El Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos de Madrid difundió el lunes por la mañana su sentencia general sobre los 27 casos presentados el viernes y sábado contra corporaciones europeas por su accionar en América Latina. Las empresas habían sido acusadas por organizaciones y movimientos sociales de violar numerosos derechos humanos, reglamentos, leyes y de atentar contra el medio ambiente y la soberanía alimentaria, entre otras cosas.
Las agrupaciones sociales realizaron una reunión de unas tres horas de duración para evaluar esta nueva edición del Tribunal Permanente de los Pueblos. Luego concurrieron a un encuentro con varios representantes de gobierno de algunos países de la Alternativa Boliviariana para los pueblos de América (ALBA). Los mandatarios de los países latinoamericanos, salvo algunas excepciones, se encuentran en Madrid por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea – América Latina y el Caribe (que se realizó días pasados). Los grandes ausentes en la reunión entre movimientos y gobiernos fueron el presidente boliviano, Evo Morales, que no llegó al encuentro, y su par venezolano, Hugo Chávez, que finalmente no viajó a Madrid ni siquiera para la cumbre oficial.
La extensa sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos fue presentada en un acto público realizado en el Círculo de Bellas Artes madrileño. “El conjunto de los casos examinados en esta sesión puede ser considerado ejemplar de la conducta de las empresas transnacionales europeas y de sus prácticas de violaciones de derechos. Este tribunal constata que, a pesar de las condenas y recomendaciones hechas en la sesión de Lima (Tribunal de 2008), persiste un régimen reiterado de violación de los derechos fundamentales por parte de esas empresas en los países de América Latina”, expresa el fallo. “En especial se ha comprobado la responsabilidad particular de las empresas españolas, que representan más del 50 por ciento de las inversiones en América Latina”, agrega. El documento subraya además que “en el conjunto de casos es posible detectar un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizadas en el comportamiento de las empresas transnacionales europeas en Latinoamérica”.
Los jueces estipulan que ese régimen sigue siendo facilitado por las políticas de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, de otras entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea (UE). “En particular, el TPP ha constatado el papel que la UE desempeña en términos de permisividad, omisión y promoción de los intereses de sus empresas transnacionales como actores principales de su expansión económica y de competitividad internacional”, señalan los jueces.
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