Cancelar las deudas ilegítimas

El dogma neoliberal impone indefectiblemente planes de ajuste y recortes sociales a los países con dificultades para afrontar su deuda, ''pública'' o privada, como condición para acceder a nuevos préstamos. Estos principios de la ortodoxia liberal, defendidos a ultranza por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), son bien conocidos en países dependientes de África y América Latina, cuya población los ha sufrido en sus carnes. La disciplina social ligada a la crisis de la deuda se extiende ahora a los países de la periferia europea: Grecia, Irlanda, España y Portugal, por el momento.

Para los economistas del sistema no hay alternativa. Sin embargo, organizaciones como el Comité por la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo (CADTM) llevan más de dos décadas trabajando en propuestas socialmente más justas, como las Auditorías de la Deuda, de gran potencial transformador en el actual contexto europeo de crisis de las ''deudas soberanas''. El grupo valenciano del CADTM ha explicado estos planteamientos habitualmente ignorados por los medios masivos de comunicación oficiales en el local de Ca Revolta (Valencia).

Las Auditorías parten del análisis del origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es “ilegítima” u “odiosa”. En caso de serlo, como pasa con la mayoría de ellas, debería procederse a su anulación. Según Laura Pérez, del CADTM-Valencia, “se trata de un derecho democrático esencial como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; es, en definitiva, un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos”.

Yves Julien, también miembro del CADTM-Valencia, insiste en la excelente oportunidad que supone la actual crisis financiera para realizar Auditorías como alternativa a los planes de austeridad. “Permiten abrir un nuevo espacio de reflexión y participación democrática frente a los rescates de la banca privada, el Pacto del Euro y todo tipo de reformas neoliberales frente a las cuales, nos dicen, no hay alternativa”, subraya, y añade una idea primordial: “Los gobiernos utilizan a menudo la deuda pública como argumento para imponer planes de austeridad”.

El estudio de la deuda contraída por un país ha de incluir un conjunto de variables: contexto histórico y social; quién contrajo los créditos; quiénes fueron los acreedores y su comportamiento; el destino de los recursos; las disposiciones del contrato; evolución de las tasas de interés; porcentaje de presupuesto público y del PIB dedicado al pago de la deuda; políticas de privatización realizadas; y la relación entre la deuda y la distribución de la riqueza, entre otros aspectos.

Además del CADTM, organizaciones sociales como Jubileo Sur, Jubileo 2000, Quien debe a Quien, Observatori del Deute de la Globalització y la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) vienen trabajando en la idea de la Auditoría que, en definitiva, trata de responder a tres preguntas: ¿Cuánto se debe? ¿Por qué se debe? (en esta cuestión radica la esencia del problema) y ¿A quién se debe?

El análisis del débito para comprobar su legitimidad tiene una función eminentemente práctica, ya que el recorte de derechos básicos que implica el endeudamiento afecta directamente a la vida cotidiana de las poblaciones. Pero todo este trabajo parte de unas premisas teóricas bien elaboradas y conceptos netamente definidos. La deuda ilegítima sería la derivada de un préstamo cuyos fondos se hubieran empleado, por ejemplo, para la violación de los derechos humanos o la destrucción del medio ambiente. La otra noción clave, la deuda odiosa, requiere tres condiciones: préstamo asumido por un régimen despótico; utilizado contra el bienestar de la población y todo ello con el conocimiento de los acreedores.

No resulta difícil encontrar ejemplos de los dos conceptos. Entre otros casos, se considera deuda ilegítima la contraída para la construcción del embalse de Inga (Congo-Zaire); la central nuclear de Bataan (Filipinas) o el proyecto de embalse hidroeléctrico de Yacireta (Argentina-Paraguay); puede catalogarse asimismo como deuda odiosa el gasto militar de la dictadura ruandesas entre 1990 y 1994, los desfalcos de Fernando Marcos en Filipinas o la deuda de la dictadura griega de los coroneles, que se cuadruplicó en siete años, entre otras tantas.

Pero el modelo más acabado y paradigma de aplicación de las Auditorías lo constituye Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa. Entre 2007 y 2008 el gobierno canceló deudas consideradas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados, con un ahorro de 300 millones de dólares a lo largo de 20 años que podrían (no significa que lo hagan) invertirse en mejorar la sanidad pública, educación y creación de puestos de trabajo. También se decidió en noviembre de 2008 suspender el reembolso de bonos de deuda que vencían en 2012 y 2030. Todo ello tras un análisis del origen de la deuda a la que se calificaba de “eminentemente especulativa y fuente de una pérdida de la capacidad soberana del estado”.

Al hilo, entre otros, del ejemplo ecuatoriano, se están impulsando iniciativas similares en otros países, sobre todo los más afectados por la denominada crisis del endeudamiento. En Grecia, algunos parlamentarios, intelectuales y organizaciones ciudadanas han formado una comisión independiente para estudiar las cuentas públicas del país, cada vez más asediadas por los especuladores internacionales. En mayo de este año Grecia también acogió una Conferencia Internacional de Promoción de Auditoría de la Deuda. En Túnez e Irlanda, organizaciones ciudadanas trabajan en la misma línea.

Las Auditorías, en todos los casos, se vinculan a un frontal rechazo de los planes de ajuste y recortes sociales. Así lo explica Jerome Duval, del CADTM: “La reducción de los déficits públicos ha de realizarse mediante un incremento de los ingresos fiscales, gravando en mayor medida tanto a las empresas y al capital financiero, como a la renta, el patrimonio de las familias más ricas y las transacciones financieras; para conseguir esto, resulta imprescindible romper con la lógica capitalista e imponer un cambio radical de sociedad”. Y añade que actualmente “las instituciones financieras, culpables de la crisis, se enriquecen y especulan con las deudas de los estados, y esto con la complicidad activa del BCE y el FMI”.

Por ello, dado que el endeudamiento ''público'' se inserta en una ofensiva capitalista global, el CADTM plantea un conjunto de medidas que acompañen a las Auditorías de la deuda: prohibición de los paraísos fiscales; lucha contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos; reducir drásticamente el tiempo de trabajo para crear empleo al tiempo que se aumentan los salarios y las pensiones; y socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en los últimos 30 años. Todo ello con la esperanza de que otro mundo es posible y está en construcción.