''Conexiones evidentes con las empresas multinacionales''

“Hay una estrategia combinada entre las propias empresas transnacionales, los equipos de abogados especializados en arbitrajes, incluso gente especializada en estos temas, para finalmente llevar adelante estos procesos (legales) ante los Estados”, denunció el coordinador para América Latina y el Caribe de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Pablo de la Vega.

“Se mencionaba una frase que es muy ilustrativa respecto a lo pernicioso de estos procesos. Se decía que de poco sirve ir a juicio contra el diablo cuando el tribunal se lleva a cabo en el infierno”, agregó. Hizo referencia con la enunciación a las disputas legales por controversias inversores-Estados que se saldan en tribunales como el del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del empresarial Banco Mundial.

Pablo de la Vega participó del taller internacional “Alternativas al Régimen Internacional de Protección de Inversiones y al Sistema de Resolución de Controversias entre las Empresas Transnacionales y los Estados”, que inició el día 25 de Julio y terminó el pasado viernes en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del gobierno ecuatoriano. Participaron también de la convocatoria la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), la fundación alemana Friedrich Ebert, el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales (ILDIS), Jubileo 2000 Red Ecuador y la Alianza Social Continental. Se hicieron presentes en Guayaquil numerosos expositores y representantes de movimientos y organizaciones sociales, así como de gobiernos, de diversos países latinoamericanos.

“Finalmente quienes toman la decisión, estos árbitros y los abogados que participan en estos litigios, tienen conexiones evidentes con las empresas multinacionales. Y los Estados están absolutamente desprovistos de capacidad o se dan cuenta muy tarde de la relación asimétrica en estos procesos que están aceptando en tribunales como el CIADI”, agregó de la Vega.

El coordinador para América Latina y el Caribe de la PIDHDD nombró algunos casos perdidos por el Estado ecuatoriano que le obligaron a pagar sumas de cientos de millones de dólares de indemnización a grandes corporaciones transnacionales. “El tema más pernicioso acá es el impacto que tiene en las comunidades. La PIDHDD tuvo la oportunidad hace unos meses de acompañar una misión internacional de verificación en El Salvador y en la frontera salvadoreño-guatemalteca, para mirar sobre todo el impacto de la empresa (canadiense) Pacific Rim en la exploración y captación de minerales en torno al oro”, comentó de la Vega. Sobre el accionar de esa empresa en particular, habló de la “presión constante sobre la población, el amedrentamiento, la desarticulación de los movimientos sociales, el hostigamiento inclusive a actores aliados, a periodistas, y la presión y amenaza que ejerce obviamente contra el propio gobierno salvadoreño”. Según contó el defensor de derechos humanos, la minera anunció que iniciará un juicio contra ese Estado por una indemnización que podría alcanzar los 350 millones de dólares, sino más.