Derrota disfrazada de victoria

“Porque muchas aquí no estamos simplemente por Mel, y ustedes dirigentes del Frente lo saben e incluso lo comparten; estamos aquí para lograr nuevos espacios políticos de participación y necesitamos que sobre esto se aclaren las alianzas con Manuel Zelaya y se logren los acuerdos mínimos políticos que nos den nuevas fuerzas, nuevos alientos y nuevas actitudes ante la lucha. Necesitamos rumbo y consolidar una dirección compartida de este movimiento para que al final no se quede nada más que en el regreso de Mel al gobierno''.

(Delfina Bermúdez; “Escenarios para el Retorno a la Democracia”; 19 de Julio de 2009)

Dicen que los golpes más fuertes que recibe el pueblo vienen con frecuencia de sus propios dirigentes. Este proverbio bien se aplicaría a la situación por la que atraviesa Honduras en este momento, tras la firma del acuerdo que permitió el regreso de Manuel Zelaya (presidente derrocado por el golpe de estado) y la normalización del régimen de facto derivado del Golpe, liderado por Porfirio Lobo. Ni los varios miles de personas que con gran júbilo fueron a recibir a Mel Zelaya a su regreso a Honduras el 28 de Mayo, sirven para ocultar el hecho de que lo que se pactó en Cartagena de Indias, Colombia, representa una derrota para el movimiento popular hondureño en resistencia.

Dicen también que es propio del reformismo disfrazar las derrotas de victoria. Los sectores más adeptos al chavismo y a Zelaya, nos presentan el acuerdo como una gran victoria, cuando en realidad lo que se ha hecho es limpiar la cara del Golpe y normalizar la más anómala de las situaciones: un gobierno instalado en unas elecciones fraudulentas y de bajísima convocatoria, ocurridas apenas unos meses después del derrocamiento del presidente constitucional, y en un clima de terror, persecución y censura que no ha cesado. Es más, el riesgo es que esta violencia, validada por la “legitimidad” del régimen e invisibilizada, se profundice, como advierte un campesino del Bajo Aguán: “ Se ha intensificado la ofensiva de los terratenientes y a los campesinos organizados les da temor salir de las fincas, porque tienen miedo que los puedan asaltar y asesinar (…) Por lo que hemos visto en estos últimos días, pareciera que esta situación les ha dado [ie., a los golpistas] más seguridad para seguir agrediendo''. 

Las implicancias de esta negociación tienen repercusiones muy profundas: la oligarquía latinoamericana ha demostrado que sí puede realizar golpes en pleno siglo XXI y gozar de todos los beneficios de la impunidad del siglo XX.

El Acuerdo de Cartagena de Indias

El Acuerdo es la culminación de un proceso de diplomacia intensiva del régimen de Profirio Lobo por normalizar sus relaciones internacionales. La desesperación de la oligarquía hondureña, que enfrentaba una situación muy difícil con el aislamiento impuesto tras el Golpe a Honduras, finalmente hizo que tuvieran que comerse su orgullo y negociar con Zelaya y Chávez. Después de que el golpista Micheletti fanfarroneara que Honduras no necesitaba a la comunidad internacional, en vista que los EEUU no incrementaron la ayuda económica a ese país, la oligarquía hondureña tuvo que ceder al verse literalmente arruinada por su aventura golpista. Con la firma de este acuerdo, nuevamente gozarán de la cooperación internacional suspendida tras el Golpe y de los beneficios de la reactivación de la membresía hondureña de Petrocaribe. Además estaba el factor popular, de tanta importancia como el factor económico y diplomático: esta negociación representaba la única vía para pacificar a un pueblo en constante movilización y resistencia, el cual había vuelto al país ingobernable.

