Una Ley a medias

A comienzos de la pasada semana, el gobierno argentino oficializó el decreto reglamentario de la Ley nacional de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglaciar: pero si bien éste indica cómo será el inventario de glaciares, no establece cuáles son las áreas prioritarias a inventariar, “en las que deben realizarse auditorías a emprendimientos mineros para evaluar si existen impactos sobre glaciares y áreas periglaciares”.

Así lo señalan en un comunicado las organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra Argentina, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Estas organizaciones indicaron que la reglamentación consistía en “un primer paso”, pero a su vez afirmaron que ésta “no define uno de los principales aspectos que se requieren para su efectiva implementación: la definición de las áreas prioritarias en las cuales debería iniciarse de inmediato el Inventario Nacional de Glaciares, ya que en dichas áreas se encuentran en ejecución actividades prohibidas, como la minería”.

Además, en el comunicado los grupos ambientalistas recalcan que la reglamentación no fija un cronograma para la realización del inventario, lo que incumple uno de los artículos de la propia ley, que reclamaba inventariar ciertas áreas antes del mes de abril próximo.

Según declaraciones del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, la información total sobre los glaciares, cuencas y sub-cuencas estará lista en un plazo de cinco años, lo cual tendrá importantes consecuencias, según las organizaciones ambientalistas. “Se está demorando la revisión de obras y actividades que actualmente están en ejecución y pueden estar afectando las áreas glaciares y periglaciales que deben inventariarse durante el verano. Si no se realiza el inventario en época estival se corre el riesgo de retrasarlo un año más”, declaran las organizaciones, que también lamentan que las autoridades argentinas no hayan convocado a un proceso participativo para reglamentar la norma.

En declaraciones al medio ComAmbiental, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientales, Enrique Viale, indicó que la reglamentación podía deberse a una reacción del gobierno frente a las protestas realizadas contra la minero de origen canadiense Barrick Gold, en la provincia argentina de San Juan.

En dichas protestas, llevadas a cabo hace dos semanas, fueron detenidos cincuenta activistas de Greenpeace, que se habían movilizado para denunciar a Barrick Gold por interponerse a la entrada en vigencia de la Ley de Glaciares.