Por una vida digna en el campo

“El paro que se adelanta en Colombia desde el 19 de agosto, citado por diversos sectores relacionados con el agro colombiano, no es solamente el resultado de reivindicaciones específicas y coyunturales, es la expresión de la crisis en la que se ha sumido al campo colombiano y con él a municipios y ciudades, empobrecidos por un modelo de despojo y acaparamiento territorial”. Así empieza un comunicado de prensa emitido el miércoles de esta semana por la organización ecologista CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia frente al paro agrario y popular que este jueves cumple 11 días.

En tanto, este jueves las organizaciones campesinas, indígenas, de pescadores, mujeres y asalariados agrícolas que forman parte de La Vía Campesina Internacional, manifestaron “en el marco de los principios que orientan nuestro movimiento a nivel mundial, la solidaridad de clase y el internacionalismo” su apoyo y fuerza a los cerca de 200.000 campesinos, transportadores y mineros, entre otros actores, que se vienen movilizado en Colombia. El texto tiene la firma también de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina). (Vea los dos documentos citados adjuntos *).

El parte de prensa de CENSAT Agua Viva agrega: “Actualmente, la concentración de tierras en pocas manos se conjuga con un modelo de corporativización en el que la entrada de las transnacionales se ampara en la reforma e implantación de leyes diseñadas a su favor, y una creciente política de comercio internacional que impone Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos bilaterales sin la aprobación de quienes resultan directamente afectados”.

CENSAT Agua Viva explica que cada vez más personas son desplazadas de las áreas rurales para la implementación de megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales, lo que acrecienta el empobrecimiento y vulnerabilidad del campo y la ciudad. Paralela y consecuentemente, se descomponen las culturas y relaciones comunitarias de la ruralidad colombiana.

“Como ambientalistas manifestamos nuestro apoyo al campesinado y a sus justas luchas y reivindicaciones”, subraya la organización social colombiana. Sostiene también que entiende la legitimidad del paro y la movilización popular por la urgente necesidad de construir conjuntamente un camino de respeto por la vida y la naturaleza. La organización ecologista considera que el paro agrario y popular es parte de una lucha por un país en el que se valoren los saberes ancestrales y no se criminalice a los campesinos a través de normativas de producción de alimentos que prohíben el uso de semillas criollas, la crianza de gallinas también criollas, la producción y comercialización de la leche y la panela artesanal, entre otras cosas.

Por su parte, el documento firmado por la CLOC y La Vía Campesina Internacional estipula que el paro nacional agrario y popular en Colombia tiene como escenario la negativa del presidente Juan Manuel Santos de establecer un diálogo con los movimientos sociales que permita superar la grave crisis que afronta el campo, principalmente debido a las políticas neoliberales, como la aprobación e implementación de los TLC. Es más, al día de hoy, en vez de diálogo lo que propone el presidente de aquel país es militarizar Bogotá, ya que busca criminalizar la protesta de l@s campesin@s, a través de la excusa de que las FARC están radicalizando el paro y las manifestaciones, lo cual no tiene nada de verdadero. Los propios campesinos lo han dicho en más de una ocasión: ''somos campesinos, no un grupo terrorista''. 

“Es lamentable que pese a la gran convocatoria y movilización” del paro “el presidente Santos afirme que esta medida de lucha ’no existe’, cuando hay millones de personas en las calles, al menos cuatro muertos, encarcelados, vías cerradas y una gran estructura policial de control”. De hecho, las denuncias de abusos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) sobran en diversas zonas del país. En este sentido, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia (FENSUAGRO) denunció el asesinato el pasado lunes del campesino Juan Camilo Acosta a manos de ese escuadrón. Mientras Acosta participaba de las movilizaciones en la ruta Panamericana, a la altura del municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, fue alcanzado por el disparo de un gas lacrimógeno que se le efectuó desde corta distancia y le impactó en el pecho.

En el llamado a la solidaridad, La Vía Campesina reclama “a los gobiernos amigos” que se manifiesten para que el gobierno colombiano acceda a sentarse a dialogar con una mesa de carácter nacional, en la que confluyan las organizaciones que han convocado al paro nacional agrario y popular. La red campesina internacional exige asimismo al gobierno colombiano la libertad inmediata “de nuestro compañero” Huber Ballesteros, vice presidente de FENSUAGRO apresado el domingo en Bogotá, capital colombiana, “bajo falsas acusaciones”. También reclama la libertad inmediata “para las cerca de 250 personas detenidas y judicializadas por participar en la protesta”, agrega el documento.

La Vía Campesina exige además que no se criminalicen las protestas por una vida digna en el campo, porque es un derecho de los habitantes del medio rural y de los pueblos en general; que se derogue la Ley 90.7 de control técnico a la producción y comercialización de semillas, que favorece a las corporaciones transnacionales y que impide a los campesinos usar sus semillas criollas que han guardado tradicionalmente; que los organismos internacionales defensores de los derechos humanos intervengan y exijan una pronta y real solución a la situación que se presenta en Colombia: y que la comunidad nacional e internacional exija garantías a los participantes y voceros del paro nacional agrario y popular.

• * comunicado_censat_agua_viva_-_amigos_de_la_tierra_colombia.pdf (PDF – 57.7 KB)
•   llamado_solidaridad_cloc_-_via_campesina.pdf (PDF – 62.9 KB)