A comienzos de año ya se había enviado una señal para el diálogo con la suspensión de los juicios por corrupción en contra de Zelaya. Luego el 9 de Abril vino la reunión de Cartagena, en la cual Hugo Chávez (presidente de Venezuela) y Juan Manuel Santos (presidente de Colombia), que se encontraban en una reunión bilateral, recibieron la sorpresiva visita de Lobo para discutir la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA). De ahí vino un proceso de negociaciones secretas y a espaldas de la Resistencia, que culminaron el 22 de Mayo con el Acuerdo de Cartagena de Indias, el cual se puede resumir de la siguiente manera: autorización de Zelaya para volver, cese de la persecución contra sus partidarios, investigación de violaciones a los derechos humanos, conformación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como partido político de cara a las elecciones del 2013 y garantías para convocar a un proceso constituyente. Como se puede apreciar, está redactado de manera tal que pareciera rescatar puntos centrales de las demandas del movimiento popular, pero no establece ni plazos para el cumplimiento de los compromisos, ni mucho menos establece mecanismos concretos e imparciales mediante los cuales se pueda supervisar el cumplimiento de éstos. Y lo peor, deja todos los hilos en las manos de los golpistas.

¿Quién garantizará que el proceso de la constituyente se lleve a efecto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién monitoreará el cese a la persecución de los miembros de la resistencia y los luchadores sociales en Honduras? ¿Los mismos que en estos dos años han hecho la vista gorda ante las violaciones sistemáticas de los regímenes de Micheletti y Lobo? ¿Quién investigará las violaciones a los derechos humanos? ¿El poder judical o las instituciones del Estado o la Iglesia que han sido cómplices? ¿Se excluye entonces el castigo a los golpistas, ya que solamente se mencionan violaciones a los derechos humanos?

No creemos en las promesas de justicia, reparación y respeto a los derechos humanos hasta que no se vea al primer gorila tras las rejas; de momento, todos siguen como si nada en las instituciones del Estado y en la Corte Suprema. El 5 de Junio, por el contrario, los campesinos del Bajo Aguán vivieron su primera lección del compromiso humanitario de las élites hondureñas con el asesinato de tres campesinos y la desaparición de dos más. 

Finalmente, tras este acuerdo, la OEA en sesión del 1º de Junio del 2011, aceptó, casi por unanimidad (con la sola oposición de Ecuador) la reintegración de Honduras a ese organismo. Así las cosas, podemos decir que la oligarquía hondureña ha obtenido reconocimiento político, un salvavidas para su situación económica, una inminente impunidad ante sus crímenes, garantías de que el status quo se conservará inalterado por mucho tiempo, a cambio de permitir a Zelaya volver a su país. Los términos son tan claros que cualquier lectura triunfalista del acuerdo no es más que negar la realidad.

Un modelo haitiano para exportación

Muchos declararon que la universal condena al Golpe de Estado contra Zelaya representaba el nacimiento de una nueva conciencia democrática en el Continente, donde los golpes de Estado eran un hecho del pasado, inaceptable. En realidad, la causa de la condena internacional decía relación más con los equilibrios políticos regionales, principalmente por ser Honduras miembro del ALBA y estrecho aliado de Chávez. Como prueba contra esa conciencia hemisférica anti-golpista está Haití, país que también sufrió un golpe de Estado el 2004, apoyado por la CIA, pero el cual, a diferencia de Honduras, no suscitó condenas internacionales ni aislamiento diplomático. Todo lo contrario: casi todos los países latinoamericanos participan hoy activamente de la fuerza de ocupación militar patrocinada por la ONU y dirigida por Brasil, la MINUSTAH, la cual se ha convertido en la fuerza militar del régimen de facto instalado tras las el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide (Recordemos que Haití no tiene ejército nacional desde que fuera disuelto en 1995). Esta ocupación, en gran medida ignorada por la que dice ser ''izquierda'' en Latinoamérica, representa el capítulo más negro y bochornoso de la historia de la región en lo que va del siglo.

El golpe de Estado de Honduras y la manera en que se zanjó, parecieran un déja vu del modelo aplicado exitosamente por el golpismo en Haití. Es importante por tanto volver sobre la cuestión haitiana porque representa un punto de inflexión, donde se elaboró el patrón golpista del siglo XXI. 

En 1986, la movilización popular derroca al dictador Jean Claude Duvalier. Luego de años de juntas militares que se sucedieron una a otra ante un pueblo ingobernable, en las primeras elecciones democráticas en Haití, en 1990, el candidato de ''izquierda'', un teólogo de la liberación llamado Aristide, ganó por una abrumadora mayoría. Desde su triunfo, tanto los EEUU como sus socios haitianos, representantes de lo más rancio de la oligarquía de ese país, dedicaron todos sus esfuerzos a desestabilizar y, finalmente, a derrocar a Aristide en 1991, apenas a 7 meses de inaugurado su gobierno. Durante los próximos tres años el exiliado Aristide, arrinconado y aislado, negoció los términos para su retorno (los llamados Acuerdos de Rhode Island), que incluyeron promesas de profundizar el modelo neoliberal y de garantizar la impunidad para los golpistas. 

