La Peregrinación por la Memoria y contra el Olvido
Entre marzo y abril de 1990 acaeció en Trujillo (zona montañosa del Valle del Cauca, Colombia) un hecho criminal que conmocionó a la sociedad colombiana. La masacre de Trujillo fue un proceso sistemático de exterminio de la población campesina y líderes sociales de la zona, entre ellos Tiberio Fernández Mafla, párroco y líder social del lugar, por parte de una estructura criminal conformada por narcotraficantes, paramilitares y militares en servicio, que se desarrolló durante más de 10 años.
Entre 1986 y 1994 el proceso criminal conocido como la masacre de Trujillo logró la eliminación física de aproximadamente 350 habitantes del municipio en su zona urbana y rural, sembrando el terror, generando masivos desplazamientos de población y teniendo la complicidad (por acción u omisión) de las autoridades civiles, militares y judiciales. Veinte años después, las víctimas sobrevivientes continúan realizando lo que se ha dado a llamar ''La Peregrinación por la Memoria y contra el Olvido'', una jornada de resistencia y de denuncia contra la impunidad.
“Octavio” cuya verdadera identidad no divulgamos por su seguridad, brindó un testimonio de cuáles fueron los hechos acontecidos dos décadas atrás y que aún persisten en la memoria y en la resistencia de la comunidad de Trujillo. "Fue un enfrentamiento entre paramilitares, militares y un comando de la guerrilla que se movilizaba en la zona, eso fue algo improvisto, fue un choque de tú a tú, donde nadie esperaba a nadie; ya después de que la guerrilla tomó por asalto al grupo del ejército y el comando de paramilitares guiado por Diego Montoya, conocido como ’Los carolos’. A partir de ahí por la masacrada de todo el comando del ejército, entonces a partir de ahí vino la represalia contra la comunidad, entonces ya entraron a aprovechar coyunturas políticas y otros medios para tomar represalias contra la población''.
A orillas del Río Cauca, convertido en “fosa común” para las víctimas de la Masacre de Trujillo, Esmeralda, familiar de una de las víctimas recuerda las sangrientas jornadas de 1990 y también brinda su testimonio: “Estamos aquí para recordar todo lo que pasó, lo terrible y lo doloroso que fue esa tragedia, para los familiares fue muy doloroso y muy duro; y aún todavía pues seguimos con esa tragedia adentro, pues eso no es fácil olvidarlo ni sacarlo del corazón”.
Consuelo Valencia, testigo directo de los hechos y víctima de la represión, dice: “Aquí no había guerrilleros, éramos puros campesinos reclamando pacíficamente por una carretera”, dice Consuelo quien vivió aquellos días en compañía de su esposo. Su hijo Arley de 14 años fue secuestrado por el ejército, torturado y está actualmente desaparecido. “Cuando ya lo bajaban a mi hijo con alfileres en la mano y en los pies y él me mostraba los alfileres clavados en la mano, yo no sé ese muchacho cómo era capaz de andar, y era bañado en sudor por el dolor en los pies, un muchacho que se alcanzó a volar nos contó: ‘ese hijo suyo iba demasiado mal, yo creo que ya iba más muerto que vivo’. Desde ahí no lo volví a ver”, dice Consuelo.
Eduardo Carreño, abogado en defensa de las víctimas
El jurista Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ha venido trabajando en el caso dijo: “después de veinte años se ha llegado a establecer un universo de víctimas de aproximadamente trescientas cuarenta y dos entre el año 86 y el año 94, que fueron cometidos por una estructura criminal conformada por agentes del Estado y el narcotráfico y el paramilitarismo que operaban en esta región, que tenía múltiples propósitos: controlar la región, eliminar formas de organización social y política que existían en términos embrionarios en la región, fundamentalmente las empresas cooperativas que había organizado el Padre Tiberio Fernández Mafla, las cooperativas de agricultores y las Juntas de Acción Comunal. Pero también eliminar a cualquier opositor político que hubiera en la región y dentro de eso incluyeron a los marginados sociales en lo que llaman ‘limpieza social’, en términos casi que neo-fascistas”.
El abogado agregó que “el grupo paramilitar que operaba en esta zona y que después se dividió en ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, sigue operando y no se desmovilizó. Ahora tiene una mayor cobertura a nivel nacional, algún día deberá ser atacado por el Estado y lograr su desmovilización o reintegración, previo sometimiento de los procesos de justicia, para que se den reales garantías de no repetición de estos crímenes en la región”.
Para Carreño “este proceso tiene garantía de salir adelante por la presión que hay a nivel internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones internacionales que han sido solidarias y que acompañan el caso de Trujillo como uno de los casos simbólicos, donde primero se logra un reconocimiento de responsabilidad del Estado y se pide perdón público a las víctimas por los crímenes cometidos".
"Ese acompañamiento internacional ha sido y es muy importante para poder avanzar en términos integrales, en justicia, en verdad, en reparación integral y garantías de no repetición; es decir, acompañar a estas viudas y a estos hijos de las víctimas es muy importante para que puedan seguir existiendo y viviendo en esta comunidad”.
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