El gobierno de Guatemala avala a la minera Marlin

El gobierno de Guatemala, que preside Álvaro Colom, decidió esta semana que no atenderá al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 20 de mayo decidió otorgar cinco medidas cautelares a los pobladores de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, perjudicados por la actividad de la minera Marlin.

El Ejecutivo guatemalteco consideró que la petición realizada por el organismo de suspender la actividad minera carecía de fundamento y se basaba en informes desactualizados, a pesar de que recientemente se presentaron informes que hicieron hincapié en la contaminación causada por la minera Marlin sobre el ambiente y la población local.

Oscar Gálvez, integrante de CEIBA - Amigos de la Tierra Guatemala (quien participó de una protesta frente al Palacio Nacional) en la que las comunidades afectadas le entregarían una carta al mandatario guatemalteco exigiéndole que cumpliera con lo estipulado por la CIDH, dijo: “El gobierno de la República ayer en una conferencia dio a conocer que no va tomar en cuenta la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque dice que no tiene sustento, que está basada en estudios que se han realizado hace más de cinco años, cosa que no es cierta, estamos viendo que los estudios que se están realizando son recientes”.

El activista indicó que de la protesta a las afueras del Palacio Nacional estaban participando más de 300 personas, y que era la primera de una serie de medidas que se tomarían para que el gobierno de Guatemala respetara el reclamo de la CIDH.