Con su regreso en 1994 se consumó el ciclo de debilitamiento y derrota del movimiento popular haitiano. Pero Aristide aún volvió a terminar su mandato presidencial al cual le quedaba un año (parte del acuerdo fue que Aristide no reclamaría el tiempo perdido). En esos meses logró pasar una ley que disolvió al ejército y luego vino el gobierno de René Preval que apenas administró el neoliberalismo y dosificó la ruina de ese país. Cuando el 2001 Aristide volvió a ganar las elecciones, con promesas de justicia social y sin el entusiasmo privatizador de Preval, se activó nuevamente el plan desestabilizador, el cual finalmente tomó la forma militar: ex militares haitianos, entrenados en República Dominicana, cruzaron la frontera sembrando el terror y el caos. Tropas norteamericanas, canadiensas, francesas y chilenas invadieron al país el 29 de Febrero, Aristide fue secuestrado y exiliado a la República Centroafricana. En Junio, una fuerza de la ONU compuesta fundamentalmente por latinoamericanos, relevó a los EEUU en las funciones de ocupación.

Lo que llama la atención, es como el modelo haitiano, grosso modo, fue nuevamente aplicado en este caso: sacar del país al presidente, negociar con él de espaldas a su pueblo, aterrorizar al pueblo y destrozar su tejido social, y finalmente, normalizar la situación post-golpista mediante el retorno del líder pero con un acuerdo que en lo fundamental equivale o a la nada, o a la profundización del programa golpista. Y en ambos casos, algo que objetivamente representaba una derrota del pueblo, es presentado como una victoria popular.

Los problemas de método y de fondo: una negociación a espaldas y contra el pueblo

Pero no basta con decir que esto ha sido una derrota. Toda derrota debe ser asimilada, las lecciones pertinentes del caso deben ser aprendidas, y debemos comprender las causas últimas que llevaron a ella para no volver a replicarlas. Podríamos decir que las causas que llevaron a la derrota estaban contenidas en la manera vertical en que la Resistencia se artículó con su Coordinador General (Zelaya), en el proyecto político eminentemente reformista que se impulsaba en la lucha contra la dictadura y en última instancia, en una manera de entender la política en la cual, pese a todo el discurso de democracia participativa, las decisiones siguieron estando en manos de pocos. 

La negociación del Acuerdo de Cartagena reflejó una constante que fue la negociación a espaldas del pueblo en lucha. Apenas realizado el Golpe, en Julio del 2009, la estrategia de negociación no fue definida en las calles o asambleas, sino que por un grupo de tecnócratas que apostó por la mediación de EEUU y del entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Desde ese primer momento, la postura de los negociadores partidarios de Zelaya estaba clara, como lo declaró su propia esposa al afirmar que “todo es negociable, menos el hecho de que Zelaya debe retornar a la presidencia”. Recordemos que, durante las negociaciones de San José de Costa Rica, Zelaya había aceptado íntegramente el plan de Arias y si no se logró entonces consenso, fue por la intransigencia de Micheletti, quien se negó a aceptar el retorno de Zelaya y la suspensión de los cargos en su contra, supuestamente, por corrupción. Recordemos lo que había aceptado el político y ex presidente Zelaya: el Plan Arias incluía la renuncia a cualquier intento por reformar la Constitución de 1982; forzar a Zelaya a formar un gobierno de unidad nacional con participación de los golpistas; amnistía para todos los crímenes políticos cometidos antes y después del golpe; que el Ejército controlara el Tribunal Electoral Supremo de cara a las elecciones que se aproximaban. Entonces, el FNRP se opuso a las negociaciones (salvo el punto del retorno de Zelaya) por considerar que garantizaban la impunidad y se premiaría a los golpistas. 

