Una oportunidad de cambio social: Movimientos sociales y gobiernos populares en Indo-Afro-Latinoamérica

¿Opción democrática para transformar la sociedad o “vía electoral” para tomar el poder?

Las experiencias políticas que han dado lugar a la constitución de gobiernos ''populares'' o ''revolucionarios'' en Latinoamérica han puesto de manifiesto que ganar las elecciones nacionales y hacerse cargo del gobierno nacional si bien no conduce directamente a una ''revolución'', tampoco significa necesariamente el empantanamiento o derrota de los procesos de cambio social. En su corta trayectoria, estas experiencias evidencian que el acceso al gobierno nacional significa además de asumir las responsabilidades y dificultades que conlleva, acceder a un instrumento político clave para desarrollar/estimular procesos de empoderamiento colectivos e impulsar el proceso sociotransformador.

La ampliación de procesos democráticos participativos desde ''abajo'' promovidos ahora, conjugadamente desde el aparato gubernamental estatal puede activar/profundizar los procesos de constitución del actor colectivo o no. Esto va: desde la realización de las campañas masivas de alfabetización anudada a procesos que promueven desde ''abajo'' la participación de los actores sociopolíticos (movimientos sociales, movimientos indígenas, actores sociales diversos), en el ejercicio de funciones de gobierno y del aparato estatal. Ello implica la apertura de procesos de transformación de las formas y normas del ejercicio de funciones institucionales y de la institucionalidad misma, procesos que reclaman entre varias aristas , la creación de espacios y mecanismos de participación y control popular en todas las instancias superestructurales, recortando cada vez más, a través de ellos, los ámbitos de dominio de los poderes instituidos del capital y de la burocracia que lo acompaña y recicla.

La importancia de las Asambleas Constituyentes

En los actuales procesos indo-afro-latinoamericanos de búsqueda y construcción democrática de una nueva sociedad, resulta central la realización de Asambleas Constituyentes. De ellas emana el sustrato jurídico, político y social para una nueva institucionalidad, engendrada embrionariamente en los procesos de luchas sociales, abanderados por la resistencia, el empuje y los reclamos históricos de los pueblos de este continente (con sus organizaciones sociales y políticas), en primer lugar de los pueblos orginarios y sus comunidades.

Obviamente, no cabe pretender que las Asambleas Constituyentes sean el motor del cambio. Los pueblos han de prepararse para plasmar en ellas sus puntos de vista, proponiendo y defendiendo contenidos acorde con sus intereses y su proyección estratégica. Pero en esto, como en todo, es importante comprender que el cambio de sociedad es procesal: lo más probable es que no se alcancen todos los objetivos en la primera Asamblea Constituyente. Habrá que hacer tantas como lo vaya reclamando y posibilitando la profundización y radicalización de cada proceso, marcado en primer la lugar por la ''maduración'' política (algunos grupos sociales ya la tienen) del actor colectivo, fuerza sociopolítica del cambio.

La modificación de las bases jurídico-institucionales de una nación es también parte del proceso de construcción cotidiana sistemática y permanente de los pueblos. Esto implica una modificación de la concepción acerca del lugar y el papel del Estado en los procesos sociales de cambio. Tanto en su interrelación con la llamada “sociedad civil”: con movimientos y organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones comunitarias, religiosas, etc., como en su interrelación con los gobiernos nacional y estaduales, provinciales, departamentales, etc., en lo jurídico-institucional y en lo democrático-participativo.

Los actuales procesos político-sociales indo-afro-latinoamericanos, particularmente los que tienen lugar en Venezuela y Bolivia (y más especialmente en este último), enseñan que desde el gobierno, con voluntad política colectiva como sustrato, es posible impulsar la participación protagónica del pueblo en el proceso y avanzar en la construcción desde ''abajo'' del actor colectivo, propiciando procesos de desarrollo de su conciencia y organización, pilares de la construcción del poder popular. Es precisamente por ello que estas experiencias se empeñan en abonar procesos de transformación cultural y política (práctica-educativa) de los pueblos, entendiéndolos como sustrato indispensable para llevar a cabo cambios sociales desde la raíz, sostenerlos y profundizarlos.

