Responsabilidad cero

¿Se puede hablar de “responsabilidad” en una inversión que toma los territorios como fuente de lucro? ¿Deben los estados que integran la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) legitimar el acaparamiento de tierras o recursos acuíferos con una “certificación” de responsabilidad? ¿Cuáles son las políticas de recursos públicos necesarias para un verdadero desarrollo rural?

Entre otras varias, éstas fueron las preguntas que se formularon los pasados días 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, las organizaciones que acudieron a una consulta continental para discutir sobre el concepto de Inversión Agrícola Responsable (IAR) que viene elaborando el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Y el punto de partida, claro, fue la realidad de un continente y una región caribeña plagado de megaproyectos agrícolas de gran escala que desplazan a campesinos y pueblos originarios, megarepresas hidroeléctricas que sumergen poblaciones milenarias o empresas trasnacionales que inundan de semillas transgénicas la biodiversidad de la región.

Ante ello, resultó muy claro el hecho de que las organizaciones convocadas a consulta por sus representantes ante el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) que funciona en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), manifestaron una visión crítica del concepto de IAR, comparándola en algunos casos con el de Responsabilidad Social Empresarial mediante la cual algunas empresas buscan mitigar o maquillar los efectos de sus políticas sobre las comunidades.

En ese sentido, Valter Da Silva, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC - La Vía Campesina) señaló que tras las inversiones autodenominadas “responsables” hay una política de criminalización de la producción de semillas criollas y campesinas ya que amenazan los monopolios empresariales. En ese sentido, indicó que se requieren políticas de inversión pública para el fomento de la producción de este tipo de semillas. En su reflexión, Da Silva subrayó la importancia de la discusión en materia de los principios que a juicio de las organizaciones que reivindican la Soberanía Alimentaria deberían seguir las inversiones, públicas y privadas, en agricultura, aunque manifestó sus dudas respecto al eco que esas definiciones puedan alcanzar en el marco del CSA como políticas globales que obliguen a los Estados a proteger la producción campesina.

Por su parte, Javier Rivera, campesino de la región de Tuluá en el Valle del Cauca y coordinador del Movimiento Agroecológico de América Latina y Caribe (MAELA) a nivel de la región Andina, señaló que el concepto de responsabilidad ha servido para obtener recursos de cooperación internacional que rara vez llegan a las comunidades a cumplir su cometido real. Y opinó que la recientemente creada Alianza por la Soberanía Alimentaria debería generar insumos y herramientas “para que desde las bases se tenga la posibilidad de hacerle frente a esas políticas y a esas inversiones” que en el caso de Colombia han servido para desplazar campesinos y sustituir la producción alimentaria por varios aspectos del agronegocio, entre ellos la producción de agrocombustibles.

La Alianza por la Soberanía Alimentaria cuenta con varios representantes sub-continentales en el Mecanismo de la Sociedad Civil que llevarán a ese ámbito de funcionamiento en Roma, Italia, los principios emanados de la Asamblea, así como las definiciones alcanzadas en el marco de esta Consulta realizada con posterioridad a la misma, lo cual ocurrirá en el próximo mes de octubre.