han observado y condenado la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuches en Chile, por cuanto no existen hechos de sangre, hechos de intimidación o alarma pública. Esta ley aplicada así resulta racista en opinión de Human Rights Watch y la Comisión de Deerechos Indígenas ONU que han criticado y condenado el uso de la ley terrorista en contra de los mapuches”, aseveró Navarro.

Apoyo Internacional

Distintos apoyos se van sumando a la medida de protesta de los presos políticos mapuches. El presidente de Amnistía Internacional en Chile, Hernán Vergara, indicó que las medidas que se aplican al pueblo mapuche en nuestro país son rechazadas a nivel internacional.

Vergara agregó que la situación es preocupante porque en Chile no existe la voluntad política para remediar esta situación, ya que aplicar la Ley Antiterrorista es la opción más fácil que tiene el Estado para sancionar a quienes están luchando por una reevindicación social. “Es mucho más fácil para el Estado aplicar una ley que te da todas las atribuciones habidas y por haber y más que buscar hacer una investigación acorde a los principios del debido proceso. Se les quieres sindicar a los mapuches como si fueran terroristas de alto nivel, cuestión que no es así. Aplicar la ley antiterrorista es querer violentar los derechos humanos, pero con la venia legal”, afirmó Vergara.

Por otro lado, desde el Parlamento Europeo, Joe Higgins, diputado socialista irlandés envió una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera para solicitar la pronta intervención del Gobierno en la huelga de hambre de los presos mapuches. En la misiva, el diputado manifiesta su preocupación por la salud de los huelguistas, ya que están sufriendo una pérdida de peso grave y se enfrentan a la muerte en los próximos días o semanas. “Pido a usted que intervenga de inmediato para satisfacer las demandas de los huelguistas de hambre, que están totalmente justificadas”, señala el documento. Higgins indica que está consciente de la grave opresión que sufre el pueblo mapuche, puesto que visitó Chile en 2008, donde se pronunció a favor de Elena Varela, quien era perseguida por su trabajo documental.

Como en los viejos tiempos...

Esclavos Chinos de barcos

Un joven de 29 años como Chorn Khaov puede adquirirse por cerca de 1.000 euros en uno de los mercados de esclavos de la localidad tailandesa de Pak Nam, en la provincia de Samut Prakan. Su comprador pretendía recuperar su inversión empleándolo sin sueldo durante tres años. "Nos drogaba para que trabajáramos sin descanso", recuerda Chorn, que logró escapar el pasado mes de diciembre cuando divisó tierra desde cubierta. Se arrojó al mar y nadó durante horas hasta alcanzar una playa de Malasia, dejando atrás a sus compañeros y una probable muerte a manos de sus captores.

Miles de campesinos pobres de países como Camboya están siendo comprados, revendidos y explotados aprovechando la impunidad y el aislamiento de los océanos. Pesqueros, buques mercantes e incluso cruceros de lujo, a menudo gestionados de forma clandestina, se han convertido en cárceles flotantes que no se rigen por ninguna ley, no están sujetas a ninguna autoridad y representan una versión moderna de las galeras romanas y el tráfico de esclavos africanos de los siglos XVII y XVIII.

La crisis económica y la subida del petróleo han llevado a un creciente número de armadores a buscar una reducción de costes empleando mano de obra forzada. La ONG camboyana Healthcare Center For Children (HCC), la única organización que tiene un centro de acogida para esclavos del mar, situado en la frontera entre Camboya y Tailandia, ha visto cómo en unos meses se doblaba el número de víctimas que llegaban pidiendo ayuda. Aunque el secreto con el que operan las mafias y las irregularidades en los registros de buques hacen imposible saber cuántas personas están siendo traficadas, los cálculos más optimistas hablan de varios miles.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), con sede en Londres, asegura que cerca de 2.000 marineros mueren cada año en "sarcófagos flotantes" donde armadores sin escrúpulos explotan a trabajadores y los someten a condiciones más duras que ningún otro empleo sobre tierra firme.

Camboya y Filipinas, con poblaciones pobres y mayoritariamente rurales, se han convertido en los principales centros de tráfico de esclavos. Intermediarios locales visitan las aldeas más míseras con la promesa de un trabajo en la construcción, seleccionan a los más fuertes y se los llevan a centros de venta y compraventa como el situado en Pak Nam, Tailandia. Varias casetas hacen aquí de muestrario: los hombres son retenidos durante dos o tres días hasta que se completa el intercambio de dinero y se les distribuye a sus compradores. Los clientes, empresas de transporte marítimo y de pesca, atracan sus barcos en lugares escondidos, esperando la llegada de la mercancía. Una vez en el barco, la huida se convierte en una obsesión casi imposible para las víctimas.

