Tras la masacre perpetrada contra una caravana humanitaria que pretendía llegar hasta el Municipio Autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, México, en el mes de abril pasado y que culminara con la muerte de dos defensores de DDHH y otros varios heridos, este martes 8 de junio se volverá a intentar romper con el cerco represivo. Para ello se está organizando una nueva caravana que esta vez incluirá a representantes de varios estados mexicanos y miembros de organizaciones internacionales para llevar víveres, carbón y demás productos de primera necesidad.
Al respecto, en una entrevista concedida a Radio Mundo Real desde la ciudad de Oaxaca, Beatriz Casas del Centro Regional de DDHH Bartolomé Carrasco, organización de referencia en la preparación de este nuevo intento por romper el bloqueo a que es sometida la población oaxaqueña, declaró: “Hoy en San Juan Copala no hay luz, no hay agua y las actividades educativas se han detenido producto del ambiente represivo que se vive en el municipio autónomo”. “Ellos no cuentan con los mínimos alimentos para sostenerse y entonces a razón de esto se lanza una convocatoria para una nueva caravana, una convocatoria abierta al público donde solicitan a varias redes de derechos humanos para coordinar la caravana”.
Beatriz Casas subraya asimismo que esta nueva caravana humanitaria contará con la cobertura de medios locales e internacionales e informa que la propia Unión Europea ha exigido las garantías necesarias para la misma dados los antecedentes de abril donde fuera ultimada la activista Bety Cariño en una emboscada por grupos paramilitares.
La represión operada en este estado mexicano en 2006 sirvió, nos dice Beatriz Casas como “un parteaguas” en materia de garantías individuales en que la Justicia estatal ha permanecido al margen de los acontecimientos. Sin embargo, los crímenes contra la caravana de mediados de abril sí merecieron la apertura de causas en el plano de la justicia federal. “Hasta ahorita desconocemos que haya un avance en términos de dar con los responsables. Las averiguaciones han aportado testimonios pero que haya un perfil del responsable en términos jurídicos, todavía no lo hay”.
Autoridades del Estado de Oaxaca han reconocido que su jurisdicción termina donde empiezan las razones de las armas de los grupos irregulares vinculados a la minería y el latifundio, por lo que el horizonte de justicia aparece con espesos nubarrones. “Creo que dice mucho de un gobierno cuando reconoce que no tiene autoridad en ciertos territorios y donde deja lugar a la justicia por propia mano”, explica Casas. “Soy abogada y sé de este tipo de procedimientos, me parece que el Estado no está poniendo la debida atención, no está abordando el caso con la gravedad que merece”, añadió.
En tanto, desde la comunidad que atraviesa un literal “estado de sitio” se señaló que “el día martes 8 de junio del año 2010 quedará registrado en la historia de las comunidades indígenas de Oaxaca, recordando que la solidaridad desinteresada es la máxima expresión de ternura y amor en el ser humano”.
En un comunicado a medios de comunicación y organizaciones solidarias, se reclama asimismo las garantías básicas para que la caravana humanitaria llegue a destino con su cargamento de víveres. “Exigimos que los gobiernos estatal y federal asuman su responsabilidad de garantizar el libre tránsito y la seguridad de la Caravana y de nuestros compañeros y compañeras de San Juan Copala”, señala la Junta de Gobierno autónomo de dicha comunidad triqui. “Ante su ausencia y silencio los hacemos responsables de cualquier acto de provocación que pudiera sufrir esta misión humanitaria; porque con su actitud están permitiendo que el sicario asesino y su grupo criminal amenacen e intimiden con total impunidad”, agrega el comunicado.
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