No más masacre, sí tierra para campesinos e indígenas!!!

En la mañana del 15 de junio de 2012, 326 policías ingresaron a Marina Cué, Curuguaty (Paraguay), para desalojar a un grupo de alrededor de 60 campesinos, que habían ocupado el lugar hacía poco más de un mes. La orden judicial, sin embargo, indicaba que los agentes debían hacer un allanamiento, pero todo terminó en una masacre de gente inocente que lo único que hacía era defender su medio de vida. Los campesinos aseguraban que las dos mil hectáreas de Marina Cué eran del Estado, pues en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya S. A. donó las tierras a la Marina paraguaya (de allí el nombre Marina Cué), y posteriormente en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.

La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político y empresario colorado Blas N. Riquelme, se había apropiado de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión, buscando que los campesinos fueran desalojados mediante una orden otorgada por el juez José Benítez.

Actualmente, el Estado paraguayo litiga por recuperar la propiedad. En más de una ocasión el actual ''presidente'' de la República, el golpista Federico Franco (del PLRA), exhortó a la familia Riquelme a entregar las tierras. A más de un año de la masacre, los familiares de los campesinos caídos no tienen certeza de lo que realmente ocurrió aquel 15 de junio en Marina Cué.

Qué ocurre al día de hoy?

Más de medio centenar de campesinos están imputados y hay quince procesados por la Fiscalía. Mientras se reanuda la audiencia preliminar por el caso de la masacre, encabezado primeramente por el fiscal Rachid y jueces cómplices que siguen de manera descarada imponiendo las leyes de los poderes facticos apareciendo y desapareciendo pruebas, llevados por arroyos siempre tratando de justificar ríos de sangre de humilde inocente y de defender los intereses de terratenientes y mafiosos del país cumpliendo estrictamente los planes de criminalización a los humildes campesinos y campesinas que reclaman sus derechos. No hay duda que esto es una amenaza para toda la sociedad paraguaya: se pretende estructurar la nueva política agraria a favor de gremios empresariales transnacionales y desaparecer a las organizaciones campesinas en general, por medio de libretos y planes de la mafia jurídica y para-política que siguen desplazando comunidades campesinas e indígenas. ¿Por qué asesinaron al dirigente campesino Vidal Vegas? ¿Por qué asesinaron a Benjamín Lezcano? ¿Quién y cómo los asesinaron?

El caso Marina Cué puede extenderse por varios años porque está ilegalmente favoreciendo al grupo privilegiado y mafioso de la familia Riquelme y correrá mucho dinero en maletines a los zamuros de cuellos blancos y garras ensangrentadas sean: politiqueros, jueces, fiscales, matones y abogados, todos ellos bien protegidos por leyes e instituciones antidemocráticas, incluidos gobiernos golpista y régimen neoliberal en marcha. Mientras tanto, todo puede seguir pasando.

Las 2000 hectáreas de tierra de Marina Cué pertenecen al estado paraguayo, pero la injusticia seguirá predominando por encima de cualquier ley y derechos porque la prioridad de un estado colonial, apátrida de las necesidades de las poblaciones económicamente más pobre no está en la agenda, solo en los discursos en tiempo de campaña electorales o cuando van a hipotecar el país a interés del gran capital, se fundamenta en nombre de la reducción de la pobreza.

Antes que la situación de violación de los Derechos Humanos a través de mecanismo jurídico injusto e ilegitimo hay una ley sagrada: luchar, luchar y luchar para tener un pedazo de tierra. “Cuando un campesino o campesina siembran una semilla está sembrando dignidad”, decía José Martí. En ese sentido, los familiares de la masacre de Curuguaty recurren nuevamente a lo legítimo, a seguir luchando por sus derechos y no dejar avasallarse por la prepotencia, amenaza y criminalidad de los latifundistas, empresas transnacionales, políticos corruptos, los cuales, todos ellos, utilizan sus instituciones jurídicas y políticas para hacer renunciar al derecho fundamental de ser paraguayo y paraguaya. 

Según las últimas informaciones, el día de hoy, donde se va reanudar la audiencia preliminar del caso Curuguaty, unos 100 campesinos y campesinas, familiares de víctimas de la matanza de Curuguaty, entre ellos mujeres y menores de edad, reingresó a la propiedad del estado paraguayo conocida como Marina Cué, luego de permanecer acampando frente al terreno, a la altura del kilómetro 278 de la Ruta X, distrito de Yby Pytâ, departamento de Canindeyú, donde al instante más de 200 policías y ''fuerzas especiales'', se dirigieron al lugar el fiscal José Zarza, quien es el interino de Jalil Rachid. Éste dio 1 hora para el dialogo pacífico, de lo contrario ordenará el desalojo violento de los campesinos, lo cual llevó a que se retiraran del predio, obviamente, para evitar una nueva masacre.

Esta situación nuevamente da muestras que solo la resistencia y las ocupaciones de tierra son la garantía para una reforma agraria integral en Paraguay, así como en todos los países del mundo. Son herramientas de lucha ya tradicionales de los movimientos campesinos e indígenas que siempre se toparon con maltrato, manipulaciones, imputados, asesinatos; es decir la criminalización violenta por parte del aparato represivo a estas luchas sociales, pero que hasta hoy siguen siendo la única vía para alcanzar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

¿Que volverán a pasar en Curuguaty?

Y después de la masacre...