Muertos en la huida

Por cada afortunado que logra la libertad, como Chorn, otros muchos mueren en el intento, son ejecutados antes de lograr su objetivo o se quitan la vida al enfrentarse a la posibilidad de pasar años trabajando como esclavos. Los capitanes eluden los puertos, descargando su mercancía con barcas más pequeñas y evitando las inspecciones y el contacto de los esclavos con las autoridades portuarias o la policía. "Tenemos casos de campesinos que han pasado hasta tres años en alta mar, sin ver la costa", asegura el abogado Manfred Hornung, que trabaja en la asistencia de las víctimas desde la ONG Licadho.

Quienes han logrado escapar describen ejecuciones sumarias en alta mar, torturas y motines en los que marineros desesperados tratan de tomar el control de su buque, a menudo pagando el intento con la vida. Meses atrás, nueve tripulantes filipinos de un buque taiwanés que surcaba las aguas del Océano Índico se alzaron contra el capitán y sus hombres, logrando hacerse con el timón y llevar el barco a un puerto de Isla Mauricio. "No nos daban de comer y trabajábamos hasta caer rendidos", relata Roderick Sumang, que lideró el motín que le ha convertido en un icono de la lucha contra la explotación en los mares.

Los activistas que luchan contra el tráfico de hombres en el mar se encuentran con la dificultad adicional de que la suya es una causa que apenas despierta interés. Sus intentos de llamar la atención de medios de comunicación, ONG internacionales o instituciones oficiales tienen escaso éxito porque los esfuerzos se concentran en la lucha contra el tráfico de mujeres y niños, la principal actividad de las organizaciones no gubernamentales en países como Camboya. "Los hombres no dan tanto juego en televisión", denuncia Hornung. "A nadie le importa el problema".

Traficantes de hombres llegaron a finales de año a Dong Khpos, "la aldea de los cocoteros altos" en su traducción al jemer. El jefe del pueblo, Chun Mean, tiene registrados aquí a 842 vecinos en 178 casas de madera y paja. Una comida con algo más que arroz es un lujo ocasional para las familias de este pueblo, situado al final de una carretera de arena en la provincia camboyana de Takeo, en la frontera con Vietnam. Los reclutadores prometieron cambiar la fortuna de la aldea: dijeron que todo iría mejor si los más jóvenes accedían a marcharse con ellos. Dijeron que podrían conseguirles trabajos en los que se pagaba hasta 100 euros al mes, el doble del sueldo medio en Takeo. Dijeron que serían libres para regresar cuando quisieran y que podrían ascender a capataces. "Algunos se han hecho ricos", dijeron.

Hermanos Phrom

Catorce jóvenes de Dong Khops recogieron sus cosas, prepararon sus petates y se marcharon. Los tres hermanos Phrom, de 20, 23 y 27 años, estaban entre los que se subieron a la furgoneta que llevó a los jóvenes más fuertes del pueblo en dirección a la frontera. Cruzaron hasta Tailandia a pie, eludiendo a los guardias fronterizos, y tras pasar dos noches encerrados en una habitación, fueron trasladados a un pesquero ilegal. Les esperaba una banda de hombres armados. Su jefe, que se hacía llamar capitán Nim, les explicó cuál era su nueva situación: "En el mar no hay ley que os pueda proteger. Ahora me pertenecéis. Los que no obedezcan serán arrojados por la borda. El resto podrán vivir y recuperar la libertad tras dos años de trabajo".

Las jornadas de hasta 23 horas de trabajo eran forzadas con una mezcla de golpes, amenazas y dosis de ya ba, una droga compuesta por cafeína y metanfetamina utilizada en Asia por prostitutas, taxistas y peones de obra para soportar largas jornadas de trabajo. "Cuando estabas inconsciente o no podías levantarte, te azotaban y te daban patadas. Si no volvías al trabajo, decían que te arrojarían a los tiburones", recuerda Vorn, el mayor de los hermanos Phrom.

La odisea de los 14 jóvenes de Dong Khops duró 45 días. El barco se vio forzado a hacer una breve parada técnica en un puerto tailandés del Golfo de Tailandia. Aprovecharon para desbordar a sus vigilantes y correr hacia la selva, siguiendo camino hacia Camboya. De regreso en la aldea, con varios kilos de menos y la sensación de que nada hay para ellos más allá de los campos de arroz de Takeo, las víctimas se han resignado a una vida de pobreza. "Jamás volveré a marcharme. Tenemos suerte de estar vivos. Esto es mejor que lo que pasamos en el barco", dice Cha Teng, el joven de 22 años.

El tráfico de esclavos se ha sumado en los últimos años al sida (los puertos marítimos se han convertido en una de las principales vías de contagio), los abusos, el suicidio o el alcoholismo dentro de la larga lista de problemas que han convertido al sector marítimo en uno de los de mayor riesgo laboral del mundo, según la ITF Seafarers. Los más vulnerables son el millón de personas que en este momento navegan a bordo de los llamados buques de conveniencia, barcos que son registrados en países donde la regulación es mucho menor en seguridad, fiscalidad o condiciones de trabajo.

