Segunda versión de la Declaración de Iximché

Organizaciones de Guatemala divulgaron hace algunos días una segunda versión de la Declaración de Iximché, que se elaboró en 1980 para denunciar las masacres que sufrían por aquellos días las comunidades indígenas y campesinas. Fue la primera reacción después de la matanza de 37 indígenas en la embajada española en Guatemala el 31 de enero de ese año, ordenada por el general Fernando Romeo Lucas García, que gobernó el país entre 1978 y 1982.

Además de homenajear a las víctimas, la segunda declaración de Iximché deja claro que la situación de abusos y persecución contra luchadores sociales continúa siendo la misma.

Hablan del despojo de tierras por parte de los “grandes ricos nacionales y extranjeros”, de la complicidad del Estado con las corporaciones extranjeras y la criminalización del movimiento social por parte del gobierno de Alvaro Colom. “La situación para nuestro pueblo maya de aquí en adelante está bien clara: el Estado seguirá dividiendo a nuestras comunidades para debilitar la resistencia, seguirá aprovechando el empobrecimiento de nuestros pueblos para manipularlo a su favor. En lugar de respeto, lo que harán será burlarse de la dignidad de nuestros pueblos”, dice un parte del comunicado. Se referían puntualmente a casos como el nombramiento de un embajador de los pueblos indígenas y la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con Chile en Tikal, centro histórico de la cultura maya.

En 2010 las comunidades originarias siguen siendo víctimas de arbitrariedades, por ejemplo las que cometen empresas como Montana, Cementos Progreso, Maya Níquel, Proyecto Marlin, Compañía Guatemalteca de Níquel, ENEL, Minas de Guatemala S.A., Solel Boneh, Proyecto Minero Cerro Blanco, Entre Mares, Hidroeléctricas: Tres Niñas, Xálala, Palo Viejo, Guatemala Cooper y Compañía Minera El Cóndor, entre otras.