Desalojo asesino

Más de 800 familias indígenas y campesinas mayas guatemaltecas de la zona del Valle del Polochic que ocupaban un latifundio improductivo fueron desalojadas violentamente este martes a pedido de la empresa propietaria. Las informaciones hablan de al menos un campesino fallecido y decenas de heridos de bala y machete a mano de un frente común de militares, policías y civiles.

El Valle del Polochic está ubicado en el departamento de Alta Verapaz al norte de Guatemala. El desalojo, aunque había sido anunciado, derivó en una maniobra de provocación a las familias campesinas a través de grupos de civiles que, protegidos por las fuerzas públicas, ingresaron al predio, destruyendo las poblaciones y la milpa y arremetiendo contra los líderes de la comunidad.

Así lo ha difundido internacionalmente el equipo de comunicación de La Vía Campesina en Guatemala, apuntando que el operativo contó con participación de fuerzas estatales, pero también de elementos de seguridad del ingenio Chabil Utzaj, propietario de las tierras donde unas 2000 personas habían comenzado con cultivos de autoconsumo, desde octubre de 2010.

En el proceso de posesionamiento los líderes comunitarios contaron con acompañamiento del Comité de Unidad Campesina (CUC-VC) iniciando desde octubre de 2010 trámites de negociación de esas tierras ante la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras). El objetivo era buscar mecanismos para la compra de las fincas posesionadas. No obstante la existencia de una mesa de diálogo al respecto, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dictó orden de desalojo para el martes 15, iniciándose por dos de las varias comunidades existentes: Miralvalle y Aguas Calientes.

“En lugar de seguir por la vía del diálogo, la familia Widmann, propietarios de Chabil Utzaj, y el gobierno están optando por la violencia y violación a los derechos”, dice la información de La Vía Campesina Guatemala.

En momentos en que se ejecutaba el desalojo, de nada sirvió la exhortación del Comité de Unidad Campesina a gendarmes y empresarios para que se respetaran la integridad y los derechos humanos de los posesionarios. Al clarear el día se habían instalado más de ocho camiones del Ejército, varias patrullas de la Policía Nacional Civil, así como elementos civiles contratados por la empresa en las inmediaciones del predio.

Desde las primeras horas, se denunció el ingreso al predio de agentes vestidos de particulares munidos con armas cortas. Paralelamente, hacían ingreso al predio tractores y otras maquinarias de la empresa, destruyendo los cultivos de subsistencia de las distintas comunidades, a pesar del compromiso asumido en contrario por parte de la Policía ante los líderes comunitarios.

Sin embargo, al comenzar a retirarse las familias la Policía ingresa de forma violenta utilizando a otro grupo de pobladores campesinos armados con machete quienes fueron los que entraron a destruir y a quemar las casas y destruir la milpa. En la retirada la Policía junto con los “campesinos” de choque persiguieron a los posesionarios con bombas lacrimógenas hasta un terreno privado, ingresando a algunas de las viviendas y golpeando a hombres y mujeres.

Es así que Antonio Beb Ac, comunitario seriamente herido en su cabeza, fallece durante el desalojo de la comunidad Miralvalle. También María Elena Pau fue herida en una pierna por parte de agentes que ingresan a su casa. José Tun y Rafael Suy resultaron heridos de bala, al tiempo que la Policía también capturó a los líderes Justo Tiul Chen y Sebastián Choc.

Según informa el periódico digital guatemalteco Prensa Libre, la Policía y el Ejército se negaron a confirmar la muerte de Antonio Beb Ac “e incluso llegaron a decir que fue él quien se hirió a sí mismo con su machete” aunque “el fiscal a cargo del caso, Benigno Ramírez, confirmó el homicidio”.

Los testigos de la violenta operación de desalojo han denunciado asimismo que quienes la dirigieron fueron los propios administradores de la finca Chabil Utzaj: Ricardo Díaz y Efraín.

Consultado por Prensa Libre, Ernesto Coy, miembro de la comunidad Miralvalle declaró: “Nosotros lo aceptamos (al desalojo), pero como a las 10 cuando estábamos sacando nuestras cosas entró la cuadrilla que había sido contratada por la finca (empresa) y empezaron a cortar todo lo que tenemos. Vinieron hacia nosotros con machetes y palos para sacarnos a la carretera y nosotros fuimos a recoger las cosas y nos empezaron a tirar”.

Además de denunciar la gravedad de los hechos y reclamar una investigación, La Vía Campesina Guatemala exige al gobierno facilitar el acceso a la tierra de estas 800 familias carentes de vivienda y tierra para la siembra de granos básicos. “No puede ser que la conflictividad agraria siga latente en el área rural de nuestro país, que el gobierno ignore las demandas de los campesinos y que, por el contrario, beneficie a empresarios y terratenientes que están concentrando y reconcentrando la tierra para la siembra de grandes extensiones de monocultivos”, señala la entidad campesina que aglutina a ocho organizaciones en el país centroamericano.

Asimismo se llama a estar alerta sobre la continuidad del proceso de desalojo, toda vez que restan aún una decena de comunidades en el sitio.