Hasta la década de los años 70, la falta de legislación en el sector era suplida por la tradición marina como garantía de un trato aceptable: los principales países marítimos, como Reino Unido o Grecia, abanderaban sus barcos en su propio territorio, contrataban personal nacional y mantenían unas condiciones de trabajo mínimas para preservar el oficio. La aparición de miles de barcos fantasmas y la emergencia de otras potencias marítimas como Corea del Sur o China, sumado a una mayor competencia y un aumento de los costes, ha cambiado las reglas. La mayoría de los puestos se cubren ahora con inmigrantes de países lejanos porque cuestan menos y tienen menos capacidad para reclamar sus derechos.

El placer de viajar?

En ningún sector marítimo es mayor el contraste entre la imagen de cara al público y la realidad que en los cruceros turísticos, que el autor Kristoffer Garin's describe como "diablos en el profundo océano azul" en su libro del mismo título.

Detrás de las clases de pilates sobre la cubierta, las cenas de gala animadas por orquestas y las visitas a carismáticos puertos, cientos de empleados viven en condiciones que la organización Oxfam ha descrito como "de esclavitud". Hacinados en zonas apartadas de la vista de los pasajeros, con salarios inferiores a los de cualquier trabajo del sector de servicios y jornadas interminables, los empleados de los buques de recreo son víctimas de un negocio donde los abusos son sistemáticos y tienen poco que ver con la imagen idílica ofrecida en "Vacaciones en el Mar", la serie de televisión que popularizó los cruceros en todo el mundo en los años 70 y 80. El barco es para muchos, sin embargo, la única alternativa cuando han sido expulsados de países donde habían emigrado y no tienen dónde ir.

Solo números, pero asustan

Un escenario dramático y preocupante emerge de un estudio realizado por el Equipo móvil de la Obra Don Guanella, realizado a 315 niñas que viven en las calles en el distrito de Tshangu, territorio que va desde las afueras de Kinshasa, República Democrática del Congo y se extiende hacia la sabana.

Las preguntas han sido planteadas por un equipo de tres educadores, dos mujeres y un hombre. La gravedad del fenómeno que se lee en los datos ha dado lugar a un nuevo proyecto de Caridad, junto con War Child y Comic Relife, para responder a las muchas necesidades de tantos “infantes de la calle”, especialmente de estas jóvenes niñas obligadas a la prostitución y a la violencia.

El 79% de las niñas entrevistadas, se lee en una nota de Mauro Cecchinato, director de las actividades de la ciudad y del Equipo móvil, tiene una edad comprendida entre los 12 y 18 años, el 70% ha nacido en Kinshasa (la mayoría en el distrito de Tshangu), el 62% cuenta todavía con un familiar vivo. La razón que empuja a las niñas a las calles es una combinación de factores: el abuso o la dificultad a vivir en el núcleo familiar (65%), influencia de amigas (45%), pobreza (44%), y acusadas de brujería (41%).

El 70% no ha completado la escuela primaria, el 57% dice no poder encontrar el alimento suficiente para sobrevivir (razón por la que recurren a la prostitución). Todas las entrevistadas (excepto una) dijo que había elegido el camino de la prostitución como la única opción para tener poder sobrevivir económicamente, el 45% de las niñas dijeron que habían usado anticonceptivos, pero el 80% admitió que no obligan al cliente a usar el preservativo.

Los 2/3 aún no se han sometido a un examen para del SIDA. El 32% encuentra una media de cinco clientes por noche. El 42% ya han estado embarazadas al menos una vez, el 15% ha continuado con el embarazo y el 20% vive todavía en la calle con su hijo. El 57% de las entrevistadas admitieron haber sido violentadas, sobre todo por los chicos que viven en la calle, pero el 28% de estas agresiones sexuales fueron cometidos por militares o fuerzas del orden.

En el 68% de los casos de violencia, las víctimas no han recibido ninguna atención médica, ningún apoyo psicosocial o legislativo. Sólo el 9% de los casos ha encontrado el valor y la posibilidad de denunciar. El 86% vive en las calles desde hace más de un año y el 65% de las 315 entrevistadas expresaron su deseo de dejar pronto este tipo de vida.

Ahora es derecho humano pero... hay que seguir presionando para que se cumpla!!!

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el miércoles en Nueva York, Estados Unidos, la resolución que reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento, con 122 votos a favor, 41 abstenciones y ningún voto en contra. Cientos de movimientos sociales alrededor del mundo celebran este momento histórico. “Luego de más de una década de duro trabajo, el movimiento mundial por el derecho humano al agua alcanza una gran victoria”, empieza diciendo un comunicado de prensa del Consejo de los Canadienses, organización que ha sido fundamental en la lucha internacional por ese derecho. Trabaja por la justicia social, económica y ambiental en Canadá y alrededor del mundo.

Tres de los integrantes del Consejo de los Canadienses estuvieron presentes en la Asamblea General de Naciones Unidas ayer. Uno de ellos, Anil Naidoo, dijo que “esta resolución tiene el apoyo abrumador de una gran mayoría de países, a pesar de un puñado de poderosos opositores". "Ahora debe ser objeto de seguimiento con una renovada presión por la justicia del agua”, agregó.