Esto se hace evidente particularmente en el proceso actual de transformación que tiene lugar en Bolivia, que se autodefine como una revolución democrático-cultural que se desarrolla desde ''abajo''. Los logros están a la vista, también las limitaciones, las amenazas y los desafíos. Una realidad es la que existe en tiempos de oposición y lucha y otra es la que se va configurando cuando los actores sociales que protagonizaron las luchas tienen que hacerse cargo de las responsabilidades gubernamentales y estatales. Hacerse cargo de la administración de un país no solo “es difícil”, sino que también modifica la realidad de los demandantes de ayer que ahora pueden y deben decidir, que acceden a posiciones de poder y del aparato burocrático, que tienen recursos y que pueden decidir, al menos en parte, cómo emplearlos. La ''vieja'' cultura sectorial o corporativa puede volver a emerger y frenar o hacer estragos en los procesos. Es por ello que la organización y educación política ocupa o tiene que ocupar el lugar central simultáneamente con todas las demás tareas y actividades. No hacerlo puede llevar al debilitamiento o incluso al naufragio del proyecto revolucionario.

Dar la espalda a tales contiendas, implicaría de hecho, la negación de toda política, a la vez que tornaría un sinsentido las luchas sociales, los procesos de acumulación de fuerzas y la construcción sociopolítica toda, ya que, de antemano, estos tendrían límite que, por definición, no se debería traspasar. Igualmente sería un contrasentido circunscribir toda la acción y la construcción sociopolítica a la lucha por ganar elecciones, trastocando fines y medios, transformando el camino en objetivo, clausurando así toda proyección, tracción, organización y capacitación de las fuerzas sociales para actuar en pro de la superación del estado de cosas.

Hacer política es imprescindible y fundamental. El problema radica en cómo hacer política de un modo y con un contenido diferente al tradicional (occidental/moderna), para no ser funcional al poder del capital. Los nuevos movimientos sociopolíticos apelan a metodologías participativas y buscan incrementarlas y desarrollarlas en aras de ampliar las articulaciones sociales y superar la desconfianza instalada en las mayorías populares hacia el estado, el gobierno, los partidos políticos, los políticos y la política, y la apatía, el apoliticismo y el ''quemeimportismo'' reinante en amplios sectores de la población, que la alejan de su vital e insustituible protagonismo.

Lo expuesto permite reafirmar una hipótesis: en las condiciones actuales de Indo-afro-latinoamérica, la disputa político electoral por el gobierno nacional es parte de los procesos de cambios. En esta perspectiva, lo que podría entenderse como vía electoral para realizar las transformaciones sociales, resulta hoy para los pueblos una posibilidad real, un camino para fortalecer o debilitar los procesos de construcción, acumulación y crecimiento de poder, conciencia, propuestas y organización política propias, en proceso de (auto)constitución de los actores sociales y políticos en sujeto colectivo (popular) del cambio. Pero esta opción no es el “camino electoral para la toma del poder”; implica otro modo de concebir (y realizar) la transformación social.

No se trata de reemplazar la insurrección por las urnas

Si una fuerza o conjunto de fuerzas sociopolíticas que propugnan el cambio social comprenden que este transita anudado a los procesos democráticos y democratizadores, no pueden concebir su participación en los procesos electorales como un “truco” para llegar al gobierno y “dar el manotazo”.

Pretender que una vez ganadas las elecciones, al asumir el gobierno puede actuar obviando la correlación de fuerzas existente (conciencia, organización, hegemonía cultural y poder económico), conduciría al contrario de sus suposiciones, a estériles enfrentamientos con los adversarios políticos, a sembrar la confusión y el aislamiento del proceso sociotransformador que se pretende afianzar y ampliar la cuestión que supone profundizar la construcción de fuerza y poder propios, y a relegar la lucha cultural democratizadora, clave de la construcción de una nueva sociedad y una nueva civilización humana, corazón del tránsito, con marchas y contramarchas hacia lo nuevo.

Este tránsito reclama como eje vertebrador del mismo la conformación de un actor colectivo, fuerza social y política de liberación capaz de traccionar permanentemente el proceso sociotransformador hacia objetivos superadores, actuando para ello con protagonismo y autonomía políticas (fundamentales para una participación real y no cooptada) respecto del aparato gubernamental-estatal, en los ámbitos parlamentario y extraparlamentario articuladamente.

