Lugo: Hacelo aunque sea por el amor de tu dios!!!

Comunidad indígena Yakye Aya

Entre 1996 y 1997 el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el organismo estatal que asesora sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la tramitación de las reclamaciones de tierras, adquirió 2.638 hectáreas de tierras ancestrales de comunidades indígenas en su nombre. Sin embargo, los propietarios de las tierras han emprendido acciones legales contra las cinco comunidades. Se sabe que algunos propietarios, que afirman tener derechos de tenencia de la tierra, adquirieron los terrenos bajo la dictadura del general Stroessner (1954-1989), en una época en la que nuevos propietarios obtuvieron títulos de propiedad de un porcentaje significativo de las tierras de Paraguay mediante medios oscuros o ilegales.

Durante muchos años los pueblos indígenas de Paraguay han estado marginados y han sufrido abusos sistemáticos. La Constitución de Paraguay reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de la tierra, y es por ello que se le exige al Estado que les provea gratuitamente de dichas tierras.

Sin embargo, los pueblos indígenas todavía se enfrentan a una serie de violaciones graves de sus derechos humanos. En dos sentencias distintas dictadas en 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay la restitución a las comunidades indígenas Enxet de Yakye Axa y Sawhoyamaxa de sus tierras ancestrales. Las dos comunidades se han visto obligadas a vivir junto a la autopista entre Concepción y Pozo Colorado, en la región paraguaya de Bajo Chaco, durante más de 15 años, mientras los actuales propietarios les impiden acceder a sus tierras ancestrales. Las sentencias obligan a Paraguay a adoptar medidas que garanticen que todos los pueblos indígenas del país pueden hacer efectivos los derechos de propiedad sobre sus territorios tradicionales.

Desde la emisión de las sentencias, en 2006, han muerto de enfermedades prevenibles 22 personas pertenecientes a la comunidad Sawhoyamaxa, en su mayoría niños y niñas. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, murieron de diarrea y vómitos seis miembros de la comunidad, cuatro de ellos bebés. Tras dichas muertes, inquieta profundamente que la atención médica siga siendo insuficiente y que, sólo de forma esporádica, se suministren agua potable y alimentos, en cantidad insuficiente.

Ambas sentencias sientan importantes precedentes con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, motivo por el cual es aún más necesario que el Estado de Paraguay tome todas las medidas posibles para demostrar, dentro y fuera del país, su voluntad de acatar el derecho internacional y de cumplir los compromisos jurídicos que ha adquirido voluntariamente. Paraguay ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace casi dos decenios, y en 1993 aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al incumplir sus sentencias, lo que se transmitiría a los pueblos indígenas de Paraguay es que, aunque el gobierno actual prometió abordar importantes cuestiones relacionadas con sus derechos humanos, dichas promesas continúan lejos de hacerse realidad, a la vez que se debilitaría la imagen del país tanto en el seno de la Corte Interamericana como a escala internacional.

El presidente Lugo ha prometido reiteradamente acabar con las violaciones históricas de los derechos de los pueblos indígenas mediante una acción concertada del gobierno contra la discriminación y en favor de sus derechos. Sin embargo, la mayoría de los pasos que se han dado hasta la fecha se han centrado en la provisión de asistencia social en lugar de en la resolución de estos problemas fundamentales.