El Parlamento de Chile aprobó el 10 de marzo un polémico proyecto de ley orientado a la salmonicultura, que ha sido catalogado por organizaciones sociales y ambientalistas como un intento de privatizar el mar chileno.
La industria del salmón, uno de los principales rubros de explotación chilenos, que tuvo un crecimiento de 1.300 por ciento desde principios de los años noventa hasta el año 2007, ha sufrido una serie de golpes desde entonces (como la aparición del virus ISA o Anemia Infecciosa del Salmón), que le han provocado pérdidas millonarias. Frente a ello, el gobierno de la centro izquierdista Concertación de Partidos por la Democracia respondió otorgando subsidios de cientos de millones de dólares para rescatar a la industria, lo que fue duramente cuestionado desde la sociedad civil.
Las críticas no sólo se fundamentaban en que el gobierno empleara el dinero de la ciudadanía para rescatar a una industria privada, sino en los perjuicios que ésta representaba para el medio ambiente y para los trabajadores, dado que entre otras cosas las salmoneras a menudo incurrían en prácticas antisindicales y no se regían por estándares de seguridad internacionales. De hecho, en Chile, los fallecimientos de trabajadores en el rubro de la salmonicultura son la segunda causa de muerte en el ámbito laboral a nivel nacional, luego de la construcción.
Ahora, nuevamente a instancias del Ejecutivo que conduce la Concertación, el Parlamento chileno estudia un proyecto de ley que modifica la ley de Pesca y Acuicultura, y que según el gobierno pretende reactivar a la industria del salmón.
Inicialmente, la iniciativa había quedado estancada porque algunos legisladores tenían objeciones frente a aspectos vinculados a los derechos de los trabajadores y a los ligados a la hipoteca de las concesiones, dado que la normativa crea “la figura de hipoteca para que las concesiones acuícolas puedan ser traspasadas a un banco y las empresas salmoneras puedan obtener créditos de parte de la banca”, informó Radio Universidad de Chile.
Esto ha sido duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil chilena: según afirman, la ley privatiza el mar, dado que otorga concesiones por 25 años. Pero otra fue la opinión de los legisladores de la Cámara de Diputados, que decidieron dar su visto bueno a la iniciativa.
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