Día Internacional de la Mujer: La lucha de Rigoberta Menchú es la de tod@s

La presión ejercida por Estados Unidos para salvaguardar los intereses de sus grandes laboratorios se enfrenta a los intentos nuestros países empobrecidos del Sur por conseguir medicamentos más baratos para su población. Aquí la vida está en juego.

En 2003, la Organización Mundial del Comercio (OMC) parecía haber dado un paso histórico para el acceso a la salud: reconocieron en Doha que no se pondrían impedimentos a los países del Sur a legislar en beneficio de la salud pública. Como siempre, las muy ''lindas'' legislaciones de los organismos internacionales son puro ''cartel'' y Estados Unidos (entre otros países) no sigue esas reglas de juego. 

Un claro ejemplo lo es Guatemala que reintrodujo la propiedad intelectual sobre los medicamentos tras sufrir presiones y buscar "trapos sucios”. Rigoberta Menchú fue una de las impulsoras de abolir las patentes para tener medicamentos más baratos y que todo el mundo pudiese acceder a ellos. Algo a lo que el presidente de entonces, Óscar Berger, "no podía permitirse ignorar”. Entonces, comenzó la campaña delegitimizadora con Rigoberta Menchú. De ella se inventó que poseía la franquicia mexicana Farmacias Similares y vendía la posibilidad de abrir franquicias por 25.000 dólares en efectivo.

La brecha sanitaria entre los países del Norte y los del Sur no ha hecho más que grande. Así, menos de un 40% de los cerca de setenta billones de dólares que se invierten al año en la investigación de enfermedades se dedica a enfermedades que afectan al 90% de la humanidad. La tuberculosis, la malaria, el dengue o la lepra causan más de 15 millones de muertes al año. Sin embargo, las farmacéuticas prefieren investigar sobre la calvicie o gastar en productos para adelgazar. "El sistema farmacéutico no va a investigar algo que no es rentable, que no hay demanda”, explica la doctora Pilar Mateo, que consiguió un remedio para curar el Mal de Chagas.

La ley de patentes y propiedad intelectual otorga los derechos exclusivos de la comercialización durante 20 años a los propietarios de las éstas sobre los productos farmacéuticos. Esta legislación ha hecho que miles de millones de personas en el mundo no puedan curarse de sus enfermedades debido a su alto coste.

El acceso a la salud es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que debería estar por encima del mercado y de los beneficios de la industria farmacéutica. Según un estudio realizado por Médicos del Mundo, a tener menos del 40% de posibilidades de alcanzar los cinco años de edad, los países del sur vivimos condenados en cuanto a salud refiere. Así, el derecho a la salud no es igual para todos.

Hay que desenmascarar a los países que no cumplen las reglas y a esas industrias que quieren comerciar con la salud de aquellos que menos tienen. Si no se toman medidas, la salud será cada vez más un privilegio. Habrá más personas, más niños que sufran y mueran por no tener dinero para comprar la medicina necesaria. La sociedad civil tiene que decir basta a los abusos de poder de los grandes laboratorios farmacéuticos porque la salud es un derecho de todos.