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sábado, 19 de marzo de 2011

''Van a terminar presos''



Heridos con armas de fuego, persecuciones nocturnas, amenazas telefónicas y sedes tiroteadas. Ese es el cuadro de situación que denuncian los trabajadores hondureños del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), que responsabiliza por estos hostigamientos a elementos paramilitares vinculados al regimen dictatorial de Porfirio Lobo.
El sindicalista Porfirio Ponce, según consignó la Red Morazánica de Información, habla de una “escalada represiva” contra las organizaciones sindicales y asegura que una asamblea de trabajadores podía haber terminado en tragedia si detonaba una bomba que se había colocado en el local donde se realizaba.
El STYBIS, que integra el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), denunció, a nivel nacional e internacional, la existencia de al menos 200 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra dirigentes.
Dos casos paradigmáticos son los de Eduardo Argueta Santos, vicepresidente de la seccional de San Pedro Sula, que el primero de marzo recibió un disparo en la cara y que todavía sigue hospitalizado y el de Nelson Edilberto Lopez Reyes, asesinado en junio del año pasado y sin responsables juzgados por el crimen todavía. Además, Carlos Reyes, presidente del STYBIS y referente del FNRP, fue golpeado por policías y militares vinculados al regimen que se instaló en 2009, según denuncia la organización.
“Te vamos a joder, pendejo. A tí o cualquiera de tus hijos. ¿No les tenés amor? Tú no sabes con quien están tratando”, le dijeron por teléfono a Francisco Javier Oviedo Morales, directivo del STIBYS, de acuerdo a un comunicado difundido esta semana.
La situación de los sindicatos en Honduras genera mucha preocupación en las organizaciones internacionales. El secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Americas (CSA), el paraguayo Víctor Báez Mosqueira, visitó Honduras a finales de febrero y allí mantuvo una entrevista en video con el periodista Dick Emanuelsson.
Allí Báez plantea que si el FNRP se fortalece políticamente, los responsables por el derrocamiento de Manuel Zelaya “van a terminar presos”, y algunos de “los perseguidos o perseguidas políticas van a terminar presidenta o presidente en Honduras”.
Este es uno de los tantos ataques violentos que viene sufriendo la población hondureña desde el derrocamiento de Zelaya, en un régimen tan ilegal como el golpe de estado que lo quitara de la presidencia. Quizá el caso más emblemático de violencia a la vez que de resistencia del pueblo, sea la de los campesinos del Bajo Aguán (ya hemos hablado de la situación del lugar en diversas publicaciones anteriores), en la que entre el gobierno, paramilitares y el empresario Miguel Facussé, llevan asesinadas a varias personas y violentado a casi toda la población.   

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