El avasallamiento neoliberal no tiene limites: ahora en las áreas protegidas

La Corte Suprema de Justicia chilena rechazó un recurso legal contra el proyecto minero Catanave, situado en una reserva nacional y a unos 60 kilómetros al sureste de la localidad de Putre, región de Arica y Parinacota y generó así la reacción de indígenas aymaras y organizaciones ambientalistas.

“Se sienta un precedente nefasto para todas las áreas protegidas sobre todo del norte de Chile, donde más intensamente se desarrolla la minería”, dijo el activista chileno Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). “Es abrir la puerta al desarrollo de gran minería en áreas protegidas, cuestión que hasta ahora había sido severamente limitada”, agregó.

La empresa a cargo del emprendimiento Catanave es Southern Copper Corporation (controlada mayoritariamente por Grupo México, que se define como uno de los principales productores de cobre del mundo). La compañía es responsable de graves afecciones ambientales en el sur de Perú.

El 3 de diciembre de 2010 la Comisión Regional de Medio Ambiente de Arica y Parinacota autorizó el proyecto en busca de oro y plata de Southern Copper Corporation. El alcalde de Putre, Aldo Carrasco, y la dirigencia aymara presentaron un recurso contra el emprendimiento y la forma en que fue aprobado. Sin embargo, el 16 de junio la Corte Suprema rechazó la solicitud.

La empresa ya está desarrollando siete sondeos exploratorios en terrenos vecinos al área protegida Reserva Nacional Las Vicuñas. Está pendiente el inicio de otros siete sondeos ya dentro de la reserva, en el cerro Catanave. El área fue también declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo cual tampoco importa. Se trata de un humedal de altura de gran fragilidad ecológica y que subsiste gracias a las aguas subterráneas, que serían utilizadas por Southern Copper Corporation. Se estima que cada sondeo necesitaría 40.000 litros de agua.

“El agua es escasa en la zona”, contó Lucio Cuenca, quien agregó: “Cualquier alteración o sobreconsumo que se haga a partir de una actividad industrial como la minería seguro que va a repercutir en la vida de la comunidad”, señaló.

Los aymaras y algunas organizaciones ambientalistas criticaron el fallo de la Corte Suprema. Cuenca manifestó que la decisión judicial viola convenios internacionales firmados por el Estado chileno sobre protección y gestión de áreas protegidas, y sobre derechos indígenas. Es el caso, por ejemplo, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre derechos de los pueblos originarios, que Chile aprobó hace poco tiempo y rige en el país desde el año pasado.

En el caso del proyecto minero Catanave “no hubo consulta (previa e informada), como lo ha denunciado la comunidad indígena, y tampoco eso fue considerado como argumento por los tribunales de justicia nacionales”, manifestó Cuenca.

Se prevé que la dirigencia aymara siga con los trabajos de presión política, denuncia social y movilización, además de la posibilidad de recurrir a instancias internacionales por la vulneración del Estado chileno a los convenios que ha firmado. El representante del OLCA consideró que “a nivel nacional el camino legal estaría agotado con este fallo”. “Lo que queda acá es, por ejemplo, llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependiente de la Organización de Estados Americanos), pero eso es un camino que está en proceso de discusión y de resolución por parte de las comunidades locales”, sentenció Cuenca.