Al final, después de dos años de heroica y sostenida resistencia, hasta el retorno de Zelaya a la presidencia fue negociable, contentándose con el retorno de Zelaya sin más, la aceptación del actual gobierno y algunas promesas espurias sin mecanismos claros para que se hagan carne, con lo cual se ha dado un premio mayor al golpismo que el que hubieran tenido en San José.

Por supuesto que sobre el contenido mismo del Acuerdo y de las promesas en él contenidas hay muchos cuestionamientos que hacer ¿En qué momento el FNRP debatió si quería o no ser partido político electoralista? ¿Cómo es que el Coordinador General se arroga el derecho de imponer a la organización la participación en las elecciones del 2013 en circunstancias que en la Asamblea ampliada del 27 de Febrero la organización propuso abstenerse de ese proceso? ¿Cómo se entregó al régimen de facto la facultad de velar por el proceso constituyente cuando el FNRP habló sistemáticamente de auto convocarlo? No solamente Zelaya desconoció los mecanismos de toma de decisiones de la organización, sino que además, sus propuestas están en contradicción con aquellas construidas colectivamente por el Frente, las cuales pueden ser malas o buenas, pero son fruto de un proceso colectivo que no debe ser ignorado.

Así llegamos a la situación esquizofrénica en que el Coordinador General saluda la incorporación de Honduras a la OEA y los otros representantes del Frente la rechazan. Mientras Zelaya llama a reconocer al régimen de Lobo, el resto del Frente llama a no reconocerlo. 

No creemos que la negociación a espaldas del pueblo sea casual. Es parte del desprecio por las masas que siente, desde siempre, el reformismo, aún cuando las invoque según su conveniencia. Ese desprecio tiene bases políticas, y no son casuales los llamados de Zelaya a la reconciliación nacional (es decir, la reconciliación con el golpismo) en vez de llamados a agudizar la lucha de ''clases'' que es el verdadero meollo del asunto en Honduras así como en el resto del continente. ¿Qué significa esa reconciliación nacional para los centenares de campesinos, pobres, trabajadores y periodistas que dejaron la vida en esta lucha? ¿Qué significa esa reconciliación nacional cuando ni se ha hecho justicia ni las demandas más elementales del pueblo han sido satisfechas? 

Este acuerdo debe ser entendido, en última instancia, como un intento de controlar la lucha de masas, de contenerla y de pacificar al movimiento. En este punto, tanto Zelaya, como Lobo, así como la clase a la cual ambos representan, han demostrado que no tienen contradicciones antagónicas, como el mismo Zelaya no deja de señalarlo con sus llamados a la reconciliación a cambio de nada. Si este intento es exitoso o no, dependerá de la capacidad del FRNP de exigir respeto a su Coordinador General con los acuerdos colectivos, de imponer prácticas democráticas en su seno y en última instancia, de reclamar su autonomía en cuanto proyecto diferente al de la oligarquía en cualquiera de sus variantes. Pero por sobre todo, dependerá de su capacidad de continuar la movilización en las calles contra el régimen y de profundizar sus concepciones políticas en la búsqueda de un cambio de fondo. La OEA podrá sacar al régimen de su aislamiento, pero no puede garantizar la gobernabilidad del país: eso depende de la movilización popular y es la única carta que queda en esta lucha ahora.

El límite del nacional-desarrollismo ¿Qué anti-imperialismo?

Para disfrazar la derrota de victoria, aparecen los que vacían la unidad latinoamericana completamente de contenido a decir que esta fue una negociación sin la presencia de los EEUU. Para afirmar esto hay que suponer que Santos, quien dijo que estaba orgulloso de que Colombia fuese el Israel latinoamericano, ahora sea un verdadero “hermano bolivariano”. Afirmar esto, a su vez, es desconocer el rol clave de Colombia para la estrategia de control norteamericano en la región, el cual no varía estando éste o el otro presidente, porque estamos ante políticas de Estado consistentes, estructurales. 

El gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia tiene una estrategia continental para ir afianzando a las derechas pro-imperialistas en la región y recomponer, de esta manera, la erosionada hegemonía de los EEUU. Ésta ha sido exitosa en neutralizar la influencia de Chávez y del ALBA y en desarrollar una visión más dinámica y menos confrontacional (al menos en el discurso) que la de su predecesor Alvaro Uribe, la cual se adapta a la tendencia a la integración, pero sin dejar de lado su vínculo íntimo y fundamental con Washington. 