¿Conservar el gobierno o gobernar para el cambio?

Los representantes políticos del capital y sus acólitos, pueden prescindir del protagonismo popular porque se apoyan en la hegemonía del poder y sus aparatos ideológicos, económicos y extraeconómicos. Pero las fuerzas populares, si llegan al gobierno y cometen el error de dejarse encandilar por el poder y sus mecanismos tentaculares de envolvencia, si optan por acomodarse a los cargos o “arreglar” por arriba con los poderosos, haciendo concesiones de todo tipo esperando a cambio perpetuarse en el gobierno, difícilmente lo logren, pero si lo hacen, será costa de dar la espalda a los objetivos transformadores y a los movimientos sociales que los llevaron a tales posiciones políticas.

Es injustificable (pero ha ocurrido con varios), por un lado, que el triunfo de la ''izquierda'' en gobiernos locales o nacionales se alcance proponiendo construir lo nuevo y termine luego aceptando o incluso promoviendo políticas neoliberales sostenedoras/salvadoras del capitalismo. Por otro lado, está el peligro de ser tragados por la cultura del poder burocrático superestructural, dejarse llevar por la tentación de gobernar acompañados por expertos y asesores confiando el proceso de cambio a resoluciones y decretos que supuestamente, desde arriba, irán produciendo reformas y marcando el rumbo y sentido de los cambios. En cualquiera de los casos, si los pueblos no intervienen, la maquinaria institucional funcional al capital terminará aniquilando la potencialidad y la perspectiva de transformación social de los que participan en el gobierno.

Las revoluciones sociales son idénticas a la participación protagónica de sus pueblos; directamente proporcionales a ella. Si, por ejemplo, se aplica esta sencilla ecuación a los procesos populares ''revolucionarios'' en curso, a las medidas gubernamentales y sus procedimientos, los resultados saltan a la vista: a menor participación popular, menor contenido y alcance revolucionario, menos ''revolución''. Conclusión: El nudo gordiano estratégico de los procesos revolucionarios no radica en la pertinencia de las resoluciones gubernamentales ni en la sabiduría de los gobernantes y su entorno, sino en la voluntad popular, en su conciencia y organización para participar en las definiciones y soluciones, impulsarlas y sostenerlas.

No se avanza con medidas superestructurales por muy ''justas'' y ''razonables'' que estas sean. Más aún, nunca serán justas ni razonables mientras sean tomadas por pocas personas (gobernantes y empresarios), dejando fuera de las decisiones a la mayor parte de la población. Hay que construir protagonismo popular colectivo y eso solo puede lograrse forjándolo a cada paso y en cada paso. El aprendizaje como la enseñanza comienza en las prácticas cotidianas. Educar en lo nuevo significa desarrollar nuevas prácticas, dar el ejemplo. Esta es la clave pedagógica vital de las revoluciones desde ''abajo''. Estas solo pueden profundizarse anudadas a la construcción y fortalecimiento del sujeto colectivo de las mismas, el actor sociopolítico capaz de traccionarlas e impulsarlas permanentemente hacia objetivos radicalmente superiores.

Un gobierno no puede limitarse a hacer una “buena administración”. Participar de las elecciones para acceder a espacios/fracciones del poder existente, limitándose a ejercerlo “correctamente”, ocupando los correspondientes espacios parlamentarios o gubernamentales nacionales o locales , conduce también a disecar, hasta anular la perspectiva transformadora.

El problema no ha estado ni está en las personas: en si los gobernantes son ''buenas'' o ''malas'' personas. No hay nada peor que buenas y honestas personas en instituciones malas y perversas (como son las del capital). Porque esas personas, empeñadas en marcar su diferencia con funcionarios incapaces o corruptos, centran su accionar en “hacer buena letra” para demostrar que son “intachables”. Con su gestión terminan ''lavándole la cara'' a tales instituciones y contribuyen, de modo consciente o no, a relegitimar, reoxigenar y reproducir el sistema del capital y sus lógicas de dominación.