La iniciativa, que había sido presentada por Bolivia con el auspicio de más de 30 países, declara “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Manifiesta además su “profunda preocupación” porque “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”. Agrega su “alarma” porque “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

Los movimientos que han luchado por el derecho humano al agua a nivel internacional tienen claro que el trabajo y la movilización debe seguir, para asegurar que se respete la resolución recién votada. “Realizamos un llamado a las comunidades alrededor del mundo para que realicen acciones para asegurar que los derechos al agua y al saneamiento sean implementados”, dijo Naidoo. “Los gobiernos, agencias de cooperación y Naciones Unidas deben tomar seriamente sus responsabilidades”, enfatizó.

Varios países industrializados presionaron hasta último momento para que no se aprobara la nueva resolución, aunque a la hora de la votación se hayan abstenido para cuidar su imagen internacional. Entre esos países se destacan el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Estos Estados buscaron un cambio en la redacción de la iniciativa votada el miércoles, para matizar sus obligaciones futuras en cuanto a garantizar el derecho humano al agua.

La mayoría de los países que se abstuvieron son europeos, principalmente de la Unión Europea o alineados. Los seis Estados africanos que tomaron la misma decisión (Botswana, Etiopía, Kenia, Lesotho, Tanzania y Zambia) son antiguas colonias europeas y lo mismo ocurre con los dos países del Caribe que hicieron lo propio (Guyana y Trinidad y Tobago).

Suramérica territorio de paz

El pasado martes en la capital uruguaya, Montevideo, tuvo lugar un acto denominado “Suramérica territorio de paz”, que contó con la participación de varios artistas uruguayos y venezolanos. El acto, convocado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM) y la central sindical única, el PIT-CNT, fue realizado en solidaridad con Venezuela y en rechazo a las recientes declaraciones del Ejecutivo colombiano que condujeron a un quiebre en las relaciones entre ambos países.

Gabriel Bermúdez, Secretario de Relaciones Internacionales de la FEUU, estuvo a cargo de la oratoria que se realizó en el acto por parte de la Federación, que implicaba el reclamo por la paz y el respaldo a Venezuela. “Lo que nos incitó desde la Federación es salir a [dar] una respuesta de reclamar paz. Puede haber diferencias, podemos tenerlas, está bien que las tengamos, lo que no puede haber es de alguna manera una acción bélica, no puede haber guerra entre hermanos”, señaló.

El poeta venezolano Ely Briceño, integrante del Frente de Creadores Militantes, habló de la tarea de su colectivo, que implicaba aportar políticamente “desde lo subjetivo, desde el corazón” a través del arte, para construir un mundo diferente y se refirió concretamente al acto que se había desarrollado a favor de la paz.

En éste, según afirmó, se había demostrado “que existía unidad latinoamericana”. Además, indicó que la canción de los artistas comprometidos estaba “en pie de lucha”, para hacer “una resistencia cultural” frente a los embates que recibía América Latina.

Una vez finalizado el acto se interpretaron canciones de artistas como Daniel Viglietti, Luis Pino, Elena Gil, Heber Rodríguez, María Elena Melo, Edgardo Muscarelli y el colectivo Frente de Creadores Militantes.

Reveces para Bayer y Cargill en Brasil

La justicia brasileña prohibió comercializar en el país el maíz transgénico Liberty Link, propiedad de la empresa alemana Bayer y resistente al herbicida glufosinato de amonio, porque no se presentó un plan de monitoreo luego de su liberación en mayo. Bayer deberá pagar, de acuerdo a la sentencia, más de 25 000 dólares diariamente si no suspende de forma inmediata la comercialización, siembra, transporte e importación de su maíz transgénico.

La variedad Liberty Link de Bayer había sido liberada comercialmente por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, encargada de concretar esas concesiones en el país, a condición de que fueran realizados estudios de monitoreo pos-cosecha y de coexistencia con variedades convencionales de maíz, lo cual no se cumplió.

Las organizaciones brasileñas Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, habían solicitado la suspensión de la liberación concedida al maíz Liberty Link.

Desde 2007 estas organizaciones tienen una acción civil pública en proceso en la que exigen a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad que se realicen adecuados análisis de riesgos sobre la salud y el medio ambiente de las variedades transgénicas propuestas. El trabajo de esa comisión ha sido cuestionado duramente en los últimos años. Las organizaciones brasileñas piden además que se brinde toda la información disponible a los ciudadanos.

Por su parte, otra empresa del sector de los agronegocios, la estadounidense Cargill, también enfrenta un importante revés en Brasil. El Ministerio Público Estatal de Pará no quedó conforme con un estudio de impacto ambiental que la compañía presentó el 14 de julio sobre su puerto en Santarém, en audiencia pública realizada en esa localidad, muy concurrida y con fuerte operativo de seguridad.

