Servidumbre, trabajos forzosos y ''trabajo'' infantil de Guraníes en Bolivia

Unas 600 familias indígenas guaraníes de una región agrícola del sur de Bolivia viven en situación de servidumbre y obligadas a realizar trabajos forzados, a pesar de los esfuerzos del gobierno para detener esa práctica, afirma un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH, con sede en Washington, dio a conocer el 20 de abril su informe “Comunidades Cautivas: Situación del Pueblo Indígena Guaraní y Formas Contemporáneas de Esclavitud en el Chaco de Bolivia”, basado en una visita realizada a la región en el 2008. El documento señala que “la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las comunidades cautivas es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas en Bolivia”. “A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado boliviano para hacer frente a la situación de servidumbre y trabajo forzoso y para facilitar la reconstrucción del territorio guaraní, todavía existen comunidades cautivas, cuyos miembros se encuentran sometidos a realizar trabajos forzosos por deudas supuestamente contraídas, y la mayoría de las veces, no reciben un salario por el trabajo que desarrollan”, agrega.

Existen unos 80.000 indígenas guaraníes en Bolivia, según el censo del 2001, y la tasa de pobreza en la región sureña del Chaco, donde habitan esas comunidades, supera el 75%, y es evidente la enorme brecha existente entre ricos y pobres.

La CIDH encontró que los trabajadores indígenas, que viven en la extrema pobreza, eran sometidos a “castigos crueles” tales como quema de sus cultivos y matanza de sus animales. Los integrantes de la misión también verificaron la existencia de trabajo infantil, el cual está totalmente prohibido por la legislación boliviana y los estatutos internacionales. “Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado en la región del Chaco y el inefectivo actuar del Ministerio Público”, sostiene el informe. “Esta impunidad fomenta la repetición de estas prácticas incompatibles con los derechos humanos”. La CIDH invocó al Estado boliviano a adoptar medidas para proteger los derechos colectivos a la tierra de los guaraníes y garantizar el derecho a “una vida digna”.