La corrupción es un mal que hay que erradicar, pero es inherente al sistema regido por el mercado. Este la crea, afianza y generaliza convirtiéndola en un flagelo que luego, esquizofrénicamente, debe combatir. Suponer que “buenas y honradas personas” que hagan una administración “prolija” salvarán a la sociedad de todos los males, y que, por tanto lo que hay que hacer es lograr que ese tipo de personas sean los candidatos a votar, es cuando menos una ingenuidad inadmisible.

Cuando se limita el proyecto político a ejercer “honradamente” los cargos de gobierno, sin apelar a la transformación y apertura de los mismos a la participación de los pueblos y sus organizaciones sociales o comunitarias, se contribuye al descrédito del sentido político transformador que tiene para los actores sociopolíticos populares participar en la disputa democrático-electoral en aras de acceder a parlamentos y gobiernos, además de que termina generalmente abortando el proceso político/social hacia posicionamientos personales.

Los casos más evidentes en este sentido resultan ser los de parlamentarios que llegan a ser tales en nombre de movimientos sociales u organizaciones políticas de ''izquierda'' y luego, cortando todo vínculo con ellos, se dedican a hacer de la bancada un ámbito para sus ambiciones personales, o un lucrativo “puesto de trabajo”. Ese es, precisamente, el juego del poder: quebrar, aislar, manipular o corromper.

Un gobernante ''revolucionario'' no se define como tal por el currículo, ni por ser “honrado y bueno” en comparación con los gobernantes tradicionales del sistema; aunque estas cualidades se requieren elementalmente, su proyección va más allá de lo personal: se relaciona directamente con su capacidad de poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria, abriéndole las puertas del gobierno al pueblo, construyendo un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad basada en la participación de aquel en la toma de decisiones políticas (basamento de la Asamblea Constituyente).

La única perspectiva y anclaje de fortaleza de los gobiernos populares radica en su profunda y creciente articulación con los pueblos, con los actores sociales, construyendo de conjunto mecanismos que acorten las distancias entre representación política y protagonismo social.

La tarea titánica de los gobernantes ''revolucionarios'' no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos para demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar revoluciones desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales en general, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo roles y responsabilidades diferenciados, para cogobernar el país.

Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas y en el control de los resultados, en la medida que la construcción política y la transformación de las bases jurídicas de las instituciones estatales y gubernamentales lo posibilite. De ahí el papel central de las Asambleas Constituyentes en estos procesos.

Estar en el gobierno no es lo mismo que ''gobernar para el cambio'' con el protagonismo creciente de las fuerzas sociales extraparlamentarias populares activas, abrir puertas y promover transformaciones mayores. En tal caso, constituirse en fuerza política gobernante significa para las fuerzas sociales transformadoras contar con un importante instrumento político para impulsar integralmente la transformación social.

Sin embargo, vale reiterarlo, no hay métodos que garanticen resultados. Ni la toma del poder, ni la participación electoral, ni el llegar a ser gobierno provincial o nacional constituyen per se vías de cambios raizales revolucionarios. 

La transformación social es un caminar abierto, lleno de incertidumbres y obstáculos, que tiene una trinchera de posibilidades para avanzar en aras de la nueva civilización: la (auto)construcción del sujeto revolucionario colectivo. El lugar y papel protagónico de los actores sociopolíticos en aras de ello es indeclinable en todas las dimensiones, tiempos y tareas del proceso político transformador. Articuladamente con ello se van definiendo los caminos, los métodos y los instrumentos a emplear, los que hay que crear, etcétera. La transición a otra sociedad reclama, además, la articulación de los procesos locales, nacionales y/o regionales con el tránsito global hacia un mundo diferente.

Formar una nueva cultura, como la proveniente de los pueblos originarios, por ejemplo, no implica solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos. La construcción de hombres y mujeres ''nuevos'', la construcción de una ''nueva'' civilización, de un ''nuevo'' * modo de vida (humanidad-naturaleza), es, a la vez que un empeño local parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que, conscientemente, quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital y se decida a construirlo y sostenerlo. La construcción es fundamental, ya que si bien se podría ''elegir'' un camino ''nuevo'' a seguir en el comienzo, este tendrá que adaptarse o irse transformando a raíz del contacto y la participación entre los diferentes actores sociales (afrodescendientes, originarios, ''blancos'', etc.), en pro del bien común. Lo que queremos decir es que la ''nueva'' cultura no debe imponerse sino construirse.

