Black Fire, otra multinacional asesina

Al sur de México, en el municipio de Chicomuselo, Estado de Chiapas, la comunidad mantiene una fuerte lucha contra los efectos de la minera Black Fire, de origen canadiense. En lo que va de 2010 esta empresa ha sido forzada por orden judicial a detener su actividad. ¿Por qué? Porque existen fuertes evidencias de la participación de Black Fire en el asesinato de Mariano Abarca, vecino de Chicomuselo y referente de la lucha que llevó incluso a cortar las vías por las cuales la empresa transportaba su mineral en gigantescos vehículos de 70 toneladas de barita cada uno.

El crimen tuvo lugar en noviembre de 2009 y la víctima fue premeditadamente elegida. Abarca había sido la voz del movimiento de resistencia, llegando incluso hasta el Congreso de la Unión mexicana para denunciar los atropellos de la minera en su comunidad y ejidos cercanos, casi sobre la frontera con Guatemala, país testigo de los devastadores efectos de la minería.

Antes del asesinato probaron todo: amenazas, sobornos, causas penales que llevaron a Mariano Abarca a pasar temporadas tras las rejas. Pero no doblegaron su lucha.

Los autores materiales del asesinato han sido ya procesados, son funcionarios de Black Fire. El hijo de Abarca, José Luis, Doctor en Leyes, quien junto a su madre y hermanos viven bajo custodia policial, afirmó que “solamente la empresa podría haber pagado este crimen por encargo”. La justicia mexicana indaga ahora sobre quién fue el autor intelectual del crimen. Precisamente se espera para estos días la llegada a Chicomuselo de una delegación de organizaciones, sindicatos y periodistas canadienses, en una gira organizada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

En una entrevista efectuada en su casa en Chicomuselo, José Luis relata el collar de perjuicios que significó la llegada de la minera a la región, violándose derechos ambientales y humanos. “La situación empeora con el tránsito de transportes pesados con un material tóxico que ha envenenado escuelas, albergues y ganados”, señala José Luis Abarca.

Un poco más de la Black Fire

Una coalición de organizaciones canadienses condena el uso del TLCAN por la compañía Black Fire Exploration para obtener US $800 millones de dólares del estado mexicano pobre de Chiapas. La empresa minera, con sede en Calgary, está implicada en acusaciones de corrupción de funcionarios públicos de México y el asesinato mencionado anteriormente. Ahora, según un informe reciente en la prensa mexicana, Black Fire también amenaza con demandar al gobierno de Chiapas por US $ 800 millones de compensación bajo el Capítulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América) por el cierre de su mina de barita en diciembre de 2009.

En respuesta a este suceso, Rick Arnold de Common Frontiers declaró, “Uno pensaría que Black Fire, metido como está en la controversia, trataría de mejorar las relaciones con las comunidades afectadas en Chiapas ofreciendo compensación. En cambio, la empresa está procediendo a intimidar a las autoridades públicas mexicanas con la amenaza de una demanda de mega-millones de dólares en base al Capítulo 11 del TLC los cuales el país podría dificilmente pagar”.

“El Capítulo 11 del TLCAN ofrece amplios privilegios a los inversionistas extranjeros y su aplicación de manera confidencial, en tribunales comerciales no democráticos, fuera del sistema judicial nacional debe ser eliminada y considerada como práctica comercial desleal”, dijo Janet Eaton, encargada de campañas sobre comercio y medio ambiente del Sierra Club de Canadá. "Ya es hora de que el Capítulo 11 del TLCAN desaparezca".

Por su parte, REMA (la Red Mexicana de Afectados por la Minería) está exigiendo que el gobierno federal mexicano actúe de inmediato para cancelar todas las concesiones mineras otorgadas a Black Fire, y expulsar a la empresa de México por violar derechos humanos fundamentales.

Miembros de la REMA señalan que Black Fire no ha cumplido con sus promesas de desarrollo de carreteras y tanques de almacenamiento de agua y en cambio ha generado un impacto ambiental negativo, ha fomentado un clima de amenazas, asesinato y corrupción y ha empobrecido aún más a la población local.

Los delitos de Black Fire en Chiapas y su actitud impenitente demuestran la necesidad de un marco normativo sólido que el gobierno de Canadá debería poner en marcha de inmediato para hacer frente a los casos en que los derechos humanos, derechos laborales y normas ambientales sean pisoteados por las empresas canadienses que operan fuera de nuestras fronteras.

“Estas empresas canadienses que invierten en los sectores de la minería, el petróleo y el gas, en los países en desarrollo, son la cara de Canadá en el extranjero. La autorregulación a través de un marco de responsabilidad social empresarial claramente no está funcionando”, dijo Ken Neumann, Director canadiense del sindicato United Steelworkers.

El intento flagrante de presionar a los legisladores en México, con la sola mención del Capítulo 11 del TLCAN, plantea una vez más el espectro de las empresas privadas que impiden a los gobiernos tomar decisiones en favor del interés público. Según Jamie Kneen, de Alerta Minera Canadá, "Simplemente no tiene sentido de que incluso las acciones más mínimas de un gobierno local para proteger a su propia gente y al medio ambiente puedan ser llamadas "expropiación" y ser sujetas a acción legal dentro el TLCAN".

"La amenaza de Black Fire de demandar en base al TLCAN demuestra cómo las normas comerciales han dado a las empresas mucho más derechos para beneficiarse, de lo que permiten a las comunidades desarrollarse de manera sostenible y proteger los derechos humanos. Si alguna vez hubo una oportunidad más clara para que los gobiernos de Canadá, México y los Estados Unidos eliminen el Capítulo 11 del TLCAN, este debe de ser,” dijo Maude Barlow, Presidenta Nacional del Consejo de Canadienses.

Las organizaciones canadienses están exigiendo que Black Fire cese y desista de sus amenazas dentro del Capítulo 11 del TLCAN contra el gobierno de Chiapas, y que el gobierno canadiense inicie una investigación rigurosa de las actividades de Black Fire en México. La coalición también pide a todos los parlamentarios que reconozcan que los abusos de las empresas mineras canadienses en el hemisferio sur son endémicos. Aprobar la Iniciativa de Ley C-300, sobre la Minería Responsable, será un paso en la buena dirección para garantizar la supervisión gubernamental de las actividades mineras canadienses en el extranjero.

Mecanismos de solución de conflictos entre inversionistas y estados, como el Capítulo 11 del TLCAN, se deben eliminar de todos los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y no ser incluidos en ningún acuerdo futuro. No hay ninguna justificación para la protección de las inversiones y el lucro de las empresas mineras multinacionales en detrimento de derechos humanos básicos y derechos ecológicos.