Vidas apagadas

El pasado viernes, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se presentó en Washington el informe "Rompiendo el silencio: en busca de los desaparecidos de Colombia", elaborado por las organizaciones humanitarias estadounidenses Latin America Working Group Education Fund y la U.S. Office on Colombia. 

"La magnitud de la tragedia en Colombia puede ser aún mayor" que en Argentina, donde desaparecieron 30.000 personas durante la última dictadura (1976 a 1983), advierten las autoras del informe, Lisa Haugaard y Kelly Nicholls. 

Las investigadoras atribuyen la "poca atención" a este delito en Colombia a que el número de asesinatos, masacres y muertos en combate, en la guerra de decenios entre guerrillas marxistas, el ejército y paramilitares de ultraderecha "es tan alto, que las desapariciones se han mantenido fuera de foco".  La Fiscalía General de la Nación cree que entre 60 y 65% de las desapariciones en zonas de guerra no se reportan, mayormente por falta de infraestructura estatal o por miedo. 

"Rompiendo el silencio" cita estadísticas oficiales según las cuales más de 42.300 personas podrían haber sido desaparecidas forzadamente desde 1977, aunque la cifra y los años de referencia varían en cada entidad estatal.  "Más de 1.130 casos nuevos de desaparición forzada se han registrado oficialmente en los últimos tres años", sostiene el informe. En promedio, más de uno al día. En Colombia desapareció al menos una persona mientras se preparaba este artículo. 

En dicho país, "la desaparición forzada ha sido usada como método para controlar a las comunidades y silenciar el disenso, eliminar el liderazgo de los movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de la oposición política e instalar el miedo entre quienes quedan vivos", agrega la investigación. 

Los colombianos desaparecidos son defensores de derechos humanos y sindicalistas, negros e indígenas, y jóvenes del campo, entre otros. En las décadas del 70 y del 80, muchos desaparecieron tras ser detenidos por la fuerza pública. 

Los militares no sólo han detenido y desaparecido a opositores al gobierno, sino también a personas al azar, que luego nunca más se sabía de ellas y eran registradas como guerrilleros no identificados muertos en combate, por lo que los uniformados recibían felicitaciones y estímulos. En 2010, la justicia ordinaria investiga más de 3.000 casos así. 

Las guerrillas ''izquierdistas'' también matan y desaparecen. El secuestro y el reclutamiento forzado que cometen, en determinados casos se clasifican como desapariciones, anota la investigación. 

Pero los mayores responsables de la desaparición forzada de personas en Colombia son los paramilitares, que, al menos hasta 2007, "solían destruir los cuerpos de sus víctimas, enterrarlos en fosas comunes o arrojarlos a los ríos", agrega. A instancias de la fuerza pública local, los ultraderechistas incluso llegaron a construir hornos crematorios donde fueron a parar centenas de campesinos, todo para no afectar los índices de homicidios en la circunscripción. 

"La más alta incidencia de desapariciones forzadas ocurrió entre 2000 y 2003, de acuerdo con estadísticas del gobierno colombiano: los primeros cuatro años del (contrainsurgente y antidrogas) Plan Colombia financiado por Estados Unidos", señalan las investigadoras, que incluyen perentorias recomendaciones a Bogotá y Washington, a la academia, a los medios de comunicación y a la sociedad civil. 

"Las cifras de víctimas son extremamente altas, en efecto", pero "en sí son incomprensibles, no nos dicen nada", comenta Kopp a IPS. Sólo logramos asumirlas "cuando vemos los rostros que están detrás, las historias individuales, cuando nos enteramos de las biografías. Cuando efectivamente vemos frente a nosotros una imagen y podemos imaginar una vida", dice. "Así podemos comprender qué significa que una vida haya sido apagada. Y lo que ello significa para los familiares", agrega. 

Sobre tres franjas horizontales amarilla, azul y roja (la bandera colombiana), la cubierta de "Rompiendo el silencio" muestra pequeños rectángulos en los que unas manos sostienen sendas fotos de carné de hombres y mujeres desaparecidos en el municipio noroccidental de San Onofre y en los sureños de La Hormiga y San Miguel.