La mano del ''Tío Sam'' sí estuvo presente, por delegación en Colombia, en estos acuerdos. Y sus intereses con convergentes son los de la oligarquía hondureña…. Pero, ¿cómo explicar la participación de líderes decididamente anti-imperialistas como Chávez en este juego?

Chávez pareciera haberse agotado como un factor político y ha buscado, desde la llegada de Santos al poder, acomodarse a un escenario de menos movilizaciones populares en la región (como las que caracterizaron su primer ciclo de gobierno) y mediante Santos, controlar indirectamente la confrontación con los EEUU. Es así como se puede leer el viraje hacia la estrecha cooperación contrainsurgente de Venezuela con Colombia, de acciones militares conjuntas en la frontera y de entrega de luchadores colombianos, saltándose todo el derecho internacional. 

Líderes como Zelaya, por su parte, debido a su intento de desarrollar políticas soberanas se han puesto en contradicción con los EEUU sin cuestionar las relaciones de fondo que sostienen al sistema imperialista. Lo mismo es aplicable para todo el resto de gobiernos nacional-desarrollistas de la región, incluida Venezuela. Nos preguntamos ¿Puede haber un anti-imperialismo consecuente sin ir de la mano del anti-capitalismo? Lo dudamos. Debido a que el sistema capitalista es dominado por las potencias imperialistas, tarde o temprano, quien es incapaz de pensarse en alternativa política, social y económica a esta red global, quien es incapaz de comenzar a sentar las bases de un nuevo modelo, tendrá que ceder a las reglas del juego de quién está en condiciones de imponerlas. Con lo cual el discurso anti-imperialista terminará fatalmente cediendo, a la Ghaddafi, a la realpolitik de la “coexistencia pacífica”.

Hoy más que nunca, ¡fuerza resistencia!

Una pregunta debe guiar todo proceso de negociación para zanjar un conflicto social, y es si el resultado crea o no condiciones más favorables para continuar la lucha. No creemos que en todo momento el pueblo se juegue la revolución; en la lucha contra la dictadura no era la revolución social o la construcción de una sociedad utópica lo que estaba en juego, sino la derrota política de la oligarquía y de la estrategia golpista, así como el avance de la movilización popular más allá de los límites impuestos por la democracia burguesa, que la misma burguesía había quebrantado en primera instancia. No es un maximalismo exacerbado el que nos hace ser críticos, sino que un sentido realista derivado del análisis del estado de aislamiento de la oligarquía así como de sus dificultades económicas y por sobre todo, de la fuerza y capacidad política de la resistencia. La oligarquía negoció porque se sabía débil, pero fue más hábil que los zelayistas y sacó la mejor negociación que pudieron haber imaginado en estas condiciones. Es, tomando en consideración estos factores, que creemos que se podría haber sacado mucho, muchísimo más de este proceso de lucha de haberse resuelto por otros canales y con participación de la Resistencia en todo el proceso de negociación. Claro que se pudo haber hecho más…

Es por ello que no podemos dejar de sentir una profunda tristeza ante este triste epílogo para el ciclo de luchas heroicas que han dado nuestros hermanos hondureños. No debemos negar el impacto que este pacto tendrá (ya está teniendo) en invisibilizar la persistente situación de violencia contra el pueblo y en dividir las fuerzas del movimiento popular. No podemos disfrazar mi nuestro pesar, aún cuando tenemos la certeza que esta derrota, como toda derrota, ha de ser pasajera. Porque un régimen infame no dura eternamente y porque el pueblo hondureño no lo tolerará y sabrá seguir su lucha, que es suya, no de tal o cual individuo por carismático que sea. Pero en estos momentos hay que sacar las lecciones del caso, aprender del golpe y sobre todo, guiarse por la consigna que hay que ser pesimistas del intelecto y optimistas del corazón. Pesimistas del intelecto, porque entendemos las dificultades que se vendrán (no sólo para Honduras) y el complejo panorama que enfrentaremos, pero optimistas del corazón, porque nos anima la profunda convicción que el cambio es inevitable y, a final de cuentas, sabemos que se puede, carajo!