El gran secreto: regasificadora en Puntas de Sayago

Aratirí no representa solamente saqueo y despojo, es además, la cruda y dramática amenaza de un auténtico genocidio urbano generado en las condiciones absolutamente inapropiadas en que se pretende instalar en Puntas de Sayago una base operativa costera de regasificación para abastecer de energía a la empresa minera. De no detener estos funestos proyectos que pretenden instalarse en Uruguay, además de los dos puertos en Rocha, se estará atentando contra el derecho humano más fundamental: el derecho a la vida. 

Los cráteres “lunares” que dejaría el vaciamiento de hierro de nuestro territorio en 10 o 15 años, de prosperar Aratirí, lucirían en el futuro paisaje oriental, como la señal clara y vergonzante dejada por el sometimiento al capital multinacional deseoso de adueñarse total y definitivamente de los recursos naturales de toda América Latina.  Pero para que prospere y funcione realmente la minería a cielo abierto, los riesgos para los uruguayos no se restringen al aspecto económico del saqueo, ya en marcha a través de incursiones expropiatorias/depredatorias como UPM (ex Botnia), Montes del Plata, la mega forestación, la mega sojización, los “súper puertos”, las zonas francas y otras mega aberraciones “inversionistas” en curso, publicitadas oficialmente como piezas clave de un cacareado “Uruguay Productivo”, impulsado realmente desde el último período dictatorial, y desarrollado y “mejorado” por todos los gobiernos “democráticos” que sucedieron al “proceso cívico-militar” hasta hoy. 

No siendo lo más grave desde el punto de vista de la integridad humana, conviene destacarlo: la regasificadora significa una inversión “solidaria” con la multinacional Aratirí del Estado uruguayo de no menos de 2.500 millones de dólares, que a la cotización actual de esta moneda, equivale a los costos de prácticamente todas las viviendas dignas socialmente necesarias al presente, o a unos 240 liceos de 10.000 metros cuadrados cada uno. Buena parte de quienes defienden a Aratirí y su regasificadora desde el gobierno y los partidos tradicionales, mienten, directamente falseando las cifras de lo que le costaría al Estado uruguayo la regasificadora, pero además, y lo más grave, manejan irresponsablemente, subestimando a la gente, los datos sobre su ubicación y las condiciones de su funcionamiento respecto a la seguridad ciudadana. 

Las organizaciones sociales de defensa de la tierra y los recursos naturales de todo nuestro territorio literalmente ocupado por el capital y no solamente las coordinaciones barriales del oeste montevideano como se dice por ahí, tenemos ante sí el desafío de encarar urgentemente una estrategia de freno categórico a este emprendimiento oficial-privado, que para nada responde a una estrategia de modificación de la matríz energética o productiva del país, sino a una estrategia de vaciamiento de materias primas autóctonas, a un al precio de eventuales y nada inimaginables crímenes colectivos perfectamente calificables como delitos de lesa humanidad, que se consumarían a plena conciencia y mediante el engaño y una hipócrita prédica de “progreso” y “desarrollo nacional” que no contempla la vida humana en riesgos múltiples e impactos socio-culturales altamente negativos. 

Aratirí no es sólo robo extractivista disfrazado; es también, una angustiante amenaza sobre la vida colectiva de vastísimas zonas capitalinas (desde La Teja hasta Pajas Blancas, por lo menos) que deberían pasar por el trance de vivir temiendo permanentemente la nada fantasiosa eventualidad de sucumbir masivamente a consecuencia de posibles explosiones de buques metaneros o “accidentes” semejantes (*), por más que algunos pretendan calificar esta visión de ''tremendismo radical'' o ''bochinche ambientalista'' y traten de desmentir esta denuncia falseando los datos de la realidad que surgen de los mismos números expuestos oficialmente, aunque se los tergiverse a la hora de sumar, restar y multiplicar como puede hacerlo correctamente hasta un escolar. Aratirí es la alarmante amenaza que muy poca gente conoce (o no quiere conocer) y casi nadie denuncia, de una regasificadora ideada, impulsada y co-financiada por el estado uruguayo y GDF Suez (multinacional francesa) para proveer de energía a dicha empresa minera, dedicada a la especulación financiera y un extractivismo feroz que no se limita al hierro, sino a otros metales de carácter estratégico internacional. 