Se abrirá “una investigación policial para determinar la veracidad de los datos del estudio de impacto ambiental de la terminal de granos de Cargill en Santarém”, empieza diciendo el Ministerio Público Estatal paraense, citado en la web del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. “Procuradores de los Ministerios Federal y Estatal tienen fuertes sospechas de que las informaciones contenidas en los estudios no son verdaderas”, sentencia.

La Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil había presentado el 14 de julio ante el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Medio Ambiente de Pará un extenso archivo para comprobar los impactos que ha provocado el puerto granelero de Cargill en Santarém. La terminal lleva siete años de operativa sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y sin las audiencias públicas que la avalen, según informa la agencia Adital. Varias organizaciones brasileñas argumentan que la construcción del puerto se llevó adelante sin respetar la legislación nacional y que su presencia provocó el desplazamiento de cientos de familias de comunidades rurales que se dedicaban a la pequeña agricultura hasta la llegada de la soja.

Han dejado correr mucha agua...

La historia de la represa guatemalteca de Chixoy está teñida de sangre y toda la responsabilidad recae sobre la dictadura militar que asoló al país hasta 1986. Los opositores al proyecto hidroeléctrico financiado por organismos internacionales sufrieron persecuciones, secuestros y fueron asesinados, mientras que los sobrevivientes de esa masacre, en su mayoría indígenas mayas, siguen sin cobrar los resarcimientos que les corresponderían. Las comunidades afectadas por las inundaciones del río Chixoy se quedaron sin sus tierras y viven hoy en la extrema pobreza.

A partir de 1980 comenzó un proceso de desplazamiento forzado que perjudicó para siempre a unas seis mil familias, de acuerdo a la información que manejan las organizaciones International Rivers y el Centro Legal para la Defensa Ambiental, que han asesorado a la población local. Estos grupos reclaman que las reparaciones corran por cuenta del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaron las obras promovidas por los militares.

Un estudio independiente encargado por las organizaciones, que fue presentado en 2005 concluye que el desarrollo de la represa se hizo “a costa de la pérdida de vidas, tierras, y economías locales, violó las leyes nacionales e internacionales, y causó miseria extrema en las comunidades que antes tenían un modo de vida sostenible”. En paralelo a estos pedidos, las organizaciones ambientalistas recogen adhesiones a través de una carta, con el propósito de persuadir a las autoridades de Guatemala, sobre todo al actual presidente Álvaro Colom.

En octubre de 2005, las comunidades afectadas por Chixoy fueron las anfitrionas de la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, y allí presentaron su situación ante decenas de activistas extranjeros. Los miles de guatemaltecos que sufrieron los daños de estas obras han planteado sus denuncias en diferentes ámbitos, pero la justicia sigue sin llegar.

Ley 30: ''Es un atentado contra los derechos sociales y ambientales''

Este miércoles partió desde San Cristóbal de las Casas, estado mexicano de Chiapas, una caravana que recorrerá varios países visibilizando las violaciones a los Derechos Humanos contra organizaciones y poblaciones, llegando hasta Panamá. Organizaciones indígenas, sociales y ecologistas de Panamá han ido movilizándose contra los megaproyectos como son la minería y las represas.

Por ello, el gobierno de Panamá promueve la Ley 30 o “Ley Cárcel” que busca criminalizar la protesta y el movimiento social en el país. Miles de trabajadores se movilizaron para exigir que se derogue dicha ley y fueron reprimidos violentamente.

Ante esta situación se conformó una Caravana Internacional Solidaria de observación y denuncia que ha comenzado este miércoles 28 de julio para arribar a la ciudad de Panamá el 12 de agosto próximo, según Eduardo Cuesta, miembro de la organización Asociación Catalana por la Paz, que coordina esta delegación. El derrotero de esta caravana, que podrá seguirse a través del blog diseñado a tal efecto, incluirá Guatemala, Honduras, Nicaragua y estará arribando a Panamá donde tendrá lugar el grueso de las actividades.

En tanto en el istmo, funcionarios del gobierno panameño encabezado por Martinelli enfrentan denuncias de organizaciones sociales por la actuación de la fuerza pública en la provincia de Bocas del Toro, escenario reciente de enfrentamientos entre obreros bananeros y la Policía Nacional precisamente por la aplicación de la normativa antisindical.

La Procuraduría General de la Nación recibió los reclamos para investigar a los ministros de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y de Trabajo, Alma Cortés. Una de las querellas fue presentada por la Secretaría de Asuntos Indígenas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) por la supuesta violación de los Derechos Humanos. Asimismo, el Movimiento de la Juventud Popular de la Universidad de Panamá añadió la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales, reportan las agencias internacionales desde la capital panameña. A las demandas se sumaron juristas del movimiento Unión de los Pueblos, en representación de miembros de las comunidades indígenas de Bocas del Toro.

