En los últimos meses se ha tornado patente el distanciamiento entre algunos movimientos sociales ecuatorianos, especialmente indígenas y campesinos, y el gobierno del economista Rafael Correa, con duras acusaciones desde ambos lados.
Algunos de los dirigentes de las organizaciones populares han lamentado públicamente el alejamiento de un gobierno que consideraron un aliado político, con posibilidades de liderar cambios en el país en una línea cercana a los movimientos sociales.
El debate nacional por la Ley de Aguas ha sido uno de los puntos que más ha tensado las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales. “Hemos visto con preocupación que en el desarrollo del debate de esta ley en la Asamblea Nacional se han ido evidenciando los intereses de las empresas transnacionales del agronegocio y la agroexportación, representadas por algunos asambleístas”, declaró Fredy Congo (integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) - La Vía Campesina Ecuador) en la Cumbre de los Pueblos desarrollada mayo de este año en Madrid, España. Lamentó que algunos de esos líderes políticos son del partido de gobierno, Alianza País y explicó que ellos han priorizado el uso del agua para el agronegocio, la agroindustria y la agroexportación, por encima del consumo interno.
El agua había sido declarada como un derecho de todos los ecuatorianos en la nueva Constitución. “Lo que estamos defendiendo es el precepto constitucional que garantiza el agua como derecho humano y por tanto tiene que estar al servicio de todos los ecuatorianos”, dijo Congo. En ese sentido, el dirigente rechazó los señalamientos del gobierno nacional que argumentan que un grupo de representantes campesinos e indígenas quieren manipular y administrar el agua. Atribuyó esas expresiones a una “campaña de difamación incluso desde el gobierno, que denotan una vez más expresiones racistas”. “Qué pena que esto sea promovido desde el propio gobierno”, dijo.
Congo también habló sobre el cambio climático y se refirió especialmente al impulso a los agrocombustibles en su país. Primero manifestó: “como FENOCIN creemos y afirmamos categóricamente que el cambio climático es generado por el sistema económico, por el capitalismo, el neoliberalismo, por la voracidad de las empresas transnacionales de acumular sin importar el deterioro del ambiente ni la violación de derechos humanos y laborales”.
En referencia a la realidad en Ecuador, Congo dijo que ven “con preocupación que en la zona norte, principalmente en la provincia de Esmeralda, ha venido proliferándose de manera alarmante y espantosa el plantío de palma aceitera para el desarrollo de los agrocombustibles”. El representante de la FENOCIN y de la Vía Campesina señaló los impactos sociales de esa producción a gran escala. Es así que denunció la apropiación de grandes extensiones de tierras por parte de empresas, que los campesinos son obligados a vender o sino son cercados con los nuevos cultivos, y que se han dado casos de desalojos de tierras con el apoyo de fuerzas paralimitares.
Congo señaló que la administración de Correa ha promovido los agrocombustibles. “No vemos por parte del gobierno una política de defensa de los pequeños campesinos y sí aperturista con las grandes empresas transnacionales del sector”, agregó.
El dirigente destacó que la política de promoción de los agronegocios afecta la soberanía alimentaria, “que es una garantía también establecida en nuestra Constitución”. De hecho, explicó que la soberanía alimentaria sólo es posible si viene acompañada de acciones concretas que el Estado tiene la obligación de promover, como asegurar el acceso a los medios de producción.
“Es necesario retomar con fuerza la reforma, la revolución agraria, que implica la distribución equitativa de tierras a los campesinos, que en el caso de Ecuador somos los que abastecemos el 80 por ciento de la canasta básica del país”. “Sin embargo somos los que menos atención tenemos en cuanto a seguros, subsidios, créditos, líneas de comercialización”, enfatizó Congo.
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