Criminalización de pueblos andinos

Miguel Palacín Quispe de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), durante el encuentro regional realizado en Perú se refirió a la creciente criminalización de las luchas contra el capital extractivista.

El mismo modus operandi, el mismo lenguaje, los mismos “argumentos”. Casi a diario se suceden las informaciones que hablan de prisión, enjuiciamientos, persecución, acusaciones de terrorismo o sabotaje contra hombres y mujeres indígenas que desde la resistencia organizada y la movilización social plantan cara a los megaproyectos del capital extractivista y explotador en América Latina.

En Perú, sobrepasan los 1500 enjuiciados en estas circunstancias y en lo que va del gobierno de Alan García suman 25 los asesinados, apunta Miguel Palacín Quispe, hablando a nombre de la CAOI que agrupa a movimientos de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina.

En Chile en tanto los Mapuches enfrentan los cargos más duros de la legislación y las más severas condiciones de reclusión. En Ecuador la atmósfera se ha recalentado a partir del apresamiento sin orden judicial de tres referentes Shuar (ver: La Conaie denuncia al gobierno ecuatoriano por violación de derechos humanos [07/02/11]). En Colombia el pasado fin de semana se registraron movilizaciones en el departamento de Arauca por la liberación de dirigentes acusados de delitos como “rebelión y concierto para delinquir”.

La casuística puede llevar a una lista inagotable, de indígenas pero también de ambientalistas, líderes obreros, estudiantes, etc. y con presencia en países con gobiernos definidamente neoliberales, pero también se registran casos graves de criminalización desde Estados bajo conducción de elencos visualizados internacionalmente como “alternativos”, pero que en los hechos también se apegan al neoliberalismo (Uruguay, Ecuador, Venezuela, Brasil, etc.).

Para la CAOI y nosotros apoyamos esta idea, se trata del resultado directo de la continuidad en algunas lógicas y políticas de favorecer el capital en desmedro de los bienes naturales y las poblaciones locales.

Unidad y solidaridad

“Ante esto hay que fortalecer una unidad entre las organizaciones que enfrentamos estas acusaciones desde los Estados, organizando a todos los perseguidos y criminalizados”, señaló Miguel Palacín señalando que para el día 21 del mes de junio se prepara una movilización continental denunciando esta realidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y los más diversos foros serán escenarios donde los movimientos denuncien la situación de ilegalización hacia los procesos de resistencia, dijo el dirigente indígena andino desde la ciudad peruana de Huaraz, donde tuvo lugar el Encuentro Regional “Defensores del Agua y Judicialización de la Protesta”.

Será importante que sepamos y no dejemos de denunciar, sin paternalismos ni miedos, este tipo de criminalizaciones a las que nos podríamos dedicar diariamente, pero que sería imposible por la cantidad enorme de casos que hay (hablando solamente de Latinoamérica y el Caribe). Parte de la unidad de la que habla Quispe está en tomar este tipo de medidas denunciantes, aunque no nos afecte directamente.