El balance oficial de las protestas en la ciudad de Changuinola da cuenta de dos víctimas fatales entre los manifestantes y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones en los órganos visuales debido al empleo de perdigones por la Policía Nacional. Sin embargo, los datos de entidades independientes sitúan entre seis y ocho los decesos durante los enfrentamientos.

Ley 30

El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país. “No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor. Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio.

Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).

La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho a reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social.

El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.

Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%''. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.

''Silvino Talavera Vive''

Los responsables del asesinato del niño paraguayo Silvino Talavera, los empresarios sojeros Hermann Schlender y Alfred Laustenlager, están libres aunque desde 2005 pesa sobre ellos una condena de cárcel de dos años por homicidio culposo. La familia de Silvino clama por justicia.

Los Talavera - Villasboa piden apoyo nacional e internacional: “Hoy nuevamente, yo, Petrona Villasboa de Talavera, madre de Silvino, y toda mi familia, Juan Talavera (padre de Silvino), sus hermanos, Antonio, Norma, Darío, Ramón, Ignacio, Sofía, Justiniano, Patricia y Silvino Merced Talavera Villasboa, hacemos un llamado de solidaridad a todas las personas, a organizaciones del Paraguay y de todos los países del mundo que se sientan indignados y sean luchadores por la vida”.

La familia tiene en proceso un juicio civil contra Schlender y Laustenlager y la transnacional Monsanto, en el que piden una indemnización por daños y perjuicios. El 7 de enero de 2003 Silvino, de 11 años, murió intoxicado por agrotóxicos usados en los sojales transgénicos de Schlender y Laustenlager en la localidad paraguaya de Pirapey, departamento de Itapúa. La máquina roció a Silvino directamente, por encima del camino por el que el niño pasaba cuando volvía de una carnicería de la zona. Su hermana Sofía, también intoxicada al comer la carne, apenas salvó su vida.

Juan Talavera recordó a los hechos que desencadenaron la muerte de su hijo. Contó que Silvino llegó a su casa al volver de la carnicería con mucho sudor y picazón, dejó la carne a su hermana para que ella cocinara. Al otro día Silvino admitió sentirse muy mal y fue cuando su madre lo llevó a un hospital. Un par de horas luego de haber llegado al centro de salud Silvino falleció.

Schlender y Laustenlager fueron condenados a una pena mínima de dos años de cárcel por homicidio culposo y producción de riesgos comunes en un primer juicio realizado en 2004. Pero debido a una apelación de los empresarios ese juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones. No obstante, la familia de Silvino solicitó un nuevo juicio penal que se realizó en forma oral y pública en 2005. Este segundo juicio concluyó con la misma sentencia y condena que el anterior, pero hasta el día de hoy ninguno de los dos procesados cumple su pena de cárcel.

Petrona no encuentra palabras para explicar el dolor de su familia y por qué los empresarios no están presos y siguen usando sus agrotóxicos en la misma zona. “El juicio penal ya se terminó. Ellos tienen que ir sí o sí a la cárcel, pero no van, ellos están en su casa. Lastimosamente no sabemos por qué no van a la cárcel. La verdad que acá en Paraguay la justicia no existe”, dijo Petrona. “Estoy muy destrozada, nosotros ya no tenemos nada más, ni animales ni nada porque gastamos mucho. Fijate que llevamos ocho años de lucha. Es muy duro para mi”, agregó la campesina.

En el llamado a la solidaridad internacional, la familia Talavera – Villasboa recuerda la muerte de su hijo, relata los procesos penales y cuenta sobre el juicio civil que se desarrolla actualmente. Bajo el título “Silvino Talavera vive”, el llamado pide a personas y organizaciones que hagan llegar misivas de apoyo al Juzgado responsable y al propio Poder Judicial paraguayo, así como también a diversos medios de prensa nacionales.

Petrona explicó la demanda civil presentada por su familia y por qué también ese recurso responsabiliza a Monsanto. La empresa de origen estadounidense es propietaria de la soja transgénica RR, que se planta en Paraguay y en la región, y del herbicida glifosato, que se utiliza en esas plantaciones. En 2003 el glifosato no estaba legalizado todavía en Paraguay y entraba al país como contrabando. Según las palabras de Petrona, Monsanto ha reconocido su responsabilidad en el caso pero sus abogados argumentan que ya pasaron los dos años luego de la muerte de Silvino y que, por tanto, la demanda no tiene asidero.

Petrona dijo que empezaron “el juicio civil hace un año ya” contra Schlender y Laustenlager, y contra Monsanto Paraguay, “porque nosotros también consideramos a la empresa como causante” (responsable). “Tenían que resolver el caso en diez meses, pero está encarpetado y todavía no se ha resuelto nada”, agregó la madre de Silvino.

La familia de Silvino tiene diversos problemas de salud como consecuencia de su exposición continua a las fumigaciones con agrotóxicos, moneda corriente en un país en que la soja transgénica ha avanzado ferozmente. Los hermanos y padres de Silvino han padecido problemas pulmonares, estomacales, alergias, dolor de cabeza y de los huesos, entre otras cosas, y hasta el día de hoy necesitan tratamientos médicos que no pueden pagar.

