La resistencia social en el Delta del Río Niger contra industria hidrocarburífera

El Delta del río Níger, de donde se extrae prácticamente la totalidad de los hidrocarburos nigerianos, se encuentra sumido en tremenda miseria socioeconómica; la degradación medioambiental; y una violencia estructural derivada, en gran medida, de este escenario.

El progresivo abandono que ha sufrido la región por parte del Gobierno central en la redistribución de las rentas petroleras, así como la conducta de las compañías privadas que operan en la zona, ha encontrado respuesta entre las comunidades locales desde el nacimiento de la industria hidrocarburífera en Nigeria. Estas comunidades se han ido organizando en movimientos sociales de variado signo para hacer frente a los impactos de las actividades extractivas, y reclamar del Gobierno y las empresas transnacionales un trato justo.

El Delta del río Níger se extiende a lo largo de 75.000 kilómetros cuadrados en la zona sur de Nigeria, y comprende 9 de los 36 estados de esta federación. Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en esta maraña de lagos y meandros, malviven unos 30 millones de personas organizadas en grupos compactos, la mayor parte de las veces no superiores a los 5.000 individuos. La riqueza en recursos naturales de la zona es la mayor del país; allí, la selva umbrófila configura un paisaje de tierras agrícolas, bosques y acuíferos, con gran valor en materia de biodiversidad. Una biodiversidad que se ha visto amenazada desde los inicios de la explotación petrolera en la década de 1960, recién adquirida la independencia de parte del imperio británico.

El petróleo extraído de la región supone en torno al 50 % del PIB (Producto Interno Bruto) de Nigeria, proporciona el 95 % de las ''ganancias'' por divisas al país y el 80 % de las ''rentas presupuestarias'', lo cual representa unos 20.000 millones de dólares al año. Además, el desarrollo del subsector gasístico es imparable, haciendo del país un referente internacional como productor de este recurso. No obstante, a pesar de las enormes ''ganancias'' derivadas de la exportación de su petróleo y gas natural, el 75 % de la población del Delta vive hoy bajo el umbral de la pobreza. La seguridad humana, “contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión” y “contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad” (PNUD), se encuentra así bajo una seria amenaza.

La destrucción de los sectores productivos tradicionales (pesca y agricultura), y los impactos sobre el medio ambiente derivados de la extracción de hidrocarburos, amenazan de gravedad la seguridad alimentaria de las comunidades del Delta. La tasa de desempleo en la región es mucho más elevada que la media nacional y, paradójicamente, esta situación se agudiza en los tres principales estados productores de petróleo; si en el año 2000 en todo el territorio nigeriano la tasa de desempleo alcanzó el 4,7 por ciento, en estados como el de Rivers llegó a superar el 19 por ciento, hasta llegar al 30 en Port Harcourt, la principal ciudad de la región. Por otro lado, un gran porcentaje del personal de la industria petrolera es expatriado o proviene de otras zonas de Nigeria, lo que potencia el malestar de la población local. El hecho de que la industria hidrocarburífera sea, además, un sector no integrado en la economía, acaba con cualquier perspectiva que garantice el acceso a fuentes de ingreso. En la región que ha hecho de Nigeria una de las principales potencias económicas africanas, sólo el 27 % de los habitantes tiene acceso a agua potable y únicamente un 30 % de los hogares cuenta con suministro eléctrico.

Vos acá, yo allá, aquel un poco más allá...

La redistribución de las rentas petroleras es muy vertical en el sistema nigeriano, lo que afecta de modo directo al control de los recursos por parte de las comunidades situadas en el área productora. La Constitución federal establece que “toda la propiedad y control de los minerales, aceites minerales y gas natural sobre o bajo cualquier tierra de Nigeria, o sobre o bajo las aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de Nigeria, deben estar en manos del Gobierno de la Federación”. Desde la década de 1970, el Gobierno, a través de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), controla todo el crudo nigeriano gracias a la participación en forma de ''Joint Ventures'' con las compañías extranjeras. Cinco empresas transnacionales dominan el sector: la anglo - holandesa Shell, las estadounidenses ChevronTexaco y Exxon Mobil, la italiana Agip y la francesa Total. Entre todas poseen el 98 % de las reservas y los activos; alrededor de unas 50 firmas, más pequeñas, completan el círculo.

Todas las transnacionales que operan en Nigeria siguen las reglas del Estado y se han convertido en subentidades de la NNPC. La mayoría de ellas han firmado los Principios Voluntarios para la Seguridad y los Derechos Humanos en el sector extractivo. En 2003 se adscribieron también a las Normas de Responsabilidad de las Empresas Transnacionales y Otras empresas de Negocios en materia de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No obstante, además de sus impactos probados sobre el medio ambiente, la mayor parte de estas compañías se encuentran directamente implicadas en la violación de los Derechos Humanos en el Delta, como demuestran las múltiples respuestas articuladas por la sociedad civil para hacer frente a sus abusos.

La sociedad civil, en pie

El origen de la contestación social en el Delta se remonta a los años de las primeras exploraciones europeas en el siglo XV; de ahí que debamos ver la Historia del Delta también como una historia de resistencia. Desde la aparición del petróleo, este dinamismo social ha ido alimentándose de la frustración acumulada por la población local. A partir de la independencia de Nigeria del imperio británico (1960), el petróleo ha definido el devenir de un gran segmento de esta sociedad civil.

