Se trata de un nuevo asesinato a cargo de la forestadora Fibria (joint venture entre Arauco y Votorantim) en la comunidad Costa Dorada, municipio de Mucurí, Estado de Bahía en Brasil, donde dicha empresa cuenta con medio millón de hectáreas de plantaciones forestales.
La víctima en este caso fue Henrique de Souza Pereira, conocido como “Hique”, de apenas 24 años, ultimado de un tiro en la cabeza a quemarropa por parte de funcionarios de la empresa Garra, encargada de la seguridad para Fibria en sus cultivos forestales. También su padre, Osvaldo Pereira Bezerra, de 53 años de edad, sufrió las agresiones de los parapolicías quienes le fracturaron su brazo izquierdo.
Los hombres armados interceptaron a padre e hijo cuando se dirigían en motocicleta hacia su casa, acusándolos del “robo” de los restos forestales en un monte ya cosechado y tras un forcejeo asesinaron a sangre fría al joven. Todo esto ocurrió el 17 de marzo último.
El hecho es una fotografía (lúgubre y triste por cierto) del clima que viven las pequeñas comunidades rodeadas de cultivos forestales en Brasil, donde las multinacionales de celulosa impiden incluso el aprovechamiento de los residuos de sus bosques por parte de las poblaciones como combustible doméstico. En cambio apelan a empresas de vigilancia privadas, las cuales gozan de una impunidad de hecho, para amedrentar a los pobladores, cuando no castigarlos directamente, como en este caso.
Aquellos que no han sido empujados a los cinturones de pobreza de las ciudades, desarraigados, están imposibilitados siquiera de producir una agricultura de subsistencia. Los monocultivos de eucaliptos y pinos absorben toda el agua disponible y la vida se hace imposible en esa y otras varias regiones del Brasil.
“En esta región de Bahía existen 550 mil hectáreas de plantaciones forestales, lo cual ha generado conflictos violentos con las comunidades locales”, comentó Winfried Overbeek, integrante de la Red de Alerta contra el Desierto Verde.
“A lo largo de estos años los conflictos han aumentado. Las personas están siendo criminalizadas, perseguidas, por el simple hecho de querer utilizar esa madera de desecho para hacer carbón o para alimentar sus hornos y hacer su harina de mandioca”, añadió. En 2007 una muerte similar aconteció en el Estado de Minas Geráis.
El proceso de instalación de estas empresas se trenza con la política de la dictadura militar brasileña (1964-1985), la cual actuó como verdadera promotora de las mismas desplazando comunidades quilombolas y campesinas con “custodia” del Ejército.
“No había límite a la expansión de las empresas quienes además tuvieron créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que ha dado billones de reales a las empresas para las compras de tierras. Esta expansión sin límites (continuó diciendo Winfried) tampoco tuvo control alguno: para 550 mil hectáreas de eucaliptos solo hay designado un inspector de la Fiscalía de Medio Ambiente”.
Las forestales utilizan el mecanismo de tercerización en prácticamente todas las fases de producción de celulosa, pero en especial para salvaguardar sus monocultivos con cuerpos armados. Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos han logrado responsabilizar judicialmente a las empresas matrices en distintos procesos iniciados. “En el caso de las empresas de seguridad, está claro que alguien debe dar la orden y es muy obvio que la empresa tiene responsabilidad”, dice el activista.
“Para quienes luchamos contra este tipo de proyectos, esta muerte no puede ser sin sentido. Debe ser un estímulo para aumentar nuestra coordinación, entre movimientos sociales, entre las comunidades que luchan, para lograr una articulación que haga que los gobiernos pongan freno a este tipo de proyectos”, reflexionó finalmente Winfried Overbeek.
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