Los avances se producen en primera instancia y generalmente, en el ámbito de un país o de varios, pero hay que destacar que estos van construyendo consensos regionales e internacionales, en temáticas civilizatorias que defienden la vida, interarticulando diversos procesos sociotransformadores. En Indo-afro-latinoamérica se abren hoy grandes oportunidades para ello, dada la madurez convergente de amplios y maduros movimientos sociales urbanos y rurales y movimientos indígenas y la coincidencia histórica de algunos gobiernos (pocos). Esta realidad emerge de la acumulación de resistencias y luchas de los pueblos, y marca el predominio de la tendencia transformadora que se abre paso en medio (a través) de las luchas y construcciones sociales con oportunas intervenciones de las casualidades.

Protagonismo y responsabilidades políticas de los movimientos sociales

La madurez alcanzada por los movimientos ''indígenas'' y sociales en años de resistencias y luchas sociales (principalmente de los primeros), ha resultado incrementada por la experiencia que viven aquellos que han constituido gobiernos y conjugan sus actividades políticas y sociales en aras de profundizar procesos populares colectivos de construcción de poder propio desde ''abajo'' en simultánea disputa con el poder del capital.

Esta situación ubica el debate de los movimientos sociales en una dimensión cualitativamente diferente de la hasta ahora experimentada: se trata de hacerse cargo de lo que ellos mismos han construido, se trata de asumirse también como parte de los gobiernos y cogobernar. No es políticamente válido resistir, luchar, voltear y poner gobiernos si luego no se asume (o no se puede asumir) la responsabilidad de (co)gobernar, con autonomía de los partidos políticos y los políticos, pero articulados a sus representantes, para participar en la toma de decisiones, en el control de la gestión pública y para llevar propuestas propias construidas desde ''abajo'' por los de ''abajo''. Se trata de transformar radicalmente también las instituciones y su papel en la sociedad y viceversa y en esto, como en todo, los movimientos sociales, los pueblos todos, tienen que involucrarse.

Ya no basta con las resistencias y las luchas antineoliberales, no basta con sobrevivir; es vital superar la defensiva, erigirse (construirse) en sujetos protagonistas de su historia. Esto supone dar cuenta de la nueva realidad sociopolítica, de sus características y dimensiones, sus tareas y sus nuevos desafíos. Estos implican para los movimientos ''indígenas'' y sociales del campo popular, moverse en un terreno histórica y políticamente desconocido hasta el presente: en el terreno de la libertad de pensar y elaborar propuestas colectivamente, de presentarlas y discutirlas mano a mano con el Ejecutivo o en los parlamentos, desarrollándose como protagonistas no ya de las luchas contra el otrora poder del Estado y el gobierno, tampoco pidiendo concesiones o satisfacción de reclamos sectoriales o corporativos; es tiempo de transitar caminos para cambiar de raíz el contenido social de los instrumentos tradicionales del Estado y el gobierno y buscar o crear los medios para hacerlo, participando en ellos, convirtiéndolos en herramientas de los cambios colmándolos de participación popular y comunitaria gestada desde ''abajo''. En tales procesos de lucha por los cambios, en medio de ellos, es que reside la posibilidad de que los diversos actores sociales atomizados vayan encontrándose y constituyéndose en actor político colectivo capaz de definir protagónicamente los rumbos su historia y traccionar hacia ellos los cambios.

