Es una burla...

Trabajadores y trabajadoras costarricenses de la tierra de varias comunidades cercanas a la frontera con Panamá, se pronunciaron el pasado viernes contra el acoso que sufren de parte del Estado, a través del Instituto de Desarrollo Agrario, que amenaza la tenencia de sus parcelas.

El campesino Wilbert Gómez, integrante del recién nacido Frente de Lucha en Defensa del Territorio, explicó que el Instituto de Desarrollo Agrario pretende anular las escrituras que las familias de la zona poseen hace ya más de 15 años. Esas familias están principalmente dedicadas a la producción de plátanos para la exportación.

Las comunidades movilizadas explican que desde la propia presidencia del Instituto de Desarrollo Agrario se les ha informado varias veces que las tierras que habitan son de patrimonio estatal por tratarse de una zona fronteriza. Sin embargo, muchas familias campesinas tienen títulos de propiedad desde comienzos de la década de los noventa. A partir de 2002 se dejó de titularles la tierra a su favor, momento en que se percataron de la presión en la zona de las corporaciones transnacionales agrícolas.

Varias de las comunidades campesinas en esas tierras linderas con Panamá decidieron conformar el Frente de Lucha en Defensa del Territorio. En un pronunciamiento del 8 de abril, consideran al actual acoso estatal una “burla, porque teniendo escrituras con una antigüedad de más de 15 años, hoy se nos viene a decir que no valen, a pesar de que nosotros y nosotras mismas hemos pagado los trámites de inscripción”.

Además, los campesinos y campesinas, que habitan la zona del valle del Sixaola, denuncian que han recibido chantajes por parte del Estado, “porque a los que se han negado a firmar un arriendo no se les darán más ayudas, privándolos del apoyo que esta misma institución (Instituto de Desarrollo Agrario) brinda para la producción de granos básicos”.

Las comunidades señalan, a su vez, que las grandes fincas productoras de banano no reciben el mismo trato, pese a estar asentadas en la misma franja fronteriza al lado del río Sixaola. Es el caso de la compañía Chiquita Brands, subsidiaria de la transnacional Dole, de origen estadounidense. “Ellas se ven muy tranquilas trabajando sus proyectos de banano para la exportación y nosotros somos los que estamos siendo perjudicados directamente”, aseguró Gómez.

El Frente de Lucha en Defensa del Territorio agrega en el comunicado que considera al Instituto de Desarrollo Agrario una institución “poco seria”, porque “nos dio las escrituras y ahora con imposición nos las quiere quitar, despojándonos de todo derecho a la tierra, poniendo en riesgo nuestro patrimonio familiar, dejándonos en una situación precaria”.

Los campesinos movilizados llaman la atención además sobre el Proyecto de Ley 17218, que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa (parlamento) costarricense. Ese proyecto pretende transformar el Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural. Los trabajadores del campo denuncian que la propuesta va más allá de un simple cambio de nombre, que se trata de una transformación total del espacio agrario, con una flexibilización del derecho a la tenencia de la tierra que los afectará especialmente.

La organización UNAG-Vía Campesina Costa Rica advierte que este proyecto de ley tiene mecanismos que potenciarán el acaparamiento de tierras en el país y la producción de monocultivos por parte de las grandes empresas transnacionales.