Mujeres rurales en Guatemala
La lucha de las mujeres campesinas e indígenas por el desarrollo y el derecho a la tenencia de la tierra no es reconocida en el país, por lo que sería importante que el Estado promoviera y defendiera las garantías de este sector empobrecido y urgido de atención a sus necesidades y demandas.
Según el delegado departamental de la Defensoría Maya (DEMA) de Huehuetenango, Juan Andrés Bravo, los campesinos, principalmente las mujeres enfrentan una serie de problemas en el campo y no se les reconoce como tales, siendo explotadas y no gozan de la remuneración por alguna actividad agrícola que realizan para satisfacer sus necesidades.
A decir del dirigente Maya, las mujeres mantienen una lucha permanente por la defensa de su familia y por la alimentación, acciones que casi siempre no son reconocidas, sin saber que las mujeres además de ser dignas, están capacitadas para desarrollar cualquier actividad a la par de los hombres, pero sucede es que egoístamente no se les visibiliza.
Bravo, quien participó como invitado en la sección de “Entrevistas y Entrevistados” del programa “Elijamos Nuestro Futuro”, producido por Cerigua y transmitido en Radio Viva (96.7 FM) de Huehuetenango, agregó que las mujeres, en las fincas, padecen también toda clase de discriminación y exclusión, porque a pesar de que trabajan doblemente no les reconocen igual salario que a los hombres.
Agregó que debido a la falta de la tenencia de la tierra en varios municipios, como San Rafael Petzal, San Sebastián H, Santa Bárbara, Colotenango, Ixtahuacán, San Gaspar Ixchil, entre otros, las y los campesinos siguen emigrando en busca de su subsistencia a fincas de la Costa Sur y regiones mexicanas, pero también sigue sufriendo por las injusticias, la explotación y la falta de atención a su salud y educación.
El líder de la DEMA pidió al Estado se interese de las necesidades que siguen agobiando a las y los campesinos, el desarrollo deber ser integral y sobre todo se apoyen los programas de beneficio para el sector agrícola; además las instituciones públicas eviten la corrupción y los beneficios lleguen realmente a las comunidades más apartadas del departamento, donde existe pobreza y extrema pobreza.
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