En Brasil también la hay

La organización no gubernamental Repórter Brasil denunció hace algunas semanas una situación que resulta sumamente gráfica de los abusos que pueden cometer los grandes productores rurales cuando las sanciones de las autoridades no son suficientes.

El productor ganadero Miguel de Souza Rezende es el dueño de Fazenda Zonga, un establecimiento rural en el Estado de Maranhão, una de las regiones de Brasil con mayores índices de trabajo esclavo. En 1996 fue la primera liberación de asalariados en condiciones de esclavitud en Fazenda Zonga, y luego hubo otros cinco episodios con similares características.

En síntesis, según Repórter Brasil, si las autoridades hubieran tomado medidas más duras en aquella primera inspección, se podría haber evitado que otros 159 trabajadores rurales pasaran por el flagelo de la esclavitud en la estancia de Rezende.

Y este es apenas un ejemplo. El 28 de enero, en el marco del Día Nacional de Combate al Trabajo Esclavo en Brasil, se efectuaron actividades de sensibilización en todo el país, entre ellas la presentación de un Atlas Político-Jurídico del Trabajo Esclavo Contemporáneo en Maranhão.

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) estimó que actualmente hay en Brasil por lo menos 25 mil trabajadoras rurales que están siendo esclavizados, según informó la agencia Adital. La cifra que se maneja a nivel mundial genera escalofríos: hay unas 12 millones de personas en todo el planeta que viven como "esclavos contemporáneos”.

El Atlas Político-Jurídico que se presentó hace algunos días contiene denuncias concretas, a partir de datos oficiales y de denuncias de organizaciones vinculadas a la problemática, que sirven para comprender mejor este fenómeno y permite conocer quiénes son los estancieros involucrados, los intermediarios que participan en este negocio y los políticos que muchas veces aparecen relacionados a estos casos.

También refleja algunos ''curiosos'' mecanismos que operan en la justicia brasileña. Por ejemplo se cuenta el caso del contratista Raimundo Nonato Pereira, que se encargaba de conseguir mano de obra barata para la estancia Sagrisa, entre ellos muchos menores de edad y que pudo quedar libre de toda acusación en los tribunales de Maranhão después de un largo proceso de indagatorias.

Eso a pesar de que Nonato había confesado, entre otras cosas, que las herramientas que le compraba a los trabajadores eran descontadas de sus salarios y que el agua que tomaban era la misma que se utilizaba para el ganado.