Tal y como están dispuestas la ubicación y la actividad de la proyectada y ya aprobada regasificadora de Puntas de Sayago, en estrechísimo contacto con una enorme masa demográfica urbana y semiurbana, no solamente cráteres símbolos de la dependencia serían la paga de los saqueadores metalíferos: uno o más de los gigantescos buques metaneros con los cuales se realizaría la introducción al país del gas natural licuado importado para Aratirí, de accidentarse y explotar, lo haría con un radio de expansión de no menos de 10 kilómetros, pudiendo alcanzar los 40 kilómetros y más también, con efectos que representarían un seguro y auténtico genocidio urbano, claramente previsible, máxime teniéndose en cuenta la escasa distancia que existiría entre la regasificadora y sus buques de trasiego y la planta de refinería de ancap, ya de por sí altamente riesgosa en la actualidad, ubicada en la periferia costera del barrio La Teja y Pueblo Victoria.

La zona

Se trata de una zona que comprende varios barrios tumultuosamente habitados, en muchos casos por gente en situación laboral inestable y de ingresos muy por debajo del valor de la canasta básica familiar o directamente, desocupada y sobreviviendo en forma decididamente paupérrima, dependiendo su alimentación básica del asistencialismo estatal, de la flaca jubilación de algunos abuelos o directamente de la mendicidad pública. Podemos hablar de decenas de miles de familias trabajadoras con un porcentaje de integrantes menores de edad y muy jóvenes que contrasta con el porcentaje de esta misma franja etárea a escala nacional. Al menos en los barrios Casabó, Nuevo Casabó, La vía, Bajo Valencia, Santa Catalina y Punta Yeguas, que siguen creciendo vertiginosamente, casi el 60 % de su población no ha cumplido la mayoría de edad o la ha cumplido no hace mucho tiempo. Lo mismo ocurre más hacia afuera (Tres Ombúes, La Ruta, Cadorna y Nuevo Cadorna, etc.), por lo que tenemos entendido. 

Destaca, también, la enorme cantidad de mujeres muy jóvenes, casi niñas aun en muchos casos, con hijos y sin pareja que colaboran en el sustento del hogar. Su mantenimiento depende, en gran medida, de agotadoras labores domésticas en Pocitos, Punta Carretas, Punta Gorda y Carrasco, con cuatro horas de ómnibus ida y vuelta, o de empleos de cajeras o reponedoras de supermercados, con salarios, en ambas situaciones, verdaderamente miserables, a cambio de jornadas de tremenda explotación y en condiciones legales de total precariedad y abuso patronal sin límites. 

En resumen, lo que sí se sabe fehacientemente (y quien desee verificarlo puede hacerlo tomándose el ómnibus 124 desde la Ciudad Vieja hasta Santa Catalina) es que esta zona, con muchos predios fiscales o municipales tomados masivamente, ha sido literalmente invadida desde la última década del siglo pasado por una impresionante multitud de familias imposibilitadas de sostener el pago de alquileres o cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) e impelidas a ocupar para autoconstruir precarias viviendas en condiciones sanitarias absolutamente deficitarias y con acceso más bien “artesanal” y sumamente riesgoso a servicios tales como el suministro de energía eléctrica y agua “potable”. Ni hablemos del servicio de transporte colectivo: viajar “como sardina en lata” es, aquí, la penosa regla cotidiana pagándose dos o cuatro boletos que cuestan exactamente un dólar o un dólar y medio cada uno. 

Esta amplísima zona capitalina es la que aparece como inmediatamente amenazada por la regasificadora de Aratirí, que trata de dividir a los vecinos a través de la fantasmal empresa mixta Gas Sayago, hablándoles de fantásticas “fuentes de trabajo”, “buenos realojos”, e incluso, alguna “comisioncita” por callarse la boca y mirar para el costado, aunque esto suponga perjudicarse y perjudicar a sus propias familias. 

En algunos de estos barrios, que forman parte de una gran área concebida como estratégica militarmente desde los EE.UU. (por eso fue el traslado de la llamada Armada Nacional de la Aduana a Santa Catalina), se pretende “llenar el ojo” construyendo velozmente algunos edificios escolares y de enseñanza técnica, como así también entubando algunas cañadas nauseabundas y tirando balasto en algunos pasajes peatonales intransitables. 

Mientras tanto...

Ya se han dado pasos de vecinos organizados reclamando informes oficiales claros acerca de todo esto y previéndose acciones judiciales de amparo, que bien podrían multiplicarse en por todo Montevideo coordinadamente o inclusive desde lo barrial-social o sindical, en la medida que la regasificadora es un peligro cierto que no solamente afecta a la población del Oeste de la capital, sino a toda ella. 

