Imágen errónea

Selva Lacandona

La labor de hacer visible la vida de las comunidades campesinas indígenas en la Selva Lacandona es el camino para desmentir la versión oficial según la cual dichos pobladores son culpables de su deterioro.

La logística necesaria para la realización de un encuentro internacional en pleno corazón de la selva Lacandona era, de por sí, un desafío. Sin embargo Enlace Comunicación y Capacitación, principal organización responsable de la realización del Foro Social de Montes Azules, en Chiapas, México, sorteó dicho obstáculo en el entendido de que era fundamental que los habitantes de las comunidades amenazadas por desalojos participaran directamente de dicha instancia. Así lo comentó Miguel Ángel Paz, actual director de Enlace. “Suele pasar que quienes se reúnen a dialogar, a platicar sobre estos problemas lo hacen fuera de la reserva y por ende no son los verdaderos actores que sufren esta situación”, explica el activista en la segunda jornada de deliberaciones en la comunidad Candelaria, el sábado 6 de marzo pasado.

En la disputa por tierra y territorio contrastan los actores “sin rostro” como son las trasnacionales que pugnan por capitalizar las riquezas que acoge la selva Lacandona y las comunidades afectadas. De ahí que las exposiciones realizadas a lo largo del Foro fueron útiles, según Miguel Ángel, para identificar los intereses en pugna en torno a la selva y sus bienes naturales según los cuales se postula oficialmente la evacuación de las comunidades consideradas “ilegales” como forma de “preservar” dicho ecosistema.

“La estrategia del gobierno de dividir a las comunidades para debilitar la resistencia ha tenido resultado, lamentablemente para mal”, acota Miguel Ángel para quien el Foro y su decisión de convocar a una coordinación política unitaria es “el primer paso” para revertir esta fragmentación inducida.

La falsa acusación de que son las familias indígenas campesinas las responsables del deterioro de la selva sólo puede ser revertida, afirma Miguel Ángel, una vez que se conozcan las historias de vida de las comunidades, el proceso que las llevó a asentarse en las distintas cañadas y el modo en que el sistema capitalista busca “privatizar” los recursos naturales y de biodiversidad que la selva encierra.

Black Fire, otra multinacional asesina

Al sur de México, en el municipio de Chicomuselo, Estado de Chiapas, la comunidad mantiene una fuerte lucha contra los efectos de la minera Black Fire, de origen canadiense. En lo que va de 2010 esta empresa ha sido forzada por orden judicial a detener su actividad. ¿Por qué? Porque existen fuertes evidencias de la participación de Black Fire en el asesinato de Mariano Abarca, vecino de Chicomuselo y referente de la lucha que llevó incluso a cortar las vías por las cuales la empresa transportaba su mineral en gigantescos vehículos de 70 toneladas de barita cada uno.

El crimen tuvo lugar en noviembre de 2009 y la víctima fue premeditadamente elegida. Abarca había sido la voz del movimiento de resistencia, llegando incluso hasta el Congreso de la Unión mexicana para denunciar los atropellos de la minera en su comunidad y ejidos cercanos, casi sobre la frontera con Guatemala, país testigo de los devastadores efectos de la minería.

Antes del asesinato probaron todo: amenazas, sobornos, causas penales que llevaron a Mariano Abarca a pasar temporadas tras las rejas. Pero no doblegaron su lucha.

Los autores materiales del asesinato han sido ya procesados, son funcionarios de Black Fire. El hijo de Abarca, José Luis, Doctor en Leyes, quien junto a su madre y hermanos viven bajo custodia policial, afirmó que “solamente la empresa podría haber pagado este crimen por encargo”. La justicia mexicana indaga ahora sobre quién fue el autor intelectual del crimen. Precisamente se espera para estos días la llegada a Chicomuselo de una delegación de organizaciones, sindicatos y periodistas canadienses, en una gira organizada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

En una entrevista efectuada en su casa en Chicomuselo, José Luis relata el collar de perjuicios que significó la llegada de la minera a la región, violándose derechos ambientales y humanos. “La situación empeora con el tránsito de transportes pesados con un material tóxico que ha envenenado escuelas, albergues y ganados”, señala José Luis Abarca.

Un poco más de la Black Fire

Una coalición de organizaciones canadienses condena el uso del TLCAN por la compañía Black Fire Exploration para obtener US $800 millones de dólares del estado mexicano pobre de Chiapas. La empresa minera, con sede en Calgary, está implicada en acusaciones de corrupción de funcionarios públicos de México y el asesinato mencionado anteriormente. Ahora, según un informe reciente en la prensa mexicana, Black Fire también amenaza con demandar al gobierno de Chiapas por US $ 800 millones de compensación bajo el Capítulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América) por el cierre de su mina de barita en diciembre de 2009.

En respuesta a este suceso, Rick Arnold de Common Frontiers declaró, “Uno pensaría que Black Fire, metido como está en la controversia, trataría de mejorar las relaciones con las comunidades afectadas en Chiapas ofreciendo compensación. En cambio, la empresa está procediendo a intimidar a las autoridades públicas mexicanas con la amenaza de una demanda de mega-millones de dólares en base al Capítulo 11 del TLC los cuales el país podría dificilmente pagar”.

“El Capítulo 11 del TLCAN ofrece amplios privilegios a los inversionistas extranjeros y su aplicación de manera confidencial, en tribunales comerciales no democráticos, fuera del sistema judicial nacional debe ser eliminada y considerada como práctica comercial desleal”, dijo Janet Eaton, encargada de campañas sobre comercio y medio ambiente del Sierra Club de Canadá. "Ya es hora de que el Capítulo 11 del TLCAN desaparezca".

