Monterrico Metals no se queda atrás y también acecina

Protestas frente a la embajada inglesa en Perú en 2009

Los campesinos peruanos que se oponen al proyecto cuprífero Río Blanco, en la norteña región de Piura. Han sufrido persecuciones judiciales, difamaciones, hostigamientos, torturas y asesinatos. Por esa larga historia de abusos los afectados por las operaciones de Minera Majaz, que fue durante varios años subsidiaria de la inglesa Monterrico Metals, presentarán una demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesionará en Madrid entre el 14 y el 18 de mayo próximos. La denuncia la presentan la organización Entrepueblos y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), que aportarán pruebas y testigos de los impactos negativos de esta actividad.

Pocas dudas quedan respecto a los vínculos estrechos de la cuestionada corporación minera en las altas esferas políticas de Perú y el Reino Unido. Las organizaciones que han monitoreado su actividad, por ejemplo, tomaron conocimiento del nombramiento como presidente ejecutivo de Monterrico Metals de Richard Ralph, que había sido el embajador británico en Perú entre 2003 y 2006.

Fue en ese período que se efectuó la etapa de exploración del proyecto minero, y fue cuando comenzó el conflicto con las comunidades indígenas y campesinas de Yanta y Segunda y Cajas. El documento que se presentará ante el TPP recuerda que, además de realizar acciones pacíficas como marchas y asambleas comunales, en septiembre de 2007 la población local votó masivamente en contra del proyecto en una consulta comunal, aunque nunca se tomó como vinculante. Por esos días las acciones de Monterrico Metals pasaban al consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development, un conglomerado de tres empresas chinas con fundiciones, operaciones mineras, logísticas y portuarias en China, Birmania, Mongolia, Sudáfrica, Vietnam, Afganistán y Filipinas.

Los críticos al proyecto sostienen que este consorcio asiático “prácticamente no difunde ningún detalle específico acerca de su conducta ambiental, social y tributaria”, y por lo tanto es muy difícil conocer sus planes para el proyecto minero Río Blanco.

Uno de los episodios paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos se registró en agosto de 2005, cuando 29 campesinos y un periodista fueron secuestrados y luego torturados en un predio de Minera Majaz. Los responsables de ese atropello fueron efectivos policiales contratados por la empresa.

Además del juicio por daños y perjuicios (que está pendiente de resolución en la Alta Corte de Londres) a mediados de abril una congresista peruana presentó el caso de las torturas contra los comuneros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).