Además, la familia ha seguido siendo perseguida por una tragedia que tiene su causa en el modelo sojero y agroexportador del país. Han sido amenazados y presionados para que abandonen los juicios. Un tío de Silvino, Serapio Villasboa, fue secuestrado y asesinado, al tiempo que Sofía, quien salvara su vida en 2003, vio la muerte de su propio hijo, afectado por los venenos que ella misma ha tenido en sangre.

Angustiosa realidad le toca vivir a una familia que sigue dando lucha, luego de siete años. “Nosotros pedimos la indemnización porque nosotros ya gastamos todo, no tenemos nada nada. La verdad que yo perdí todo, perdí a mi hijo Silvino y perdí a todos mis hijos, porque todos están enfermos, necesitan sus tratamientos, sus medicamentos. Y para eso nosotros pedimos esa indemnización, para que mis hijos sigan con atención médica”. “Demasiado fea es nuestra situación”, sentencia Petrona.

La justicia paraguaya, adormecida y cómplice, mantiene impune el asesinato de un niño a manos de la avaricia empresarial. Sin embargo, todavía está a tiempo de poner las cosas en su sitio y dar algo de paz a una familia campesina que ha sufrido lo inimaginable. Más vale tarde que nunca.

Falsa independencia!!!

“Plan Colombia”, “Plan Patriota”, siete bases militares estadounidenses en su territorio y otros datos de la realidad en el país de las tres cordilleras desmienten la parafernalia oficial de festejos a los dos siglos de la Independencia colombiana.

Mientras el gobierno colombiano ratifica su combinación de formas de lucha, haciendo presencia cívico-militar en más de mil municipios del país, alentando con circo y bayoneta a izar el pabellón nacional y corear el himno patrio; otros miles de colombianos se resisten a ser caja de resonancia de la parafernalia uribista.

La marcha patriótica del bicentenario es una iniciativa de un sinnúmero de organizaciones sociales, sindicales, políticas y barriales que han decidido apostarle a la alternatividad y que el pasado 20 de julio le han gritado a Colombia y al mundo que no hay una independencia que celebrar; que por el contrario hay que celebrar la vigencia de la lucha del pueblo colombiano por su emancipación y verdadera independencia. Miles de millones de pesos fueron invertidos en los más de mil conciertos del bicentenario en todo el país, jornada diseñada por la Presidencia de la República y ejecutada por el Ministerio de Cultura, como una suerte de despedida agradecida al saliente presidente Álvaro Uribe.

Mientras tanto miles de personas en varias regiones de Colombia planearon con donaciones, colectas y actividades varias la Marcha Patriótica y los Cabildos Abiertos a realizarse en la capital colombiana. Dicho 20 de julio más de 20 mil personas marcharon en Bogotá para decir que el pueblo colombiano sigue en pie y que la lucha por la autonomía, por la libertad y por la democracia continúa; al mismo tiempo, organizaciones sociales, populares, niños y ancianos se reunieron en el popular sector de Alfonso López de la ciudad de Cali, para celebrar con marcha, música, juegos, olla comunitaria, galería de la memoria, videos formativos y mensajes de liberación, el bicentenario de la lucha popular por la independencia.

Diana Salazar, organizadora de la Marcha Patriótica y la Concentración Político-Cultural que se realizó en Cali, en el marco de una jornada nacional por la emancipación nacional, diferenciándose de la celebración oficial y apostándole a la unidad continental de los pueblos, dijo: “unidos seremos fuertes y merecemos respeto, divididos y aislados pereceremos, es una frase de Simón Bolívar, y el ideal es la unidad y la integración latinoamericana”.

Ataque mutador

Los habitantes de la ciudad iraquí de Fallujah están experimentando niveles de cáncer y mortalidad infantil más elevados que aquellos registrados entre los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, luego de que ambas ciudades japonesas fueran atacadas con bombas atómicas en 1945. Así lo indica un nuevo estudio científico, que fue publicado en el International Journal of Environmental Studies and Public Health.

El estudio, titulado “Cáncer, mortalidad infantil y ratio por sexo de los nacimientos en Fallujah, Irak, entre 2005 y 2009”, fue realizado por un equipo de once investigadores entre enero y febrero de este año, el cual fue conducido por Chris Busby, Malak Hamdan y Entesar Ariabi. Durante la investigación, fueron visitados 711 hogares en Fallujah, y se aplicó un cuestionario de encuesta a 4,843 personas.

En el estudio, se establce que el nivel de diagnósticos de cáncer entre la población se incrementó luego del ataque conducido por Estados Unidos contra la ciudad hace cinco años. Según se establece allí, los niveles de leucemia superan 38 veces a los que se registran en Egipto, Jordania y Kuwait, a la vez que la posibilidad de cáncer en niños es 12 veces superior y las posibilidades de que se registre cáncer de mama son diez veces más altas.

