Los defensores de derechos como el acceso al agua potable y la defensa de este recurso ante proyectos extractivos enfrentan en el Ecuador gravísimos cargos en demandas interpuestas no ya por las empresas transnacionales sino desde el propio Estado.
Así lo expresaron diferentes líderes de organizaciones campesinas e indígenas en el recientemente culminado Encuentro Continental en Defensa del Agua y la Pachamama realizado en el sur del país, concretamente en Cuenca, donde se ubican las principales concesiones de exploración y extracción minera.
“La justicia actúa como una serpiente: sólo muerde a los pies descalzos”, resumió el Dr. Carlos Pérez Guartambel, coordinador del Encuentro.
Tal fue el caso del presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, quien junto a otros dirigentes de las culturas amazónicas han enfrentado procesamientos y presidio en base a un código penal empleado para la criminalización de la protesta.
Acacho relató las circunstancias por las cuales en febrero pasado fueron capturados líderes de los Shuar y trasladados sin orden judicial a través de un operativo que incluyó helicópteros hacia un presidio de la capital, a pesar de encontrarse en negociaciones con el gobierno respecto a las demandas contra las empresas petroleras en la región amazónica.
Hasta el momento, Acacho y sus compañeros se encuentran bajo cargos de ''sabotaje'' y ''terrorismo'' y cumpliendo con medidas sustitutivas a la prisión que significan la imposibilidad de abandonar el país y la obligación de presentarse semanalmente en dependencias policiales de su provincia, Morona Santiago.
“Hoy somos saboteadores y terroristas cuando ayer éramos héroes de la patria. Estamos convencidos de que no importan los juicios y las cárceles sino la libertad de la población y la defensa de nuestros bienes naturales”, dijo Acacho.
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