La revuelta liderada en el Delta por Isaac Boro al frente del NDVF (Níger Delta Volunteers Force) puede ser considerada como la primera gran rebelión de la Nigeria postcolonial. El 23 de febrero de 1966, Boro declaró la República de los Pueblos del Delta del Níger y anuló simbólicamente todos los contratos petroleros, instando a las compañías a negociar directamente con su administración. Doce días después, Boro fue detenido, torturado, condenado a muerte junto a algunos de sus hombres, posteriormente amnistiado y finalmente asesinado, según algunas fuentes, a manos del propio Gobierno federal.

Poco después, la guerra de Biafra (1966-1969), en la que los recursos petroleros jugaron un papel central, sirvió de acicate para la consolidación de un tejido social articulado en torno a la resistencia frente a las actividades extractivas. Tras el frustrado intento de secesión en Biafra y la consiguiente brutal respuesta del Gobierno, entre 1970 y 1990, emergieron numerosos movimientos en el Delta. Su principal referente es el MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People), fundado por Ken Saro Wiwa a inicios de la década de 1990, que protagonizó la segunda gran revuelta de la etapa postcolonial. El asesinato de Saro Wiwa en el año 1995 junto con otros 8 miembros de la organización, a manos de la junta militar encabezada por Sani Abacha, le otorgaría al MOSOP “un estatus icónico en los debates internacionales acerca del medioambiente y el poder y las responsabilidades corporativas de las multinacionales petroleras” .

En palabras de Dumpe, la ejecución de los 9 Ogoni “mandó una señal al resto del Delta, la protesta de los Ogoni fue siempre pacífica, su resultado hizo pensar a la gente que la protesta pacífica no conducía a los resultados buscados. Por eso la gente se empezó a organizar en grupos juveniles de confrontación armada, lo que hoy llamamos grupos militantes”. La indignación originada por el asesinato de los 9 Ogoni y la aguda represión ejercida por la Junta de Abacha contra la sociedad civil del país, avivó la violencia. Tras décadas de resistencia pacífica, las comunidades del Delta se vieron en la necesidad de modificar sus estrategias. Entre 1998 y 1999, nacieron diversos movimientos en las comunidades Ijaw, que originaron las Egbesu Wars, tercera gran rebelión de la postcolonia. Ya en ''democracia'', a lo largo de la primera década del siglo XXI la resistencia ha ido creciendo al calor de la frustración acumulada por una población agraviada.

La llave del desagravio

Durante la década de 1990 e inicios del siglo XXI, los movimientos sociales en el Delta tenían objetivos tímidos, se limitaban a reclamar proyectos de desarrollo para sus comunidades. Desde inicios del presente siglo, el surgimiento de movimientos militantes y la consolidación de los ya existentes no conoce freno, se amplían sus demandas y se recrudecen sus estrategias. En la actualidad, las resistencias en el Delta se organizan en extensas redes con el objetivo último de obtener el control de los recursos petroleros presentes en su territorio. Sólo se podrá poner fin a la actual crisis, sostienen, a través de medidas que garanticen la satisfacción de esta necesidad.

Las movilizaciones sociales en el Delta, desde el “retorno” de la ''democracia'' a Nigeria en 1999, tienen objetivos claros. Solicitan, en primer lugar, una revisión de la reasignación de las rentas petroleras, lo que ya había centrado las demandas de Saro Wiwa en los 90. En segundo lugar, la creación de nuevas unidades de gobierno, ajustadas a las realidades locales, y en tercer lugar, el combate contra la pobreza, la construcción de infraestructuras y la lucha contra el desempleo. Por último, estas movilizaciones apelan a la acuciante necesidad de generar un desarrollo sostenible en la región a través del control sobre los recursos en manos de las propias comunidades.

El grupo más fuerte actualmente es el MEND (Movement for the Emancipation of the Níger Delta); desde el año 2006 principal grupo armado de la región. Solicita del Gobierno federal y las empresas transnacionales compensaciones por los daños causados por la industria petrolera, aunque su objetivo último es lograr el control de las concesiones.

Sostiene Dumpe que “el problema es que las agitaciones que emergen tras la frustración derivada de la protesta pacífica están ahora infiltradas por bandas criminales. Hay grupos organizados que usan la confrontación en el Delta para enriquecerse, pero sin legitimidad social de ningún tipo”. La confusión entre unas y otras actividades les permite a las compañías extranjeras y al Estado nigeriano legitimar sus acciones represivas y desacreditar, al mismo tiempo, las legítimas luchas de la sociedad civil.

Al ser preguntado sobre una posible mejora en la conducta de las empresas transnacionales y las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de propuestas como el EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), este investigador responde: “las subsidiarias dicen que lo hacen bien, pero la información que pasan a las matrices no es cierta. Las mejoras no han sido significativas”. Conceptos como el de “Transparencia” o “Responsabilidad Social Corporativa” quedan, de este modo, en evidencia. No obstante, señala Dumpe, “nuestros informes han servido para cuestionar prácticas de Shell en Nigeria. Esta influencia es esencial y esto ha llevado a Shell, por ejemplo, a moverse desde la asistencia a las comunidades hasta hablar de desarrollo, luego de desarrollo sostenible y ahora de ‘memorando de entendimiento’, un acuerdo que negocia con las comunidades algunos proyectos sociales. Para nosotros eso representa un movimiento desde la simple filantropía a una especie de participación negociada de la comunidad, pero no es suficiente porque no es algo basado en la equidad, en la presuposición de lo que se debe hacer, desde el punto de vista ético”.