Lo indagado hasta el momento acerca de cómo se ha venido fraguando este proyecto en la esfera gubernamental, sugiere irregularidades de todo tipo y la contravención de normas internacionales muy claras de seguridad, además del desconocimiento de derechos ciudadanos imposibles de disimular por intermitentes y silenciosas convocatorias de ''consulta popular'' que no hacen otra cosa que poner en evidencia que estos planes tenebrosos de expoliación, depredación y agresión al pueblo trabajador y la soberanía nacional, se desenvuelven en medio del ocultamiento de información, los rumores tendentes a atemorizar y dividir a los vecinos y a pintar cualquier resistencia popular a ellos como arrebatos de “ultras” y “energúmenos” opuestos al ''progreso'', el ''desarrollo'' y la creación de nuevas ''fuentes de trabajo''. 

Mientras tanto, una enorme grúa trabaja el día entero en Puntas de Sayago, siendo imposible acceder al lugar para constatar qué se está haciendo en concreto, debido a que destacamentos militares de la Aarmada Nacional impiden el acercamiento civil, so pena de ser detenido quien insista en saber directamente qué se está urdiendo a espaldas de la gente y como si todo se tratara de un “secreto militar inexpugnable”. 

(*) Lo siguiente es bien ilustrativo sobre los riesgos previsibles 

“'Solo Local info', periodismo digital de Bahía Blanca (Argentina): Escrito por Vecinos Autoconvocados de Escobar, martes 14 de junio de 2013: 

(Notas de Usuarios) - El 8 de mayo un nuevo accidente con Gas Natural Licuado ocurrió cerca de la ciudad de México. El trágico siniestro producido por la colisión de un camión cisterna provocó la muerte de 23 personas y 40 heridos. Afectó un radio de 500 metros a la redonda causando la destrucción de decenas de viviendas y afectó a un centro educativo. Cada buque metanero que navega el Río de La Plata y el Paraná de Las Palmas hasta Escobar, transporta 2500 veces más de carga, al igual que los que ingresan al puerto de Bahía Blanca. Los barcos fábrica de almacenamiento/regasificación (FSRU) son instalaciones que deben ser localizadas en alta mar (offshore) y donde también debe realizarse el proceso barco a barco que implica la transferencia de GNL desde el metanero (o transportador) hacia el regasificador (o fábrica), conforme la normativa europea de seguridad de GNL 'Instalaciones y equipos de gas natural licuado', para una vez vuelto al estado gaseoso ser transportado por gasoductos submarinos hacia tierra para el abastecimiento local. Sin embargo en Argentina las operaciones se realizan en el Km 74 del Río Paraná de Las Palmas a 300 km de alta mar y en el polo petroquímico de Bahía Blanca, comprometiendo permanentemente la seguridad de millones de argentinos, como puede verse en la primera parte y segunda parte de un video realizado en Escobar. 

Recientemente, por otra parte, el ex secretario de Energía de la Nación argentina, Emilio Apud, advirtió: 'Las instalaciones de Gas Natural Licuado (GNL) ubicadas en Bahía Blanca y Escobar no son aceptadas por muchas compañías del exterior, al no reunir las condiciones de seguridad establecidas en las normas internacionales'. British Gas posee la flota de metaneros más grande del mundo y plantas regasificadoras en varias partes del planeta, y prohibe el `ship to ship' o transferencia de Gas líquido de un barco a otro barco, como se realiza en Bahía Blanca y Escobar. 

El especialista dijo en esta nota que las normas internacionales vigentes establecen también ciertas distancias a los lugares poblados o de actividad económica. Dijo que para el caso de ignición de un derrame de GNL en el agua, se aconseja estar alejados a una distancia de 9 kilómetros a la redonda de lugares habitados, mientras que para una emergencia con riesgo de explosión del buque metanero, se exige una salida rápida hacia alta mar ya que la onda puede afectar de distinta manera hasta un radio de 40 kilómetros. Puede afectar en consecuencia una superficie 25 veces superior a la de la Capital Federal. 

Apud puntualizó que aún hoy no deja de llamarle la atención la instalación de un buque regasificador en Escobar, proyecto que exigió la modificación del Código Urbano municipal y se debieron hacer excepciones a las reglas de navegación y seguridad. 'Hay un montón de cosas que me hacen pensar que primó el interés de algunos de acceder rápidamente al negocio de la importación, que es muy importante porque cada barco significa 45 millones de dólares en gas. Las urgencias y las improvisaciones benefician a unos pocos vivos que están en el negocio de la comercialización y del transporte'''.