Comprender que se trata de un proceso constituyente, es clave. Implica que no existe un ser ni un deber ser definidos a priori, que no hay sujetos, ni caminos, ni tareas, ni rumbos y resultados preestablecidos; no hay garantías ni situaciones irreversibles, se trata de una lucha constante, de apelar infatigablemente a la imaginación, inventiva y voluntad de los actores participantes, (auto)desafiando paso a paso su voluntad para protagonizar cada vez más integral y profundamente el proceso de cambios, proceso que abrieron sabiendo lo que no querían pero sin tener plenamente establecido lo que querían. Se trata de un proceso vivo, abierto, dinámico, contradictorio, tensionante y desafiante. Este carácter constituyente abarca e interdefine los sentidos, las dimensiones y acciones del proceso de cambios, es decir, a los sujetos mismos. Se trata en realidad de un proceso interconstituyente de poder, proyecto y sujetos. Y como todo ello se va definiendo concatenado (hilvanado) por la participación (integral) de los actores-sujetos (ya no más objetos), resulta en tal sentido, a la vez , un proceso autoconstituyente, es decir, consciente y abierto. No hay resultados ni sujetos, ni proyectos, ni poderes preconcebidos ni garantizados; todo está en juego permanentemente.

Precisamente por ello los actuales procesos ''democrático-revolucionarios'' que se desarrollan en el continente en disputa frontal con la hegemonía del poder colonial-capitalista, reclaman el creciente y renovado protagonismo de los movimientos ''indígenas'', sociales, campesinos, de mujeres, de trabajadores, de ecologistas, pensadores populares, etcétera.

Sin embargo, la ausencia de los tradicionales conflictos antigubernamentales ha creado una situación de calma y reflujo de los movimientos, y esto es, en parte también responsable de que los que gobiernan interpreten esta situación de calma como una delegación del poder de decisión de los movimientos hacia ellos, con lo cual se incentiva la casi “natural tendencia” cultural a decidir desde ''arriba'' que presiona administrativamente a quienes ocupan cargos gubernamentales y estatales.

Superada la “sorpresa” inicial que puede producir el salto de la lucha de calles a estar en el gobierno, el desafío primero es poner en marcha propuestas concretas que permitan, por un lado, fortalecer y articular a las organizaciones sociales y políticas de los pueblos y, por otro, profundizar los procesos de cuestionamiento de las medidas regresivas del neoliberalismo, frenar su implementación y, allí donde sea posible, anular su vigencia y avanzar creando y construyendo lo nuevo, incluyendo en ello, por supuesto, la profundización de las dimensiones y el ejercicio efectivo de la democracia desde la raíz, desde ''abajo'', por los de ''abajo'' y en función de los intereses colectivos.

Los primeros pasos resultan hasta ahora marcados por el desarrollo de programas de gobierno que, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existentes y las posibilidades de modificarla favorablemente, buscan en primer lugar consolidar la gestión gubernamental naciente, pero sin reducir a ello su accionar político ''revolucionario''. La construcción de hegemonía popular es vital y ella está anudada a la profundización-ampliación de la democracia heredada, simultáneamente con la construcción de una democracia raizal que abra el horizonte a la participación interdimensional (no multi**) de los actores sociopolíticos diversos, fortaleciendo también su (auto)constitución en  actor colectivo, sujeto de su historia.

Romper los mitos de la cultura política instalada por el capital y funcional a sus intereses

En las actuales procesos de democratización abiertos por gobiernos populares, no basta con que los representados reclamen a los representantes, no basta con protestar, no basta con “tomar distancia” para “seguir de cerca” las gestiones de gobierno. El ''quemeimportismo'' político es hijo de la ideología del aparente no-compromiso neoliberal y en las actuales condiciones es funcional a la supervivencia de su hegemonía.

Es inadmisible que, en tales situaciones, los movimientos sociales, ''indígenas'', campesinos, urbano-populares, de mujeres, etc., rechacen compartir determinadas responsabilidades y tareas políticas articuladas a acciones de gobierno esgrimiendo argumentos tales como: el temor a “ser cooptados” o manipulados por los gobernantes o las estructuras del poder. La pregunta correspondiente en este caso es: ¿cooptados por quiénes, si el gobierno es propio? Obviamente puede haber cooptación (la hay), acomodamiento, complacencia, etc., siempre existen tales peligros, como también otros. Pero la cooptación, el acomodamiento o la complacencia responden a casos individuales y estos al aislamiento entre representantes y representados. Lo que realmente hay que hacer es participar colectivamente, discutir como actores sociales y políticos, interactuar como pueblo organizado, en tales situaciones la cooptación o complacencia desparece como posibilidad.