Por otra parte, los niveles de linfoma en adultos y de tumores cerebrales, así como también los de mortalidad infantil, son sensiblemente mayores en Fallujah que en los países mencionados. Además, en la ciudad iraquí se ha producido otra anomalía, que refiere a que la proporción de nacimientos de niñas se ha incrementado enormemente, lo que según los investigadores responde a un efecto mutagénico.

En una entrevista que le realizó la cadena italiana RAI (y que fue reproducida en parte por el periódico Theran Times) el profesor de biología molecular de la Universidad de Ulster Chris Busby indicó que para producir este tipo de efectos, “debió haber ocurrido una gran exposición a agentes mutágenos en 2004, cuando ocurrieron los ataques” de Estados Unidos. “Debemos descubrir cuáles fueron esos agentes. Aunque muchos sospechan que se trató de uranio, no podemos estar seguros sin que la investigación continúe y sin un estudio de muestras del área que se realice de forma independiente”, agregó.

Sin embargo, el académico consideró que era muy posible que las mutaciones se debieran al uso de uranio empobrecido, que el Ejército estadounidense empleó en su armamento, y que una vez utilizado hasta un 40% del mismo es liberado en pequeñas partículas en el área, en donde puede permanecer durante años. El uranio empobrecido ataca el ADN humano y el código genético que se encuentra en el esperma y en los óvulos, causando graves daños en las generaciones siguientes.

Ya el año pasado, un grupo de médicos se había dirigido a las Naciones Unidas para que fuera investigado el aumento de enfermedades relacionadas con la radiación, pero el Pentágono había respondido que no existían estudios científicos que relacionaran a los ataques estadounidenses con el aumento de las enfermedades y las mutaciones. Ahora lo tienen sobre la mesa...

Farmacia natural sustentable

Hugo Rodríguez Pimienta junto a Alejandro Landoni en la filmación del programa de TV Ciudad

Todos los años los uruguayos consumen casi 200 toneladas de hierbas medicinales y aromáticas. Algunas se importan, unas pocas se cultivan, pero la mayoría se recolectan en estado silvestre.

Por tanto, es muy importante que las prácticas de recolección protejan a las plantas pero también al habitat donde estas crecen. Esto es indispensable para conservar el medio ambiente.

El Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) esta trabajando en la difusión de tecnologías y propuestas para el uso sustentable de plantas como medicina. El proyecto tiene como fin certificar los predios y a los recolectores que desarrollan esta tarea.

En este marco, Puntas de Marmarajá, zona ubicada en el departamento de Lavalleja es la primer área que obtuvo el certificado de recolección sustentable en el Uruguay.

En este predio además de la recolección, se realiza todo el proceso de secado de las hierbas que son vendidas sin intermediarios a las herboristerías. Allí las envasan para luego hacerlas llegar al consumidor final.

La recolección sustentable de hierbas medicinales y su proceso industrial es el tema de una nueva edición de Producción Nacional, una mirada al medio ambiente que se emite por TV Ciudad, canal del municipio de Montevideo.

El programa se rodó en dos jornadas en el mes de febrero de 2010. Una en Puntas de Marmarajá y la otra en la planta de envasado de herboristería “La Botica del Señor”.

Hugo Rodríguez Pimienta

Congorosa, carqueja, m’burucuyá, boldo, yerba de la piedra, calaguala, marcela... Estas plantas medicinales autóctonas son recolectadas y cuidadas en forma artesanal y con certificación orgánica por Hugo Rodríguez Pimienta, en la zona serrana de Minas, al noreste de la capital uruguaya.

Hugo describió su oficio que lo hace conocer palmo a palmo la geografía vegetal de su territorio en el marco del 2° Aniversario de la Red de Agroecología Regional Minas, de la que forma parte. “Las primeras cinco hierbas medicinales certificadas las tenemos acá en Minas en la zona de puntas del arroyo Marmarajá”.

Ácido úrico, hipertensión arterial, arterioesclerosis, envejecimiento de la piel y otras dolencias tienen su clave en estos diminutos organismos vegetales, en sus semillas, flores u hojas, pero la otra parte la ponen las personas y su cultura de siglos utilizando estas hierbas y transmitiendo ese conocimiento como voto de confianza entre generaciones.

Además de recolector de hierbas, Hugo se define como “calagualero”, en referencia a la variedad de helecho propia de su territorio y que llegó a exportarse a varios países de Europa y Mesoamérica como planta ornamental y medicinal en las décadas 80 y 90. Su nombre científico es polipodium calaguala y sus hábitos de crecer rara vez a nivel del suelo le ha hecho musa inspiradora de varios poetas uruguayos.

Hugo Rodríguez, citando al poeta Santos Inzaurralde, quien escribió “Calagualero”, canción interpretada por Santiago Chalar, afirma que practica la recolección de la calaguala en forma sustentable, porque “yo voy sembrando al cortar”.