Los Triqui: una autonomía de la boca para afuera...

Comunidad Autónoma Triqui

Una caravana humanitaria integrada por observadores internacionales, y locales defensores de derechos humanos, periodistas, maestros e integrantes de diversas organizaciones que se dirigía al sitiado municipio de San Juan Copala, en el Estado mexicano de Oaxaca, fue emboscada este martes 27 de abril por un grupo de hombres armados, con al menos dos fallecidos y varias desapariciones como saldo.

Entre los asesinados en esta emboscada se encuentran la reconocida luchadora de los derechos humanos Beatriz A. Cariño, “Betty”, directora de la organización Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y del observador de origen finlandés, Juri Jaakkola.

Asimismo, entre los que permanecen desaparecidos, dado que el Ejército se habría negado a ingresar a la zona para realizar un relevamiento de lo acontecido (?), se encuentran un belga, al menos tres integrantes del colectivo VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad) y dos periodistas que acompañaban la misión en la comunidad Triqui.

El objetivo de esta acción internacional fue romper el cerco en el que se encuentra esta Comunidad Autónoma Triqui como consecuencia de la represión estatal y paramilitar contra el proceso de autonomía que se está construyendo dentro de la misma, se informó desde la organización VOCAL. Sin embargo la represión se desató y hasta el momento dicha comunidad se encuentra literalmente cercada militarmente, desconociéndose el alcance de las represalias que se hubieran adoptado hacia dicha comunidad.

La activista ultimada, Betty Cariño, contaba con gran reconocimiento de parte de las organizaciones locales, por lo que su asesinato generó acciones y declaraciones de denuncia y rechazo desde varias partes del mundo y desde varios puntos de los estados mexicanos.

Además de exigir al gobierno estatal de Oaxaca la aparición con vida de la media docena de desaparecidos, Daniel Arellano (uno de los integrantes de la caravana que resultó herido) hizo un llamado a la comunidad internacional y organizaciones a manifestarse en contra de este nuevo episodio de violencia contra activistas de derechos humanos. “Acusamos directamente al gobierno de Ulises Ruiz por estos crímenes y del ataque armado contra la caravana”, dijo Arellano. “Esta agresión se da en el contexto de las circunstancias de aislamiento y estado de sitio que se vive en el municipio de San Juan Copala, donde desde el mes de enero los niños se encuentran sin clases, además de que en la comunidad se encuentran sin luz eléctrica, sin agua potable, sin médicos y se vive un permanente acoso paramilitar debido a un retén que se encuentra en el lugar”, señaló Arellano.