Por su parte, REMA (la Red Mexicana de Afectados por la Minería) está exigiendo que el gobierno federal mexicano actúe de inmediato para cancelar todas las concesiones mineras otorgadas a Black Fire, y expulsar a la empresa de México por violar derechos humanos fundamentales.

Miembros de la REMA señalan que Black Fire no ha cumplido con sus promesas de desarrollo de carreteras y tanques de almacenamiento de agua y en cambio ha generado un impacto ambiental negativo, ha fomentado un clima de amenazas, asesinato y corrupción y ha empobrecido aún más a la población local.

Los delitos de Black Fire en Chiapas y su actitud impenitente demuestran la necesidad de un marco normativo sólido que el gobierno de Canadá debería poner en marcha de inmediato para hacer frente a los casos en que los derechos humanos, derechos laborales y normas ambientales sean pisoteados por las empresas canadienses que operan fuera de nuestras fronteras.

“Estas empresas canadienses que invierten en los sectores de la minería, el petróleo y el gas, en los países en desarrollo, son la cara de Canadá en el extranjero. La autorregulación a través de un marco de responsabilidad social empresarial claramente no está funcionando”, dijo Ken Neumann, Director canadiense del sindicato United Steelworkers.

El intento flagrante de presionar a los legisladores en México, con la sola mención del Capítulo 11 del TLCAN, plantea una vez más el espectro de las empresas privadas que impiden a los gobiernos tomar decisiones en favor del interés público. Según Jamie Kneen, de Alerta Minera Canadá, "Simplemente no tiene sentido de que incluso las acciones más mínimas de un gobierno local para proteger a su propia gente y al medio ambiente puedan ser llamadas "expropiación" y ser sujetas a acción legal dentro el TLCAN".

"La amenaza de Black Fire de demandar en base al TLCAN demuestra cómo las normas comerciales han dado a las empresas mucho más derechos para beneficiarse, de lo que permiten a las comunidades desarrollarse de manera sostenible y proteger los derechos humanos. Si alguna vez hubo una oportunidad más clara para que los gobiernos de Canadá, México y los Estados Unidos eliminen el Capítulo 11 del TLCAN, este debe de ser,” dijo Maude Barlow, Presidenta Nacional del Consejo de Canadienses.

Las organizaciones canadienses están exigiendo que Black Fire cese y desista de sus amenazas dentro del Capítulo 11 del TLCAN contra el gobierno de Chiapas, y que el gobierno canadiense inicie una investigación rigurosa de las actividades de Black Fire en México. La coalición también pide a todos los parlamentarios que reconozcan que los abusos de las empresas mineras canadienses en el hemisferio sur son endémicos. Aprobar la Iniciativa de Ley C-300, sobre la Minería Responsable, será un paso en la buena dirección para garantizar la supervisión gubernamental de las actividades mineras canadienses en el extranjero.

Mecanismos de solución de conflictos entre inversionistas y estados, como el Capítulo 11 del TLCAN, se deben eliminar de todos los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y no ser incluidos en ningún acuerdo futuro. No hay ninguna justificación para la protección de las inversiones y el lucro de las empresas mineras multinacionales en detrimento de derechos humanos básicos y derechos ecológicos.

Margarita Guadalupe: Un nuevo ejemplo de la violencia contra indígenas en Chiapas

Indígenas expulsados en Chiapas

Cuando comienzan a llegar los delegados que desde varios puntos del planeta viajan para participar en el Foro Social de Montes Azules a propósito del uso de la violencia contra comunidades de Chiapas, México, una activista de la organización de este evento fue secuestrada y violentada.

Se trata de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, a quien meses atrás se le allanó el domicilio e incautó materiales de trabajo en su tarea de defensa de los DDHH en ese estado mexicano.

Según un comunicado de Otros Mundos - Amigos de la Tierra México emitido en las últimas horas “a una semana de dar inicio el Foro Social de los Montes Azules coordinada por Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. con sede en la ciudad de Comitán, Chiapas, con el objetivo de denunciar y alertar el desalojo violento de comunidades indígenas de la Selva Lacandona para llenar la región de plantaciones de palma africana, y supuestamente recuperar y conservar sin población indígena los Montes Azules según los planes del Gobierno de Chiapas, la señora Margarita Guadalupe Martínez Martínez, miembro de la institución, fue secuestrada por sujetos no identificados quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo, la golpearon e infringieron tortura psicológica a través de punzadas en los costados de su cuerpo”.

El 8 de noviembre de 2009 le fue allanado su domicilio, por lo que se inició una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, informan desde Otros Mundos.

El evento previsto para los días 6 y 7, tiene como objetivo hacer visibles los casos de desplazamiento de comunidades rurales chiapanecas, “preparando el terreno” a plantaciones forestales, cultivos agrocarburantes y proyectos turísticos.

La organización miembro de la federación Amigos de la Tierra Internacional exige “al gobierno de Chiapas que garantice la vida, integridad y seguridad personal, así como el cese de las amenazas de muerte y el hostigamiento hacia Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su esposo Adolfo Guzmán Ordaz y sus hijos menores, y demás integrantes de la asociación civil Enlace, Comunicación y Capacitación. Del mismo modo el gobierno del Estado debe investigar la probable responsabilidad del Presidente Municipal de Comitán de Domínguez en las amenazas de muerte, agresiones y hostigamientos referidos, así como las autoridades y diversas corporaciones policíacas que han intervenido en este problema. El gobierno debe realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial que lleve a dar con los responsables de estos actos, sancionando a los autores materiales e intelectuales”.

Como antecedentes se insiste en que “no es la primera vez que en Chiapas, en la presente administración, defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas, no sólo han sido amenazados, torturados, encarcelados, detenidos arbitrariamente sino hasta asesinados”.