En esta perspectiva, la negativa o reticencia a participar interactuando con autonomía en el proceso gubernamental, inclina la balanza de los cambios a la parálisis y retranca de los procesos abiertos. Los destinos, posibilidades y alcances de los procesos revolucionarios abiertos en el continente, los contenidos y alcances de la acción gubernamental y la participación política de los movimientos sociales están genealógicamente entrelazados. La escasa participación autonómica (no subordinada) de los de ''abajo'' acentúa las persistentes tendencias a la burocratización de lo político institucional y su paulatina sustitución por lo administrativo superestructural y el funcionariado correspondiente, y hace de los otrora protagonistas, en el mejor de los casos marionetas de la historia manipulados, todos por la hegemonía del poder del capital anulándolos en su posibilidad de constituirse en sujetos capaces de crear su historia y pelear por hacerla realidad.

Este nuevo tiempo político abierto a los desafíos sociotransformadores gestados desde ''abajo'' en las resistencias y luchas de los movimientos ''indígenas'' y sociales, demanda de ellos alzarse sobre prejuicios y dogmas para protagonizar las decisiones de hoy y llevarlas adelante, haciendo realidad las consignas del pasado y dando los pasos necesarios en aras de fortalecer el protagonismo colectivo del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios y del pueblo todo. Y para ello es fundamental instalar o reinstalar el trabajo político, la formación (descolonizadora) y la organización (articulada intercultural).

Fortalecer el instrumento político es central. Este puede potenciar el desarrollo de tareas políticas, culturales e ideológicas que promuevan la participación protagónica del conjunto de actores sociales y políticos ''revolucionarios'', construir canales y herramientas de información y organización, abriendo canales institucionales y no institucionales para su participación conciente, capacitada, organizada y creciente en las diversas dimensiones de la vida social.

Esto se anuda directamente con la realización de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo de la conciencia política asumida por los actores sociopolíticos, fundamentalmente, estimulando la recuperación y reflexión crítica de sus experiencias concretas de construcción de poder propio, creando ámbitos colectivos de intercambio y producción de pensamiento crítico de sus procesos de cambios, contribuyendo efectivamente al crecimiento y fortalecimiento de la conciencia colectiva. Abrir espacios para periódicas reflexiones sobre las nuevas y cambiantes realidades resulta vital para el desarrollo político-cultural de los movimientos sociopolíticos (y el campo popular todo).

La ideología del cambio, como el sentido y sus definiciones estratégicas son parte del proceso social vivo y no un dogma apriorístico establecido, desde fuera de las luchas de los pueblos por alguna vanguardia partidaria que “los demás” tendrían que asimilar. La conciencia política de los actores sociopolíticos del pueblo se forja y crece en los procesos de resistencia, lucha y construcción de alternativas, en interdefinición constante de los rumbos y objetivos estratégicos. Estos no vienen dados del “más allá”; se van construyendo (y modificando) a partir de las cotidianidades y modos de vida y experiencias de lucha y sobrevivencia diversos que existen en cada sociedad, en cada comunidad.

El debate estratégico está abierto. Y se manifiesta a través de los actuales procesos de luchas sociales para avanzar en las definiciones, la implementación o el perfeccionamiento de las propuestas de cambios radicales en las sociedades donde dicha disputa se está desarrollando abiertamente, construyendo simultáneamente caminos que cuestionan colectivamente el actual sistema-mundo a la vez que lo van rediseñando “más allá del dominio del capital”  [Mészáros].

* Las palabras ''nuevo'' y ''nueva'' son utilizadas de forma relativa. La mayor parte de la población en Latinoamérica y el Caribe, tiene una cosmovisión occidental/moderna y por eso las cosmovisiones, por ejemplo de los pueblos originarios, se muestran como ''nuevas'' y renovadoras. Ahora bien, las culturas de los ''indígenas'' son ancestrales y para ellos no tienen nada de nuevas y es por esta razón que las palabras son relativizadas. 

** Debe ser interdimencional y no multi, ya que la primera palabra hace referencia a la integración y coparticipación de los actores sociales en la toma de decisiones. Una multidemencionalidad simplemente reconocería los distintos grupos y nada más; no haría que estos interactúen entre sí, ni que participen.